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Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
Washington (United States), 27/05/2026.- US Secretary of State Marco Rubio speaks during a Cabinet meeting with US President Donald Trump in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 27 May 2026. Trump held the meeting with members of his Cabinet amid ongoing US-Iran negotiations. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
La Administración del presidente Donald Trump anunció este lunes nuevas medidas contra el gobierno de Nicaragua al imponer restricciones de visa a más de 100 funcionarios vinculados al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Rubio calificó a la administración nicaragüense como una «dictadura» y la describió como un «enemigo de la humanidad», al tiempo que aseguró que Washington no ignorará las denuncias de violaciones a los derechos humanos atribuidas al Ejecutivo de Managua.
“La dictadura de Murillo-Ortega es un enemigo de la humanidad. La Administración Trump no ignorará sus crímenes y brutalidad”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Rubio también señaló que el régimen tiene una “responsabilidad singular” en la muerte del líder opositor indígena Brooklyn Rivera, una de las figuras más reconocidas de la disidencia nicaragüense.
Como parte de las acciones anunciadas, el Departamento de Estado aplicó restricciones migratorias a más de un centenar de funcionarios nicaragüenses, a quienes acusó de continuar ejecutando las políticas impulsadas por Ortega y Murillo.
La medida representa un nuevo endurecimiento de la política de Washington hacia Managua y se suma a una serie de sanciones y restricciones adoptadas por Estados Unidos en los últimos años contra funcionarios y entidades vinculadas al gobierno nicaragüense por presuntas violaciones de derechos humanos, represión política y debilitamiento de las instituciones democráticas.
La reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) representa un avance histórico en el plano legal, pero continúa incompleta en la práctica. Además, la evidencia de que el sistema puede mejorarse está en la propia historia del chavismo. Así lo afirmó el ingeniero Elías Matta, exdiputado a la Asamblea Nacional y experto en energía, quien realizó un análisis legislativo comparado sobre el proyecto de ley actualmente en discusión en el Parlamento.
“Por primera vez desde 2007, la legislación venezolana admite que el monopolio estatal de CORPOELEC ha fracasado y que la inversión privada es necesaria. Eso representa un cambio de paradigma real y hay que decirlo con claridad. Pero reconocer el problema no es lo mismo que resolverlo, y esta reforma no resuelve el problema central: un privado que quiera invertir en el sector eléctrico venezolano todavía no sabe cómo va a recuperar su capital”, explicó.
Los tres vacíos que hacen inviable la inversión
El exparlamentario identifica tres omisiones en la reforma que, a su juicio, convierten la apertura legal en una promesa sin sustento. En primer lugar, señala la ausencia de un regulador autónomo e independiente.
“La reforma no crea un ente regulador independiente del Ejecutivo. Mientras la fijación de tarifas, la adjudicación de contratos y la supervisión del cumplimiento sigan en manos del mismo ministerio que opera CORPOELEC, el privado no tiene árbitro: tiene al contrincante como juez. Ningún inversionista serio acepta esa condición”.
En segundo lugar, Matta advierte que, sin un mercado mayorista, no existe una señal clara de precios. Explica que la reforma habilita la generación privada, pero no establece el mecanismo mediante el cual se comercializará esa electricidad.
“Sin un mercado mayorista con formación de precios transparente, el privado genera, pero vende a quien el Estado determine y al precio que el Estado fije. Eso no es un mercado; es un monopolio con otro nombre. Y nadie financia un proyecto bajo esas condiciones”.
Por último, destacó que, sin arbitraje internacional, no habrá confianza para atraer capital extranjero. “En el contexto de riesgo soberano venezolano, ningún inversionista extranjero pondrá capital sin acceso garantizado a arbitraje internacional ante posibles incumplimientos del Estado. La reforma no contempla este aspecto. Ese es, hoy por hoy, el vacío más costoso de todos”.
La paradoja Chávez: el mejor marco legal lo firmó él mismo
El punto más relevante del análisis del ingeniero Matta es que el marco legal más avanzado que ha tenido Venezuela para el sector eléctrico fue promulgado por el propio Hugo Chávez el 17 de septiembre de 1999, apenas tres meses después de asumir la Presidencia.
“Lo que el chavismo destruyó en 2007 con la estatización, lo había construido el propio Chávez en 1999. Él firmó la ley que diseñó el modelo correcto. Él la dejó morir. Y él la derogó ocho años después sin haberla aplicado nunca. Eso es lo que hay que entender”.
Matta recordó que la Ley del Servicio Eléctrico de 1999 fue un decreto con rango y fuerza de ley firmado por Chávez en ejercicio de una ley habilitante. “Esa normativa establecía la separación obligatoria de actividades, un regulador autónomo con patrimonio propio, un mercado mayorista con formación de precios por oferta, tarifas con rentabilidad razonable garantizada y concesiones de hasta 50 años con derecho al pago de activos no depreciados. Era, en la práctica, uno de los marcos regulatorios más modernos de América Latina para ese momento”. Asimismo, relató que, en 2007, sin debate técnico ni parlamentario, Chávez decretó la fusión forzosa de todas las empresas eléctricas en CORPOELEC. Posteriormente, en 2010, la LOSSE enterró formalmente ese modelo.
“Hoy, quince años después del colapso que produjo esa decisión, la Asamblea Nacional intenta reconstruir lo que se destruyó, pero sin mirar el plano original. La arquitectura que la Reforma 2026 necesita no hay que inventarla. Está escrita en la Gaceta Oficial N.º 36.791 del 21 de septiembre de 1999. La firmó Hugo Chávez. La destruyó Hugo Chávez. Recuperarla es el trabajo del legislador venezolano de hoy”.
El Zulia como caso concreto
El ingeniero Matta, zuliano y exlegislador con más de una década de experiencia en política energética, llevó el debate al terreno práctico y destacó que el estado Zulia posee un parque termoeléctrico capaz de generar cerca de 3.000 megavatios si estuviera plenamente operativo. “Termozulia, Ramón Laguna y las turbinas de gas: esa infraestructura existe. Lo que no existe es el marco jurídico que le permita a un privado invertir capital para rehabilitar una unidad generadora y tener certeza sobre cómo y cuándo recuperará esa inversión”.
Indicó además que el Zulia acumula más de 15 años de apagones, y que la solución no pasa por importar electricidad desde Colombia, sino por recuperar la capacidad termoeléctrica propia. “Para eso es necesario que el sector privado invierta recursos, pero también hace falta una ley adecuada, y hoy no la tenemos”.
Construir sobre lo que funcionó
El exparlamentario aclaró que no plantea rechazar la reforma, sino mejorarla antes de su promulgación. Entre sus propuestas, mencionó la creación de un regulador sectorial autónomo, con patrimonio propio y directivos inamovibles por períodos fijos, tal como lo establecían los artículos 15 al 23 de la Ley de 1999.
También considera indispensable establecer un Mercado Mayorista de Electricidad con formación de precios mediante oferta competitiva, elemento que considera clave para estructurar financieramente proyectos privados de generación.
Asimismo, propuso incorporar un régimen concesional de largo plazo —de al menos 20 años— con garantía de pago de activos no depreciados al vencimiento de la concesión, condición necesaria para hacer “bancables” las inversiones en infraestructura.
Finalmente, insistió en incluir cláusulas de estabilidad jurídica y arbitraje internacional, requisitos que, asegura, ningún inversionista extranjero dejará de exigir en el contexto venezolano actual.
Matta concluyó afirmando que la solución al colapso eléctrico venezolano no es ideológica, sino técnica. “Se requieren las mismas instituciones que han funcionado durante décadas en países como Chile, Colombia y Brasil. Lo más irónico es que Venezuela ya las tuvo: Chávez las diseñó en 1999, las desmontó en 2007 y hoy seguimos pagando ese error con quince años de apagones. La Asamblea Nacional de 2026 tiene la oportunidad de no repetir ese ciclo. Ojalá la aproveche”.
