La fractura catastrófica del rodete de la Unidad 17 en la Casa de Máquinas 2 de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar en Guri no es un accidente imprevisto ni una falla fortuita: es la factura inevitable de dos décadas de desidia, desprofesionalización y negligencia criminal en el manejo del Sistema Eléctrico Nacional.
A finales de agosto, el desprendimiento de un sello de desgaste inferior terminó por trabar violentamente una masa rotatoria de 145 toneladas de acero inoxidable y casi siete metros de diámetro. El torque destructivo quebró la corona superior del rodete y partió dos de sus 15 álabes. La pieza quedó inservible. No existen soldaduras provisionales ni rellenos de taller que devuelvan la vida a un componente de estas dimensiones; exige un reemplazo fabricado a la medida que tomará, en el escenario más favorable, entre uno y dos años de espera.
El impacto directo sobre la red eléctrica es demoledor: la pérdida no se limita a los más de 700 MW individuales de la máquina. El verdadero golpe al país supera los 1.200 MW debido al efecto dominó sobre el Bajo Caroní. Al frenarse ese inmenso volumen de agua turbinada en Guri, las centrales hidroeléctricas en cascada aguas abajo —Caruachi y Macagua— ven mermado el caudal imprescindible para sostener su propia generación de energía. Si a esto sumamos una Unidad 15 que agoniza con severos daños por cavitación, fisuras críticas y pérdida masiva de metal en sus álabes, el corazón hidroeléctrico de la nación se encuentra en una fase de vulnerabilidad extrema.
Este descalabro hidráulico tiene una causa de fondo indiscutible: la ruina provocada en el parque termoeléctrico nacional. Tras el saqueo de multimillonarios presupuestos en sucesivas declaraciones de «emergencia eléctrica», las plantas térmicas del país yacen paralizadas en más de un 80%. De más de 25.000 MW de capacidad instalada, el sistema apenas extrae a duras penas entre 2.800 y 2.900 MW continuos.
Sin un respaldo térmico operativo, Corpoelec recurrió a una temeridad e irresponsabilidad gerencial: exprimir las turbinas del Caroní las 24 horas del día, los 7 días de la semana, suprimiendo las paradas técnicas y los mantenimientos preventivos. La política oficial se redujo al refrán coloquial de «dale hasta que el golpe avise». Y el golpe acaba de fracturar el eje energético del país.
Ante esta emergencia, las promesas de soluciones milagrosas y acuerdos publicitados carecen de sustento frente a las leyes de la física y los tiempos de la ingeniería. Los planes anunciados con corporaciones como GE Vernova contemplan horizontes de 12 a 24 meses solo para aportar cerca de 1.000 MW térmicos, gran parte de ellos condicionados a sostener la infraestructura petrolera de PDVSA. Pero lo más grave es que GE Vernova no posee las patentes, la matricería ni los derechos de diseño para fabricar o intervenir de emergencia las turbinas de Guri, concebidas bajo la ingeniería de otros fabricantes internacionales. No hay atajos técnicos para revertir años de abandono.
Cualquier incorporación puntual, como los 150 MW reactivados en plantas del centro del país, queda devorada de inmediato por el gigantesco hueco de 1.200 MW dejado en el sur. Mientras las autoridades insisten en la opacidad informativa, la realidad la constata el ciudadano de a pie en sus hogares, donde familias y ancianos miden el rigor del colapso con el cronómetro de la indignación, atrapados en cortes eléctricos diarios que ya superan las 8 y 9 horas continuas.
Finalmente, ante la gravedad de esta hora, hago un llamado urgente y un firme exhorto a los responsables de la administración del Sistema Eléctrico Nacional: es imperativo que dejen a un lado el dogmatismo y tomen decisiones pragmáticas y de Estado en el marco de los acuerdos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de las visiones encontradas que puedan existir respecto a las energías renovables, la realidad operativa exige actuar con velocidad. Es perentorio ejecutar inversiones inmediatas en el despliegue de parques fotovoltaicos de mediana y gran escala, integrados con sistemas de almacenamiento en baterías (BESS), ubicados en nodos estratégicos del Centro, Occidente y la región Nor-Costera. La construcción de estas instalaciones toma apenas entre 4 y 12 meses, tiene un costo por megavatio significativamente menor que la gran termoelectricidad tradicional y permite aprovechar la infraestructura actual de transmisión y distribución con adecuaciones mínimas para evacuar potencia de forma rápida. El pueblo venezolano exige soluciones tangibles para frenar el sufrimiento cotidiano; incorporar estas fuentes descentralizadas no es un debate teórico, sino la única vía expedita para soslayar la demanda actual, aliviar la presión sobre el Caroní y comenzar a sacar al país de la oscuridad en menos de los 24 meses previstos en el acuerdo con General Electric Vernova y ante el mayor déficit que se está presentando.
‐————————,
Experto en Energía, Mercado Eléctrico y Políticas Públicas.
Director de la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela (RIPSENV) y del Instituto Interamericano de Energía y Sostenibilidad (IIES)
