El presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura, Francisco Garcés, informó este martes 28 de julio que el estado La Guaira será la entidad con el mayor número de edificaciones que deberán ser demolidas tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, aunque aclaró que ninguna estructura será derribada mientras existan personas desaparecidas por localizar o sin el consentimiento de sus familiares.
Durante un balance sobre las labores realizadas a más de un mes de la emergencia, Garcés explicó que algunas construcciones colapsaron debido a la magnitud del fenómeno sísmico. «El estado La Guaira va a tener el mayor número de edificaciones que van a ser demolidas. Algunas colapsaron y no resistieron el sismo, porque este fue un evento particular y con características excepcionales», señaló, citado por Tal Cual.
El funcionario subrayó que la prioridad continúa siendo la recuperación de posibles víctimas. «Ninguna estructura va a ser demolida teniendo deudos o personas que recuperar», aseguró, al indicar que las decisiones se tomarán en coordinación con los familiares y los organismos competentes.
Garcés detalló que, hasta la fecha, la comisión ha realizado 32.485 inspecciones en edificaciones de las zonas afectadas. De ese total, 18.139 inmuebles fueron clasificados con etiqueta verde, lo que indica que son habitables; 7.199 recibieron etiqueta amarilla por presentar daños que requieren evaluación adicional, mientras que 7.147 fueron marcados con etiqueta roja debido al nivel de afectación.
En Caracas se efectuaron 17.832 inspecciones, de las cuales 11.946 edificaciones obtuvieron clasificación verde. En La Guaira se evaluaron 10.552 estructuras: 5.069 fueron catalogadas con etiqueta verde, 3.110 con amarilla y 2.373 con roja. Por su parte, en el estado Miranda se inspeccionaron 4.098 inmuebles, con un balance de 3.240 en verde, 634 en amarillo y 224 en rojo.
El presidente de la comisión explicó que el proceso avanza hacia una segunda fase, que consistirá en estudios técnicos más exhaustivos sobre las edificaciones identificadas con etiqueta roja. Precisó que esta clasificación no implica automáticamente la demolición de los inmuebles, ya que especialistas determinarán si es posible su rehabilitación o si deberán ser derribados.
Una vez concluidas esas evaluaciones, comenzará una tercera etapa enfocada en la reparación de las estructuras recuperables. Garcés indicó que aún no existe un cronograma definido para completar estas fases y afirmó que el trabajo se desarrollará en coordinación con las alcaldías y gobernaciones, que serán las encargadas de canalizar las notificaciones a los propietarios de las edificaciones afectadas.
Sostuvo que el objetivo principal de la comisión es evaluar de manera técnica y transparente las infraestructuras dañadas para determinar si pueden seguir siendo habitadas. Asimismo, aseguró que ya comenzaron labores de rehabilitación en sectores populares mediante el plan **Venezuela Renace**, creado tras los movimientos telúricos.
Hay una gran cantidad de estructuras rehabilitadas a través de este plan, que permite que reciban la atención y la reparación que se necesitan. Esto se va a ir extendiendo», concluyó Garcés.
