A fin de garantizar transparencia y apego al marco legal vigente, la vicepresidenta del MAS, María Verdeal, solicitó explicaciones públicas sobre los desalojos ejecutados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en zonas de explotación minera del estado Bolívar, así como sobre la reciente operación conjunta anunciada por Venezuela y Estados Unidos contra un presunto líder criminal.
“Lo ocurrido en Las Claritas es un hecho preocupante. Pudimos observar en redes sociales a cientos de personas desplazándose ante la intervención de los organismos de seguridad del Estado”, expresó.
La dirigente política señaló que este tipo de operativos deben desarrollarse bajo estrictos controles institucionales y afirmó que las zonas mineras del estado Bolívar han estado durante años sometidas a dinámicas irregulares, con presencia de actores que han operado al margen de la normativa y con distintos niveles de permisividad.
Verdeal explicó que la actividad minera en Bolívar presenta condiciones particulares debido a la presencia de grupos vinculados a estructuras ilegales, por lo que cuestionó la falta de mecanismos efectivos de supervisión y control por parte del Estado.
“Lo que ocurre allí es completamente distinto a la realidad del resto del país, tanto por las formas de actuación como por la participación de distintos actores dentro del Estado y del sistema de explotación minera”, afirmó.
En relación con la operación anunciada como conjunta entre Venezuela y Estados Unidos contra el “Niño Guerrero”, señalado como presunto integrante de una organización criminal, Verdeal expresó su preocupación por lo que considera una posible afectación de las garantías del debido proceso.
Indicó que, si las autoridades tenían identificada su ubicación, correspondía proceder conforme a los mecanismos legales establecidos, mediante su detención y posterior presentación ante los organismos judiciales competentes.
“Este tipo de acciones pueden generar precedentes negativos. No se trata de justificar conductas delictivas, sino de garantizar que no se vulneren los derechos de ciudadanos inocentes”, señaló.
La vicepresidenta del MAS comparó este procedimiento con las operaciones militares realizadas en el mar Caribe y el océano Pacífico contra embarcaciones vinculadas presuntamente con actividades ilícitas, al advertir sobre la importancia de preservar los mecanismos judiciales previstos en la legislación.
“La pena de muerte no está contemplada en el ordenamiento jurídico venezolano. Incluso, en casos relacionados con delitos graves, deben respetarse el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”, enfatizó.
La representante del MAS también se refirió a la comisión encargada de revisar el sistema penal venezolano y manifestó que, aunque considera limitada su composición, espera que pueda generar propuestas orientadas a resolver problemas estructurales.
Destacó la participación de la Defensoría del Pueblo en las acciones relacionadas con personas privadas de libertad y resaltó la necesidad de revisar los casos de ciudadanos que permanecen detenidos sin haber sido presentados ante juicio o que cumplen con los requisitos para acceder a beneficios establecidos en la ley.
“Se trata de revisar 27 años de deficiencias y violaciones del sistema penal y penitenciario venezolano, afirmó.
Finalmente, Verdeal se pronunció sobre el proceso de revisión y reestructuración del aparato estatal encabezado por Héctor Rodríguez, y planteó la necesidad de transparentar la cantidad real de empleados públicos existentes en Venezuela. Solicitó información detallada sobre la composición de las nóminas, la ubicación de los trabajadores y las funciones que desempeñan, ante estimaciones que señalan la existencia de más de tres millones de empleados en el sector público.
Asimismo, cuestionó la estructura administrativa del Estado venezolano al alertar que la proliferación de ministerios y viceministerios ha contribuido con el crecimiento de la burocracia, representando una carga económica significativa.
“El Estado se ha convertido en una estructura sobredimensionada que absorbe recursos de la nación. Es imposible sostener un aparato de esa magnitud ”, concluyó.
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