Publicado en: El Español
Por: Beatriz Becerra
Mientras la aviación estadounidense demolía las instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán, un general de los Marines estrechaba la mano de Delcy Rodríguez en Caracas para coordinar la ayuda a los damnificados del peor terremoto en un siglo.
La misma Administración capaz de amenazar con borrar Irán del mapa ha abrazado, sin apenas matices, a la heredera política del encarcelado Nicolás Maduro.
Esa es la gran paradoja que EEUU debe explicar.
El doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela, con 2.295 muertos confirmados, más de 11.200 heridos y una cifra de desaparecidos que la ONU sigue estimando en torno a 50.000, ha desnudado veintisiete años de destrucción institucional chavista.
Un sistema de protección civil inexistente, un ejército que no protege a sus ciudadanos, hospitales sin generadores, un aeropuerto sin torre de control operativa. Un Estado incapaz de censar a sus propios muertos.
Pero hay una fecha que la tragedia no puede ni debe ocultar, al contrario.
Hoy 3 de julio vence el plazo máximo de ciento ochenta días que el artículo 234 de la Constitución venezolana concede a una falta temporal de la Presidencia. Delcy Rodríguez gobierna desde entonces sin más título que esa cobertura provisional, ya agotada.
Juristas y representantes de la sociedad civil, encabezados por la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, han exigido ya a la Asamblea Nacional declarar la falta absoluta de Maduro conforme al artículo 233, designar un gobierno interino legítimo y convocar elecciones en un mes.
Y han pedido asimismo, de forma explícita, el regreso de María Corina Machado a Venezuela.
Ahí está el dilema de Trump.
Puede seguir tratando a la dictadora interina como socia operativa (cuatro escuadrones de rescate, el USS Fort Lauderdale frente a La Guaira, ciento cincuenta millones de dólares, la suspensión temporal de sanciones) a pesar de que, desde el 3 de julio, carece de cobertura constitucional alguna.
O puede reconocer que la legitimidad para liderar la reconstrucción sólo la tiene quien la Constitución venezolana designa.
El Secretario de Estado Marco Rubio lleva un tiempo precioso enfangado en Teherán, con el dosier venezolano subordinado a una guerra con Irán a la que no se avista salida. Alto el fuego roto cada semana, ataques a buques en el estrecho de Ormuz, amenazas de «borrar» a la República Islámica…
Cuando la energía diplomática de una Administración se reparte entre Teherán, Beirut y el Golfo, Caracas solo recibe la que sobra.
María Corina Machado ha pagado el precio de esa aritmética.
Tras el terremoto ha redoblado lógicamente su presión para regresar y poder acompañar y ayudar a los suyos. La respuesta de la Casa Blanca ha sido comunicarle que se ha convertido en una distracción y que, si insiste, lo hará por su cuenta.
Es una (otra) crueldad política del presidente Trump, pero ésta llega en el peor momento imaginable. Y es también un reconocimiento de debilidad y mezquindad insoportable para quien dirige la que aún es la mayor potencia del mundo.
Machado carece de pasaporte válido y se expone a represalias inimaginables de un régimen que la odia, y al que siguen obedeciendo los cuerpos de seguridad del chavismo. Sin garantías de que Washington la respalde y proteja en su regreso, se expone a un peligro cierto.
Pero ningún liderazgo que aspire a encarnar el Estado que Venezuela necesita reconstruir puede seguir dirigiéndolo por videollamada desde el exilio, y menos cuando son los propios juristas venezolanos quienes reclaman su regreso junto con la legalidad perdida.
María Corina Machado es venezolana y tiene derecho a volver a su país. El vacío que Washington administra con Rodríguez carece, desde este 3 de julio, de cobertura constitucional y de capacidad probada para proteger a su gente.
Venezuela no necesita un tutor extranjero que reparta la ayuda por decreto ni una presidenta interina con mandato agotado que la capitalice.
Venezuela necesita el gobierno interino legítimo que exige su Constitución, encabezado por quien ganó las elecciones que le robaron, capaz de convocar comicios en treinta días y devolver a los venezolanos la protección que el régimen ya no puede ni quiere ofrecerles.
Todo lo demás es aplazar lo inevitable con lenguaje de supuesta prudencia que no es sino cobardía.
Si el régimen que propició el fraude electoral de 2024 ha demostrado ser incapaz de proteger a los venezolanos en la mayor emergencia de su historia reciente, ¿qué legitimidad, constitucional y moral, le queda para seguir gobernando la reconstrucción?
Y si Machado encarna sin discusión la alternativa democrática para Venezuela, ¿puede seguir haciéndolo sin compartir, sobre el terreno, el destino de sus compatriotas que hoy lloran sobre los escombros de La Guaira?
