La independencia judicial en Venezuela se ha erosionado de manera significativa, afectando la credibilidad de uno de los pilares del Estado de Derecho. La comunidad internacional y expertos han observado que el Poder Judicial carece de autonomía real frente a las ramas políticas, lo que ha debilitado su función como garante de derechos y arbitrador imparcial en disputas públicas y privadas.

Una justicia subordinada mina la seguridad jurídica: sin tribunales que actúen con independencia, no hay marco fiable para la protección de la propiedad, la estabilidad contractual ni la vigencia de principios constitucionales básicos. La percepción de un máximo tribunal alineado con intereses de poder trasciende la opinión pública y ha sido cuestionada por organismos internacionales por la ausencia de imparcialidad suficiente para dirimir conflictos electorales y políticos de alto impacto.

La recuperación de la confianza en el sistema jurídico implica más que cambios superficiales: exige transparencia en los procesos de selección de jueces, garantías de permanencia en el cargo, y mecanismos efectivos de control interno que permitan separar la justicia de la política. La restauración de la institucionalidad judicial es una condición indispensable para construir una democracia estable, con reglas claras y previsibles para todos los actores.

Sin una judicatura independiente, cualquier avance político o social será frágil y reversible. Es momento de replantear prioridades y reclamar reformas profundas que restituyan el equilibrio entre los poderes del Estado y fortalezcan el Estado de Derecho. Actuar en ese sentido no es opcional: es urgente.

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