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La bonificación del ingreso en Venezuela no es una decisión aislada, sino una respuesta defensiva ante un modelo legal que, en un entorno de alta inflación, pone en riesgo la operatividad de las empresas y del Estado. Así lo analizó el Dr. César Carballo Mena, decano de la Facultad de Derecho de la UCAB y especialista en Derecho del Trabajo, en el programa Dos más Dos de Unión Radio.
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Carballo Mena advirtió que las prestaciones sociales y la carga fiscal de las pensiones son los principales obstáculos para un aumento real del salario. Agregó que la remuneración en Venezuela se ha «bonificado» para evitar el impacto de la retroactividad de las prestaciones sociales.
«Cuando se desata la inflación, aparecen los bonos. Eso pasó en los 80, en los 90 y nos pasó dramáticamente en los últimos años porque vivimos una hiperinflación», explicó.
El jurista detalló que, si se decidiera salarizar los bonos actuales, se generarían «pasivos extraordinarios en el sector público y privado que estarían poniendo en peligro el funcionamiento de la propia economía».
El «peso enorme» de las pensiones
Un factor que diferencia la crisis actual de la de 1997 es el mandato constitucional de homologar las pensiones al salario mínimo. Carballo Mena reveló el impacto matemático de esta medida al explicar que la población beneficiaria se estima entre 5 y 6 millones de personas.
«Cada bolívar, cada dólar que se sume al salario mínimo, automáticamente tiene un impacto mensual sobre cinco o seis millones de pensiones y jubilaciones. Esa es la carga fiscal que hace tan difícil y delicado este tema», indicó el experto.
¿Nueva ley o reforma puntual?
Frente a las voces que piden una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOTTT), el decano de la UCAB se mostró «minimalista» y partidario de una reforma puntual tras un diagnóstico serio.
«Yo preferiría una reforma puntual después de una evaluación del modelo de relaciones laborales que tenemos… tocar solo, estrictamente, los institutos que merecen adaptarse a las nuevas realidades», señaló.
A su juicio, los puntos neurálgicos a revisar son las prestaciones sociales y la inamovilidad laboral, que impacta con mayor fuerza al sector privado.
Curiosamente, Carballo destacó que en otros aspectos la ley venezolana es «más abierta o flexible» que en el resto de Latinoamérica, simplemente porque no ha regulado temas modernos como el teletrabajo o las plataformas digitales.
La pulverización de los derechos adquiridos
Sobre el debate de los «derechos adquiridos», el especialista fue enfático en señalar que la realidad económica ya los anuló. «¿A cuánto equivalen las prestaciones sociales de los venezolanos en este momento? Desaparecieron, se pulverizaron. No es que se desmejoraron, desaparecieron producto de la hiperinflación», aseguró.
Para el experto, aferrarse a la fórmula actual es «rendirle culto a una norma que no tiene impacto». Por ello, instó a un diálogo nacional para buscar nuevas fórmulas: «No es necesariamente volver a un modelo del pasado, es pensar en cómo superamos esta situación que permita inversión, crecimiento salarial, producción y seguridad para los trabajadores».
