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Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
Views Of The Federal Reserve As Markets Watch For Interest Rate Liftoff(Andrew Harrer)
Goldman Sachs Research postergó su previsión para los próximos recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed) y ahora espera que ocurran en junio y diciembre de 2027, en lugar de diciembre de 2026 y marzo de 2027, como proyectaba anteriormente.
Según el informe elaborado por el economista jefe para Estados Unidos de Goldman Sachs Research, David Mericle, la revisión de la previsión se produce luego de que la actividad económica y los datos del mercado laboral fueran más sólidos de lo que la entidad anticipaba en los últimos meses.
Goldman Sachs admite que la actividad económica y, especialmente, el mercado laboral fueron más sólidos de lo que anticipaba la entidad. El informe destaca que el crecimiento del empleo “se aceleró de manera notable”, lo que llevó a revisar las proyecciones sobre la evolución del desempleo.
Si bien la entidad sigue esperando que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se ubique por debajo de su potencial durante el segundo semestre de este año debido al impacto de los mayores precios del petróleo sobre el consumo, ahora prevé un aumento menor de la tasa de desempleo.
La nueva proyección indica que la tasa de desempleo pasará del 4,3% registrado en mayo al 4,4% hacia fin de año, frente a la estimación anterior de 4,6%.
Mericle considera que ese aumento del desempleo “no sería suficiente para generar un sentido de urgencia para reducir la tasa de fondos federales”.
La inflación seguiría por encima del objetivo durante 2026
Otro de los factores detrás del cambio en la previsión es la trayectoria esperada de la inflación.
Goldman Sachs considera que el camino más probable para el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) es esperar hasta que se disipen los efectos de los aranceles, de los mayores precios del petróleo y otros efectos de la guerra en Medio Oriente, así como de la demanda vinculada con la inteligencia artificial.
La entidad también sostiene que los responsables de la política monetaria probablemente esperen hasta que la inflación subyacente medida por el índice de gastos de consumo personal (PCE), que se ubicó en 3,3% interanual en abril, se acerque al objetivo del 2% fijado por la Fed.
De acuerdo con Goldman Sachs, aunque el efecto de los aranceles debería comenzar a disiparse próximamente, el impacto combinado de esos factores mantendría la inflación subyacente medida por el PCE por encima del 3% durante todo 2026.
Goldman Sachs espera que la inflación se acerque al 2% en 2027
El informe menciona que algunos factores fundamentales de la inflación muestran una dinámica más moderada.
Entre ellos puntualiza que el crecimiento salarial se ubica medio punto porcentual por debajo del nivel que Goldman Sachs considera compatible con una inflación del 2%, mientras que los indicadores adelantados de crecimiento de los alquileres continúan en niveles muy bajos.
Si no se producen nuevos shocks de oferta, Goldman Sachs proyecta que la inflación se ubicará cerca del 2% en 2027.
Las subidas de tasas siguen siendo poco probables
El informe también analiza la posibilidad de que la Reserva Federal vuelva a aumentar las tasas de interés.
Goldman Sachs sostiene que ese escenario continúa siendo poco probable, aunque reconoce que ahora es algo más probable que en su evaluación anterior.
Según el análisis, históricamente la Fed no suele aumentar las tasas en respuesta a shocks petroleros cuando considera que es poco probable que estos generen una inflación persistentemente elevada.
Además, el banco afirma que todavía no observa señales de que el shock inflacionario derivado de la guerra se esté ampliando al resto de la economía. Su indicador compuesto sobre el riesgo de una inflación más persistente continúa en un nivel bajo, aunque aumentó levemente debido al incremento de las expectativas de inflación de largo plazo relevadas por la Universidad de Michigan.
No obstante, Goldman Sachs destaca que en las últimas semanas el tono de las autoridades monetarias se volvió más restrictivo y que varios integrantes del FOMC señalaron que podrían contemplarse nuevas subas de tasas si la inflación empeora.
El informe agrega que la fortaleza de la actividad económica y del empleo también reduce el umbral para una eventual suba de tasas. Según Mericle, un punto de partida más sólido para la economía reduce el riesgo de que un aumento de tasas termine pareciendo un error costoso.
La proyección actual para la tasa de la Fed
El escenario base de Goldman Sachs Research contempla que la Reserva Federal aplique dos recortes de la tasa de fondos federales en 2027: uno en junio y otro en diciembre.
Con ese recorrido, la tasa pasaría del rango actual de 3,5%-3,75% a un rango terminal de 3%-3,25%.
No obstante, Goldman Sachs también considera plausible un escenario en el que la tasa de fondos federales permanezca sin cambios durante un período más prolongado.
Según el informe, una pausa más extensa daría más tiempo para que el sólido desempeño de la economía convenza a los integrantes del FOMC de que la tasa actual ya se encuentra en un nivel apropiado.
Además, señala que el argumento de que la fuerte demanda de inversión asociada con la inteligencia artificial requiere una tasa de fondos federales más elevada podría ganar fuerza.
Washington bloquea, clasifica y blinda lo que rodea a su reserva de bitcoin: el secreto es la prueba de que ya lo cuenta entre sus asuntos de poder.
La amenaza cuántica a Bitcoin lo colocó como un asunto de interés nacional para Estados Unidos. Imagen creada con Gemini.
El gobierno de EE. UU. impidió a Google publicar los circuitos cuánticos contra Bitcoin.
El proyecto de ley ARMA prohíbe la venta de BTC durante 20 años.
“La administración burocrática significa: dominación gracias al saber; éste representa su carácter racional fundamental y específico. Más allá de la situación de poder condicionada por el saber de la especialidad, la burocracia (o el soberano que de ella se sirve) tiene la tendencia a acrecentar aún más su poder por medio del saber de servicio: conocimiento de hechos adquirido por las relaciones del servicio o «depositado en el expediente». El concepto de «secreto oficial», no exclusivo, pero sí específicamente burocrático -comparable, por ejemplo, al conocimiento de los secretos comerciales de una empresa frente al saber técnico- procede de este impulso de poderío.”
Un grupo de investigadores en una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo escribe un trabajo sobre sus hallazgos respecto a la mayor amenaza existencial del más avanzado sistema de dinero de la historia, y luego… no puede difundirlo.
Eso fue, en esencia, lo que confesó Justin Drake, desarrollador del ecosistema Ethereum y coautor del estudio de Google Quantum AI sobre la amenaza cuántica a Bitcoin. En lugar del proceso académico de siempre de revisión entre pares, las optimizaciones que harían posible el ataque se guardaron, escondidas detrás de una prueba de conocimiento cero que verificaba su existencia sin mostrarlas.
Drake dijo haber sido testigo de lo que rodeó esa decisión, se declaró impedido de dar más detalles, y la nombró con dos palabras que no suelen aparecer juntas en el mundo del código abierto: «censura académica».
No fue Google quien eligió el silencio. Fue, según Drake, el gobierno de Estados Unidos. Charles Guillemet, director de tecnología de Ledger, lo dijo claro: el actor que impone el silencio no es el equipo de relaciones públicas de una empresa, es un gobierno. Y ahí, en ese gesto administrativo, asoma algo que en diecisiete años de historia de Bitcoin no había tenido lugar. El secreto de Estado entró en la sala.
Cuando un Estado clasifica, no lo hace por capricho
Conviene resistir el primer impulso, que sería leer la censura como un abuso o una arbitrariedad. Antes que eso, es, simple y llanamente, el proceder de los Estados.
Mucho antes de que existieran los documentos «clasificados», el historiador romano Tácito ya hablaba de los arcana imperii: los secretos del poder, aquello que quien gobierna sustrae de la vista de los gobernados para conservar su dominio. A fines del siglo XVI, Giovanni Botero le puso nombre al asunto y definió la razón de Estado como el conocimiento de los medios para fundar, conservar y ampliar ese dominio.
El secreto no es una desviación de la lógica estatal: es uno de sus instrumentos más antiguos.
Max Weber lo llevó a su forma más nítida. El «secreto oficial», escribió, es la invención específica de la burocracia: toda administración tiende a proteger su conocimiento y su acción del escrutinio, porque en la opacidad reside buena parte de su poder. Un Estado que clasifica no comete una anomalía. Ejecuta su naturaleza. De modo que el bloqueo del paper de Google no debería sorprender; debería leerse. Y lo que dice es preciso: Bitcoin se convirtió en un asunto de interés nacional para Estados Unidos, y si hay una vulnerabilidad, ellos quieren conocerla primero. Quieren estar por delante a través de la fuerza.
Importa, eso sí, no exagerar el alcance de ese poder. Estados Unidos no controla la amenaza cuántica ni tiene su monopolio: hay investigadores trabajando en computación cuántica y criptografía postcuántica en medio mundo, dentro y fuera de sus fronteras. La prueba llegó rápido. Pocos días después del bloqueo, el investigador André Schrottenloherreconstruyó y publicó por su cuenta los sistemas que Google había mantenido en reserva, y afirmó haber obtenido resultados aún más eficientes.
Lo que un Estado puede hacer no es apagar el conocimiento del mundo, sino silenciar el de sus propias empresas. El secreto de Estado funciona puertas adentro. Por eso mismo, cuando se ejerce, dice menos sobre la amenaza que sobre cuán valioso es el asunto para quien oculta.
El secreto es termómetro de valor
Ningún gobierno aplica confidencialidad a un juguete. No despliega la maquinaria de la razón de Estado sobre algo que considera una moda especulativa o una curiosidad de tecnólogos. La despliega sobre lo que ya cuenta entre sus intereses estratégicos.
Toda tecnología avanzada, sobre todo si tiene implicaciones bélicas o de interés nacional, llega primero al enorme complejo militar, sobre todo estadounidense, y luego al resto del mundo: desde la tecnología nuclear, hasta Internet, desde el GPS y los drones hasta el horno de microondas. Seguramente será el mismo caso con la computación cuántica.
Por eso el bloqueo del paper, que en la superficie parece una mala noticia para la transparencia, es en el fondo la señal más fuerte que tenemos de algo que venimos sopesando con cautela: que la intención de Estados Unidos de tomar a bitcoin como activo de reserva podría no quedarse en promesa de campaña.
Tratamos esa intención como lo que es: un haz de signos, no un hecho consumado. La orden ejecutiva 14.233, que instruyó crear la Reserva Estratégica de Bitcoin, es de marzo de 2025, y la reserva todavía sigue siendo poco más que una intención.
Pero los signos se acumulan y apuntan todos en la misma dirección. En abril, el ejército estadounidense activó su propio nodo de Bitcoin. Ese mismo mes, el almirante Samuel Paparo llevó al terreno del Pentágono la discusión sobre bitcoin como herramienta de ciberdefensa.
Y en mayo, el congresista Nick Begich y el demócrata Jared Golden presentaron la Ley de Modernización de la Reserva Estadounidense (ARMA) ante el Congreso. El proyecto busca convertir la reserva en ley permanente, transferir los activos al Departamento del Tesoro y establecer un bloqueo que impediría gastar las tenencias durante un mínimo de veinte años. Recién dos años antes del vencimiento el Tesoro puede recomendar al Congreso una liberación gradual, y como mucho un 10% cada dos años.
Un nodo militar. Una doctrina de ciberdefensa. Un proyecto de ley que pretende atar de manos a las futuras administraciones. Y, cubriéndolo todo, un manto de opacidad sobre la investigación que podría comprometer la criptografía del activo. Lo que Estados Unidos protege al clasificar no es a Bitcoin: es a sí mismo, a la viabilidad de su propia reserva y al sistema financiero que pretende construir encima. No se incorpora a la tesorería nacional un activo que un adversario podría vaciar sin previo aviso.
Lo que está en juego cabe en una cifra
Para entender por qué el cálculo merece tanto cuidado conviene precisar qué hace y qué no hace la amenaza. Una computadora cuántica criptográficamente relevante no «rompería Bitcoin» de un golpe ni vulneraría por igual cada moneda. El riesgo se concentra en las direcciones cuya clave pública quedó expuesta —las que reutilizan direcciones o cuyos fondos ya se movieron—.
Según el informe de la firma Project Eleven, especializada en criptografía postcuántica, alrededor del 33% del suministro de BTC reside hoy en direcciones cuánticamente expuestas. 6,6 millones de BTC. A los USD 63.000 que cotiza bitcoin al momento de redacción, esos 6,6 millones de BTC valdrían aproximadamente 415.800 millones de dólares; a 500.000 dólares por moneda a los que el precio podría subir potencialmente, la cifra ascendería a 3,3 billones de dólares; y a un hipotético precio de un millón de dólares por BTC, llegaría a 6,6 billones de dólares.
No es todo Bitcoin. Pero es una porción del tesoro colectivo lo bastante grande como para que ningún Estado que aspire a custodiar parte de él pueda mirar hacia otro lado.
Infografía sobre cómo podría la cuántica afectar a Bitcoin. Fuente: CriptoNoticias.
El cuándo es lo genuinamente incierto. El paper de Google estimó que una máquina podría comprometer la criptografía de Bitcoin en menos de nueve minutos con menos de 500.000 cúbits físicos, veinte veces menos recursos de los que se pensaban necesarios. Drake mantiene una probabilidad del 50% de que eso ocurra antes de 2032, y del 10% antes de 2030.
Project Eleven describe la trayectoria con una frase que cualquier bitcoiner reconoce de otros contextos: gradualmente, y luego de repente. Años de avance aparentemente lento seguidos de una convergencia repentina, sin aviso previo audible desde afuera. Y si los últimos hitos hacia esa máquina se clasifican —como sostiene la propia firma que ocurrirá—, la señal de alerta sencillamente no llegará.
Esa opacidad abre una puerta que ya hemos señalado y que merece su propio tratamiento más adelante: la confiscación soberana podría no venir solo del Estado que custodia a los fondos de sus ciudadanos, sino del adversario que corre la misma carrera en silencio. Una organización como Lazarus, el aparato de cibercrimen vinculado a Corea del Norte, opera precisamente con la lógica de quien no anuncia sus capacidades.
Pero no hay que dejar de considerar que sea el propio Estados Unidos quien esté maquinando utilizar la computación cuántica para engordar su tesoro de Bitcoin. Si bien el proyecto de Ley ARMA, define bitcoin cualificado para la Reserva como aquel “confiscado como parte de un delito o procedimientos de confiscación de bienes civiles o en satisfacción de cualquier sanción pecuniaria civil impuesta por cualquier departamento ejecutivo o agencia”, nada evita que, por alguna artimaña legal, en unos años ese bitcoin cualificado pase a incluir los BTC de Satoshipor razones de interés nacional o ante el riesgo de que algún otro actor se adelante a confiscar.
No hace falta probar que alguien ya está ahí para entender que la magnitud del botín —las monedas dormidas de los primeros años, incluidas los 1,1 millones de BTC atribuidos a Satoshi— justifica que más de un Estado intente capturar el tesoro sin contarlo. La cifra no solo explica por qué Washington clasifica. Explica por qué otros podrían estar corriendo en la misma carrera.
Bitcoin nunca había tenido secretos
Para su supervivencia, Bitcoin necesita que toda su comunidad trabaje en la migración hacia un futuro postcuántico; lo escribimos hace meses, cuando sostuvimos que proteger a Bitcoin de la computación cuántica es urgente y tarea de todos. Esa tarea incluye a los Estados. La participación de Washington en el esfuerzo no es, en sí misma, el problema.
El problema —o más bien, lo nuevo— es el contenedor en que esa participación llega. Bitcoin construyó toda su seguridad a plena luz: código abierto que cualquiera audita, investigación que se publica, vulnerabilidades que se discuten en foros públicos, una regla que se verifica en lugar de creerse. No confiar, sino verificar.
Por primera vez, ese ecosistema convive con un actor que opera según la lógica inversa, la de los arcana imperii: información que se retiene, hallazgos que se omiten, decisiones que no se pueden auditar porque su valor depende de que permanezcan ocultas. Dos culturas de la seguridad —la del código abierto y la del secreto oficial; seguridad por transparencia y seguridad por oscuridad— se sientan a la misma mesa.
Lo notable es que conviven dentro del mismo texto legal. ARMA ordena, en su Sección 6, un sistema de Prueba de Reservas: atestación criptográfica pública, informes trimestrales de las tenencias, demostración del control de las llaves y un auditor independiente que lo verifique. La ley exige verificar, en el sentido bitcoiner. Pero esa misma arquitectura de transparencia deja una rendija: el Tesoro deberá estudiar excepciones al candado «por motivos de seguridad nacional». La puerta del secreto queda inscrita en la propia ley de la transparencia.
No lo decimos para condenarlo. Cada participante de esta historia actúa bajo su propia lógica, y la del Estado es tan vieja como Tácito. Lo decimos porque importa nombrarlo: lo que se gana cuando la principal potencia armamentística empieza a custodiar bitcoin es protección de grado militar; lo que se pierde es un pedazo de la transparencia sobre la cual ese mismo bitcoin se construyó. Hace dos años anticipamos que la estatización de Bitcoin traería un nuevo sistema monetario internacional. Aquel sistema nuevo está tomando forma. Pero llega con un acompañante que no estaba en los planos originales de Satoshi: el secreto de Estado.
Bitcoin nació para que nadie tuviera que confiar en lo que no podía comprobar. Hoy, la información más sensible para proteger a Bitcoin de su mayor amenaza existencial quiere mantenerse bajo llave.
La pregunta no es si el Estado tiene derecho a guardar sus secretos; los guarda por naturaleza, y lo seguirá haciendo. La pregunta es ¿qué le ocurre a un sistema que se diseñó para no confiar en nadie cuando su seguridad empieza a depender, en parte, de lo que el actor más poderoso del mundo decide no contarnos?
