Miami Herald: Empresario Raúl Gorrín fue solicitado por EEUU, está detenido en la temida cárcel ‘La Tumba’ en Venezuela

Raúl Gorrín, un acaudalado empresario venezolano buscado durante años en Miami por cargos de corrupción extranjera y lavado de dinero, ha sido detenido durante varias semanas en uno de los centros de reclusión más secretos y ampliamente denunciados de Venezuela, según dijeron al Miami Herald tres fuentes familiarizadas con la situación.

Nuevo Herald

Gorrín está recluido en celdas subterráneas bajo un edificio administrado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), frente a Plaza Venezuela, un sitio ampliamente conocido como La Tumba.

“Lo han tenido allí durante unas tres o cuatro semanas”, dijo una fuente, hablando bajo condición de anonimato por temor a represalias.

La detención de Gorrín en esta instalación, históricamente reservada para detenidos políticamente sensibles o de alto perfil, ha generado interrogantes sobre las razones de su arresto y las dinámicas internas de poder en Caracas.

Aún no está claro si la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien reemplazó a Nicolás Maduro tras ser capturado por fuerzas estadounidenses a principios de enero para enfrentar cargos por narcotráfico, permitirá su traslado a Miami, donde enfrenta dos acusaciones formales. Venezuela y Estados Unidos no tienen un tratado de extradición, pero la administración Trump ha presionado a Rodríguez para que cumpla varias directrices estadounidenses en materia de petróleo, inmigración y otros asuntos clave desde que asumió el liderazgo del país.

La Tumba es una prisión poco convencional. El complejo está ubicado cinco niveles bajo tierra —aproximadamente a 15 metros de profundidad— dentro de una estructura diseñada originalmente como espacio de oficinas para el sistema Metro de Caracas.

Desde su conversión en centro de detención tras las protestas antigubernamentales de 2014, ha sido denunciado repetidamente por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Exdetenidos, abogados y activistas la describen de forma consistente como un espacio de aislamiento extremo.

Las celdas, de aproximadamente 2 por 3 metros, están completamente selladas, con paredes blancas, sin ventanas y puertas metálicas reforzadas. La iluminación artificial permanece encendida las 24 horas del día, mientras que el silencio es casi absoluto, interrumpido solo ocasionalmente por el ruido lejano de los trenes del metro.

Estas condiciones han llevado a que la instalación sea asociada con la “tortura blanca”, un término utilizado para describir técnicas de presión psicológica diseñadas para quebrar mentalmente a los detenidos sin dejar marcas físicas visibles.

A diferencia del clima tropical en la superficie, las temperaturas dentro de la instalación se mantienen deliberadamente bajas mediante sistemas de aire acondicionado central, según múltiples testimonios recogidos en informes previos. El ambiente frío, combinado con la iluminación constante y el contacto humano mínimo, genera condiciones que, según defensores de derechos humanos, pueden constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado previamente casos de detenidos que describen ansiedad extrema, depresión, insomnio y deterioro cognitivo tras pasar semanas o meses en este tipo de confinamiento.

La detención de Gorrín añade un nuevo capítulo a la trayectoria de uno de los empresarios más influyentes —y controvertidos— de la Venezuela moderna.

Propietario de la cadena de televisión Globovisión y vinculado durante años a operaciones financieras relacionadas con el Estado venezolano, Gorrín ha sido identificado por autoridades estadounidenses como una figura central en esquemas de corrupción a gran escala.

Durante años, su nombre ha aparecido reiteradamente en investigaciones sobre corrupción transnacional, incluso mientras mantenía una presencia visible en el ámbito mediático y empresarial venezolano.

En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por su presunto papel en un esquema de lavado de dinero que involucraba miles de millones de dólares vinculados a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Posteriormente, fiscales federales en el sur de Florida lo acusaron de conspiración para lavar dinero y pagar sobornos a funcionarios venezolanos.

En octubre de 2024, Gorrín fue acusado de conspirar para lavar 1.200 millones de dólares que, según autoridades federales, él y otros asociados habrían sustraído del gobierno venezolano para invertirlos en Europa y Estados Unidos, incluyendo bienes raíces de lujo en el sur de Florida.

Según una acusación presentada en un tribunal federal de Miami, Gorrín habría conspirado para sobornar a altos funcionarios de la petrolera estatal venezolana a cambio de acceso a lucrativos contratos de préstamos gubernamentales.

Los fiscales sostienen que los pagos de esos préstamos se canalizaban a través del sistema de cambio preferencial del gobierno, generando ganancias extraordinarias.

Gorrín, quien fue aliado cercano del fallecido presidente Hugo Chávez y de Maduro, fue acusado en Miami de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

Su caso se originó a partir de una acusación más amplia presentada en Miami en 2018, que involucraba a ocho asociados acusados de saquear PDVSA, incluidos altos ejecutivos y abogados. Desde entonces, se han imputado a cinco acusados adicionales —incluido Gorrín—. Aproximadamente la mitad se ha declarado culpable y ha sido sentenciada, incluyendo varios que aportaron pruebas en su contra. Otros permanecen prófugos en Venezuela o Europa.

Por separado, a finales de 2018, Gorrín fue acusado en otro esquema masivo de lavado de dinero destinado a desviar más de 1.000 millones de dólares del gobierno venezolano y movilizar esos fondos ilícitos a través de bancos estadounidenses e inversiones inmobiliarias de lujo en Miami, Coral Gables y Nueva York, según otra acusación en Miami.

Esa acusación también lo señala por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos, incluido el ex tesorero nacional Alejandro Andrade, quien se declaró culpable y cumplió condena en Estados Unidos.

Gorrín incluso ha tenido un papel indirecto como posible testigo en el juicio federal en curso en Miami contra el excongresista de Miami-Dade David Rivera, acusado de no registrarse como agente extranjero del gobierno de Venezuela. Según pruebas presentadas en el juicio, Gorrín habría ayudado a Rivera a obtener acceso a altos funcionarios venezolanos, incluida Rodríguez, para concretar un contrato de 50 millones de dólares representando a la filial estadounidense de PDVSA en 2017.

El abogado defensor de Gorrín, Howard Srebnick, no pudo ser contactado de inmediato para ofrecer comentarios.

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Preguntas no Por Milagros Socorro

El chavismo ha construido durante años una relación con el espacio público donde el discurso se impone y el diálogo se evita. La pregunta introduce incertidumbre, y la incertidumbre desplaza el control.

¡Se fue la luz!, pensamos al ver que Delcy Rodríguez desaparecía del encuentro virtual al minuto siguiente de haber concluido su intervención y asegurado que respondería las preguntas usuales en estos casos. Pero, en vez de hacer lo que acababa de prometer, se desconectó. Se largó. Esto lo concluimos al ver que el coordinador del evento hablaba como para dar tiempo a que ella se reconectara, pero no lo hizo.

No es que se había ido la luz en los predios del interinato (las penurias son para el pueblo venezolano; los jerarcas cuentan con plantas de emergencia y las comodidades que solo los poderosos pueden permitirse en un país devastado). La presidenta puesta por los Estados Unidos participó por Zoom en el FII Priority, foro que reunió durante tres días a figuras del poder político y económico global en Miami, pero impidió las preguntas porque podían ponerla en situación incómoda y porque el chavismo no admite réplicas.

Durante esos minutos, la escena se mantuvo dentro de los códigos habituales de estos eventos. Una funcionaria expone, presenta datos, construye una narrativa de confianza; en este caso, llena de vaguedades e inexactitudes, pero sin los desplantes de Chávez ni los ridículos de Maduro. Sin embargo, el momento en que el formato exige reciprocidad —la apertura a interrogantes— introduce otra dimensión. Allí se produjo la huida.

Ese gesto encuentra su sentido en una tradición política donde la palabra se administra como recurso estratégico. Durante años, el poder en Venezuela ha organizado su relación con el espacio público a partir del control del tiempo de exposición y de la delimitación estricta del intercambio. La emisión ocupa el centro; la interlocución queda reducida a un margen estrecho, tolerado solo cuando es complaciente.

Chávez convirtió esa lógica en práctica cotidiana. Las cadenas obligatorias organizaron la vida pública alrededor de una voz hegemónica. La palabra no solo informaba: establecía jerarquías, fijaba agendas, humillaba sectores, esparcía el miedo. La conversación quedó degradada a una escena dirigida desde un solo punto.

La relación con la prensa siguió ese patrón. El alcance de las preguntas dependía de la tolerancia del poder. El periodista intervenía en un terreno inestable, expuesto a la descalificación o al señalamiento. Así se configuró un clima en el que la palabra crítica circula bajo presión.

En las calles, la gestión del conflicto se organizó alrededor del control del espacio. La amenaza del “gas del bueno” condensó una forma de intervención sobre los cuerpos que fija los límites de la acción colectiva. El espacio público se convirtió en un territorio donde la protesta puede pagarse con represión, secuestro, cárcel y tortura.

El ámbito económico ofrece otra dimensión de esta estructura. Las expropiaciones y las intervenciones estatales redefinieron la posición de los empresarios, cuya capacidad de decisión quedó subordinada a la voluntad política. La previsibilidad cedió ante la discrecionalidad. Por su parte, las universidades han vivido un proceso sostenido de asfixia presupuestaria que limita su funcionamiento y estrecha su autonomía. La institución permanece, pero su capacidad de incidencia se reduce.

El voto también ha sido objeto de intervenciones que alteran su alcance. La creación de instancias paralelas a la Asamblea Nacional y a ciertas gobernaciones, así como la redistribución de competencias, han producido un mapa institucional que diluye la decisión expresada en las urnas.

En estos contextos, la negación del diálogo forma parte del funcionamiento del poder. La palabra se emite, se impone, se repite. La pregunta introduce una variable incómoda: obliga a ajustar el discurso, abre un margen de incertidumbre, desplaza el control.

Hannah Arendt observó, en Eichmann en Jerusalén, que la incapacidad de pensar desde la perspectiva de otro se manifiesta también como incapacidad de hablar verdaderamente. La ausencia de escucha no es un detalle: forma parte del problema.

Guy Debord, por su parte, describió en La sociedad del espectáculo una forma de poder que opera a través de la representación. En ese marco, el diálogo pierde su lugar. El espectáculo organiza una emisión cerrada que no espera respuesta. El poder habla, se muestra, se representa. Y los demás miran.

La desconexión de Delcy Rodríguez se inscribe en esa lógica, la de establecer un espacio donde nadie la pone en aprietos. Responder preguntas introduce lo imprevisible, y lo imprevisible desplaza el control. Por eso cortó la conexión. Su negativa a escuchar es un eslabón más en una cadena de silenciamientos que los venezolanos conocemos bien.

Queda por ver qué harán quienes la invitan, quienes la reciben como interlocutora. Si aceptarán que suelte su perorata tramposa y los deje con la palabra en la boca, o si exigirán que la conversación ocurra de verdad. No es dable pensar que los financistas planetarios van a invertir en un país donde se les impide hacer preguntas. ¿O sueñan los Rodríguez con enviarles los matones de la policía política?

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