EEUU emite nueva licencia para Venezuela vinculada a productos petroquímicos

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió la licencia general N 46D este jueves 27 de agosto, la cual da autorización a ciertas actividades relacionadas con petróleo o productos petroquímicos de origen venezolano.

“Salvo lo dispuesto en el párrafo (b) de esta licencia general, se autorizan todas las transacciones prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela, incluidas aquellas que involucren al Gobierno, a Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) o a cualquier entidad en la que Pdvsa posea, directa o indirectamente, una participación del 50 por ciento o más”, aclara el documento.

Las transacciones autorizadas por el párrafo (a) incluyen la organización de servicios de transporte marítimo y logística, incluyendo el flete de buques, la obtención de seguros marítimos y cobertura de protección e indemnización y la organización de servicios portuarios y terminales, así como las autoridades portuarias u operadores de terminales que forman parte del Gobierno.

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También autoriza pagos comercialmente razonables en forma de permutas de petróleo crudo, diluyentes o productos derivados del petróleo refinado, se lee en el documento.

El texto precisa que los “productos petroquímicos” incluye fertilizantes y precursores químicos de fertilizantes, incluyendo los productos químicos enumerados en la licencia.

La licencia general no autoriza:

Condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que impliquen permutas de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluyendo el petro.

Asimismo, no autoriza transacciones que involucren a una persona relacionada con Rusia, Irán, China, Corea, Cuba, o cualquier entidad que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por o en una empresa conjunta con dichas naciones.

Tampoco está permitido transar con algún bien sancionado, como por ejemplo, buques,

Por último, señalan que cualquier persona que exporte, reexporte, venda, revenda o suministre petróleo de origen venezolano a países distintos de los Estados Unidos, deberá presentar un informe detallado a Sanctions_inbox@state.gov y VZReporting@doe.gov con detalles del envío.

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Sindicatos cuestionan política de bonificaciones y reclaman aumentos salariales

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En medio de la crisis económica que padecen los empleados públicos, pese a que la producción petrolera se elevó a más de 1.200.000 barriles diarios y el Banco Central de Venezuela reporta un crecimiento del 7,14 % en el primer semestre, los trabajadores venezolanos continúan sumergidos en la miseria.

Por: Luz Dary Depablos | Corresponsalía lapatilla.com

Desde la sede sindical en el estado Táchira, Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela y miembro del Consejo de Administración de la OIT, denunció los indicadores laborales en los que el salario mínimo se mantiene congelado en 0,16 dólares mensuales (130 bolívares), es decir, ni siquiera un dólar al mes.

Ese salario se mantiene desde marzo de 2022, frente a una canasta alimentaria que supera los 700 dólares, una inflación acumulada del 175 % (576 % interanual) y una brecha cambiaria que disparó el dólar a 785 bolívares, dejando la pobreza por ingresos en un 68,5 % y la extrema sobre el 30 % de la población.

Igualmente, León criticó la asimetría de las políticas gubernamentales, señalando que mientras el Ejecutivo decreta emergencias para otorgar beneficios, exoneraciones de impuestos y regalías al sector empresarial, a los trabajadores se le castiga con el aumento sostenido de los servicios públicos (transporte, electricidad, gas y tarifas bancarias) sin la contrapartida de aumentos salariales ni discusiones de contratos colectivos.

Ante esta asfixia, las organizaciones sindicales entregaron una exigencia al ministro del Trabajo para poner fin a la política de bonificación y ordenar la salarización inmediata del ingreso integral indexado a 200 dólares, respaldándose en la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del TSJ que reconoce dicho ingreso con carácter salarial, exigiendo que actúe como piso mínimo para las tablas de las convenciones colectivas públicas y privadas.

Por tanto, como parte del inicio del cálculo de la nómina decembrina previsto para este mes de septiembre, los trabajadores exigen de manera urgente que el pago de los aguinaldos 2026 no vuelva a ser fraccionado y que se considere tomando como base de cálculo los 200 dólares del ingreso integral indexado y no los 130 bolívares.

Asimismo, ante la acumulación de un pasivo laboral por el incumplimiento de las contrataciones colectivas durante años de crisis, la dirigencia sindical demandó la aprobación y liquidación de un bono indemnizatorio único compensatorio para la totalidad de la fuerza laboral venezolana.

El sector sindical exige al interinato de Delcy Rodríguez, así como a los representantes de la embajada de Estados Unidos a tratar a la clase trabajadora como una prioridad real.

León exigió que parte de los ingresos derivados de la renta petrolera y de los fondos venezolanos liberados del bloqueo internacional, sean transferidos de manera inmediata al Fondo de Protección Social impulsado desde marzo.

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