Republica del Zulia

Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.

miércoles, mayo 27, 2026

Macario González exigó al Ministerio Público investigar su desaparición forzada durante 68 días


El exdiputado de la Asamblea Nacional y exalcalde del municipio Iribarren, Macario González, acudió este martes ante el Ministerio Público para denunciar formalmente la desaparición forzada de la que asegura fue víctima durante 68 días, tras haber sido detenido en septiembre de 2025 por funcionarios del Sebin en el estado Lara.

Por lapatilla.com

González afirmó que fue detenido al salir de la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, sin orden judicial, sin audiencia de presentación y sin que se le imputara delito alguno. Según relató, permaneció incomunicado durante 68 días en una sede del Sebin ubicada en la calle 57 con carrera 13 de Barquisimeto.

“Fueron 68 días y 68 noches que fui secuestrado por el Sebin del estado Lara. No hubo ninguna explicación de por qué me detuvieron”, expresó el exparlamentario durante sus declaraciones a la prensa.

El dirigente político aseguró que tanto su familia como dirigentes de la oposición realizaron denuncias públicas y consignaron escritos ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo sin obtener respuesta por parte de las autoridades encabezadas entonces por el fiscal general Tarek William Saab.

González indicó que decidió acudir nuevamente ante el Ministerio Público tras la designación del actual fiscal general, Larry Devoe Márquez, a quien solicitó una audiencia para exigir que se investigue el caso y se sancione a los responsables. “No pueden desaparecer a una persona durante 68 días y decir que eso no existió. Esto tiene que ser investigado porque se trata de un delito de desaparición forzosa”, sostuvo.

El exdiputado señaló que durante su reclusión nunca recibió información sobre las razones de su detención y afirmó que funcionarios del Sebin le manifestaron que actuaban bajo “órdenes superiores”.

En ese sentido, González responsabilizó políticamente a altos funcionarios del gobierno venezolano, como el Ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello por lo ocurrido y reiteró que su caso forma parte de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y persecución política en Venezuela.

Asimismo, aseguró que las secuelas físicas y emocionales derivadas de su detención le provocaron un accidente cerebrovascular leve, situación por la que finalmente habría sido liberado para continuar tratamiento médico. “Estoy dedicado a denunciar esta situación para que no se repita sobre más nadie un castigo tan grave como este”, expresó.

Justicia, verdad y reparación

Durante la actividad también intervino el exdiputado William Dávila, quien expresó su solidaridad con González y calificó el caso como una desaparición forzada ejecutada bajo una “cadena de mando” política.

Dávila denunció que en Venezuela persisten prácticas de detenciones clandestinas y afirmó que familiares, abogados e incluso organismos internacionales reciben negativas sobre el paradero de los detenidos. “Eso no puede seguir sucediendo. Aquí tiene que haber justicia, verdad y reparación. No puede volver a ocurrir este tipo de situaciones”, afirmó.

El también exparlamentario sostuvo que las responsabilidades por este tipo de hechos “vienen desde arriba, desde Miraflores”, y aseguró que los funcionarios policiales y fiscales actúan bajo directrices políticas. “Macario sale de la universidad, lo agarran y no se sabe de su situación. Ni siquiera él sabía por qué estaba detenido y cuando lo liberan tampoco le explican por qué lo dejan en libertad”, expresó Dávila.

El dirigente opositor también alertó sobre la situación de salud de decenas de presos políticos que, según indicó, continúan detenidos pese a padecer enfermedades graves o secuelas derivadas de presuntas torturas y malas condiciones de reclusión.

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El Confidencial | Las hijas de Zapatero cobraron 100 mil euros gracias a la aplicación espía VenApp

 


La Agencia Tributaria española ha descubierto que las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, cobraron entre 2023 y 2024 un total de 100.965 euros de Venqis, una empresa con domicilio en Panamá que colaboró en la represión del régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez y lanzó campañas de propaganda en redes sociales para apoyar a candidatos bolivarianos en la propia Venezuela, Panamá, Bolivia, República Dominicana y Honduras.


Los pagos de Venqis a la agencia de publicidad de las hijas de Zapatero, Whathefav SL, no habían trascendido hasta ahora, pero la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han incluido esta conexión en sus informes. Las diligencias apuntan a que Zapatero usó Whathefav SL para canalizar el cobro de presuntas comisiones ilegales por influir en el Ejecutivo español de Pedro Sánchez y otros gobiernos extranjeros.

Detrás de Venqis se oculta una potente maquinaria de comunicación e ingeniería social controlada por el brasileño André Golabek (Sao Paulo, 1977), que acumula en su país hasta 19 procedimientos distintos de las jurisdicciones laboral, civil y fiscal de los que ha escapado refugiándose en otras jurisdicciones. En apariencia, Venqis es sólo una agencia de consultoría política, gestión de crisis y campañas electorales, pero el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el proyecto Mercenarios Digitales lograron en 2023 adentrarse en las tripas de la compañía y aflorar otra realidad.

En 2022, el gobierno de Maduro y Delcy Rodríguez lanzó una aplicación llamada VenApp que supuestamente iba a servir para que los ciudadanos pudieran hacer gestiones burocráticas sin moverse de casa y trasladar directamente a sus representantes todo tipo de quejas e inquietudes. El rastreo de VenApp desveló que había sido creada por una mercantil llamada Nolatech, una de las mercantiles del entramado empresarial de Venqis.

Las propias cuentas falsas en redes sociales gestionadas por Golabek participaron en la campaña del chavismo para pedir a la población que se descargara VenApp y empezara a utilizarla como forma de comunicación con sus políticos. La dictadura colocó vallas publicitarias y emitió anuncios en televisión invitando a instalarse VenApp. El verdadero interés de Maduro no era facilitar la vida de sus ciudadanos, sino espiar sus teléfonos móviles y convertirlos en colaboracionistas de la dictadura.

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