El anuncio hecho por las autoridades económicas de Venezuela para reestructurar la deuda pública total del país -una de las más grandes del mundo en relación con el tamaño de su economía- ha alentado las expectativas positivas de actores económicos locales, pero al mismo tiempo ha generado preocupaciones y polémica. Hay expertos que sostienen que este proceso no se puede adelantar mientras el chavismo siga en el poder y han criticado las prisas para su ejecución.
El anuncio de la reestructuración de la deuda es, defienden otros, no solo una excelente noticia sino una tarea urgente para hacer posible el regreso de Venezuela a los mercados financieros, para lo que no existe un momento “ideal”. Si lo consigue, podría aspirar a nuevos esquemas de financiamiento que apalanquen la definitiva normalización económica del país. Otros académicos advierten, sin embargo, que un proceso mal aplicado en el actual contexto, sin data fiable, sin un Gobierno legítimo, sin instituciones estables, podría generar un entorno lesivo a los intereses nacionales. Que el remedio termine siendo peor que la enfermedad. Aunque todo el mundo reconoce que es una meta necesaria, las advertencias reprochan el apremio exhibido.
Uno de los riesgos es “que los acuerdos establecidos comprometan las finanzas públicas del país a futuro, que sea necesario reducir el gasto social, congelar los salarios, eliminar el gasto de infraestructura o usar el excedente de los ingresos nacionales al pago de la deuda”, plantea Leonardo Vera, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. “Que un acuerdo favorable para los tenedores de bonos ate al país de manos”, resume y recalca: “Si las cosas no se hacen bien, corremos el riesgo de entrar en lo que denominan una cesación de pagos serial: que el default se repita porque el perfil de pagos es muy exigente”.
Por su parte, Luis Oliveros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Metropolitana, admite que “la renegociación de la deuda es una cosa que tiene que ocurrir” y matiza que “el tema comience a debatirse no quiere decir que se va a llegar a un arreglo mañana”. El analista recuerda que «Venezuela tiene 10 años en default y este tema hay que atenderlo. Lo que le espera al Estado es una negociación larga, porque es un monto muy grande”.
El debate, precisamente, aterrizó en el país hace unos días cuando la Vicepresidencia del Área Económica -que ocupa en este momento Calixto Ortega- emitió un comunicado informando del comienzo de un proceso “integral y ordenado” para reestructurar la deuda de la nación, un “nuevo capítulo para expandir el potencial económico del país”. El mensaje agregaba que Venezuela “ha demostrado solvencia” y ha cumplido con sus obligaciones internacionales. Ortega comentó que la iniciativa persigue “ayudar al sector privado nacional, para que recupere sus líneas de crédito y se atraiga inversión extranjera al país”. El funcionario aseguró que esta operación “no comprometerá la inversión social” del Gobierno. La asesoría financiera para la reestructuración estará a cargo de Banca Boutique CenterView Partners.
Venezuela cayó en default, o cesación de pagos, en 2017, en los años de la Administración de Nicolás Maduro. Entonces el país estaba metido en plena tormenta hiperinflacionaria y recesiva producto del colapso del modelo económico estatista impuesto por Hugo Chávez a partir de 2007. Por entonces, el anclaje cambiario y la corrupción desbordada destruyeron el negocio petrolero y espantaron las inversiones extranjeras. Los ingresos se debilitaron con el desmantelamiento de las empresas públicas, especialmente Petróleos de Venezuela.
Se calcula que la deuda pública venezolana está entre los 180.000 y los 200.000 millones de dólares. Su monto es cuatro veces más grande que el tamaño del PIB del país y es una de las deudas más altas del mundo en relación con el tamaño de su economía. Es más grande que la que tuvieron las grandes economías latinoamericanas -Brasil y México- en los años 90, en los tiempos del Plan Brady. Las obligaciones de Venezuela incluyen acumulación de intereses, laudos arbitrales con corporaciones grandes, deudas con organismos multilaterales, créditos bilaterales con otros países, así como con los llamados “socios B”, con los tenedores de bonos y con contratistas petroleros. Es un volumen que quintuplica los niveles de endeudamiento de Venezuela de finales del siglo XX.
“La renegociación de la deuda no puede ser sostenible si cada año agregas más deuda”, afirma Guillermo Arcay, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y fellow de la Universidad de Harvard, quien resume la retahíla de desafíos para salir del atolladero financiero. “Mientras no se cierre el déficit fiscal, se va a seguir agregando deuda cada año. El Estado se está endeudando con deuda interna, comprada con el Banco Central. Aquí tenemos una inexistencia de datos fundamentales para poder saber qué se debe hacer. El Gobierno de Maduro estuvo 10 años escondiendo las cifras de la economía. No se sabe cuál es el PIB nominal, el PIB en dólares, ni el verdadero tamaño del déficit fiscal. No sabemos en cuánto se van a estabilizar las tasas de interés, no sabemos mucho de la composición del gasto fiscal, ni los gastos parafiscales. Hay una inexistencia de variables clave para iniciar cualquier historia de reestructuración de deuda. El Gobierno venezolano no sabe ni siquiera el monto exacto de lo que debe”.
Con todo, Oliveros admite que hay que empezar a hablar del tema y definir un buen equipo negociador. “Lo que no veo lógico es temer porque comenzaron las conversaciones, luego de nueve años sin que el problema siquiera se tocara. Hay que darle la cara a los tenedores de bonos, hablar con los agentes que están esperando una respuesta.”
El otro aspecto para el que no hay claridad es la fuente de respaldo que permitiría la reestructuración. “Está muy claro que Estados Unidos no va a poner un solo dólar de su bolsillo para la recuperación económica del país”, subraya Vera. “Si además, tal y como lo afirma el Gobierno de Delcy Rodríguez, no está contemplado un programa de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional, me pregunto de dónde piensa el Gobierno sacar dinero”.
Muchos economistas han terminado por decantarse por la opción de esperar a que se concrete una transición política de mayor calado, convencidos de que, en el actual contexto, con el chavismo en el poder, este esfuerzo podría resultar tiempo perdido. “Quienes están empeñados en continuar con este proceso de reestructuración mientras el chavismo esté en el Gobierno ofrecen unas proyecciones sobre el desempeño del mercado petrolero que son absurdas. Irrealizables. Ahora la producción petrolera venezolana es de un poco más de un millón de barriles diarios y la mitad del país está sin luz.”
A Vera, como a otros economistas, le preocupan las prisas de actores económicos vinculados al oficialismo. “Estados Unidos está empujando, vendiendo la idea de que, al reestructurar deuda, estarán abiertos los mercados voluntarios privados, y que el país se podrá financiar con eso. Creo que eso es lo que está detrás de este anuncio. Todo va demasiado rápido.”
