La corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) no es reciente, desde hace más de una década organizaciones han denunciado que las irregularidades en la estatal petrolera alcanzaron un nivel sin precedentes no solo por la cantidad de recursos que “desaparecieron” de las arcas públicas, sino por la sofisticación de los mecanismos que se han utilizado para convertir a la compañía en su caja chica, incluso en momentos en los que el país sufría una de las peores crisis económicas de su historia.
Organizaciones como Transparencia Venezuela documentan un patrón sistemático de irregularidades que abarca desde sobreprecios en contrataciones públicas hasta complejas redes de sobornos, empresas de maletín y operaciones financieras opacas. Estas prácticas, según estimaciones, causaron pérdidas que ascienden a decenas de miles de millones de dólares, lo que ha erosionado el patrimonio público de un país que dependía casi exclusivamente de la venta de petróleo.
La mitad de los ingresos robada o desviada
Un reportaje publicado por The New York Times el martes señala, citando documentos internos de la propia industria petrolera venezolana y estadísticas oficiales, que por cada 2 dólares que Venezuela obtuvo por la venta de petróleo a inicios de esta década, 1 fue desviado o robado.
El medio neoyorquino señala que los intentos de imponer mecanismos de control y rendición de cuentas han fracasado en mostrar claridad sobre el destino de los ingresos petroleros. Destaca además que ni las promesas de auditorías internacionales ni la creación de plataformas digitales de seguimiento han revertido la falta de transparencia en la industria.
La investigación también resalta que durante los 13 años de gobierno de Maduro, Pdvsa habría operado en la práctica como un patrimonio controlado por su círculo más cercano. Un esquema que permitió a familiares y aliados acceder a condiciones privilegiadas para la comercialización de petróleo y consolidar redes de clientelismo que garantizaron lealtades políticas en medio de la crisis.
Entre los casos mencionados destaca el de Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, quien aparece como una figura central en la gestión y desvío de recursos. Según documentos citados por el Times, empresas vinculadas a su entorno habrían exportado petróleo por unos 11.000 millones de dólares entre 2021 y 2022 sin realizar pagos a la estatal.
Esa cifra equivalía aproximadamente a la mitad de los ingresos petroleros en ese período.
Asimismo, registros internos indican que entre 2019 y 2022 al menos 240 cargamentos de crudo salieron del país sin ser cancelados, generando pérdidas estimadas en 13.000 millones de dólares. En lugar de recuperar estos fondos, la junta directiva de Pdvsa habría optado por condonar las deudas, profundizando el daño patrimonial.
La investigación también detalla el uso de empresas fantasma, como intermediarias en operaciones petroleras, que recibían condiciones contractuales altamente favorables.
Más de 100 casos de corrupción
Informes de Transparencia Venezuela documentan un patrón persistente de opacidad, discrecionalidad y ausencia de controles que, durante al menos dos décadas, facilitó la apropiación indebida de recursos públicos a gran escala.
De acuerdo con sus investigaciones, se han identificado al menos 127 casos de presunta corrupción vinculados directa o indirectamente con Pdvsa, que comprometen más de 42.000 millones de dólares del patrimonio público venezolano.
Los expedientes, señala la organización, han sido investigados por autoridades en al menos 16 países —entre ellos Estados Unidos, España, Portugal, Suiza y Andorra— lo que evidencia la existencia de redes internacionales de intermediarios, empresas y operadores financieros.
En contraste, dentro de Venezuela, las acciones judiciales han sido escasas, tardías o selectivas.
Transparencia Venezuela también revela que más de la mitad de esos casos comparten mecanismos similares. Entre ellos destacan la evasión de procesos de licitación, la adjudicación directa de contratos a empresas sin capacidad técnica o financiera, muchas de ellas compañías de fachada, el pago sistemático de sobornos y la firma de acuerdos con sobreprecios que multiplicaban artificialmente los costos de proyectos y servicios.
A esto se suman contratos sin respaldo documental, compromisos adquiridos sin disponibilidad presupuestaria, incumplimientos sin sanción y falta de garantías financieras. En conjunto, afirmó la ONG, estas prácticas configuraron un entorno donde la corrupción era la norma operativa dentro de la industria petrolera.
Pdvsa, el principal soporte de la corrupción
Otro punto señalado por la organización es la progresiva transformación de Pdvsa en el principal soporte financiero de lo que denomina la “Gran Corrupción” en Venezuela. Indicó que la estatal dejó de ser una empresa energética para convertirse en el eje de un sistema donde convergían intereses políticos, económicos y personales, articulados mediante redes de poder que operaban tanto dentro como fuera del país.
Este modelo se consolidó especialmente en los años de mayores ingresos petroleros. Sin embargo, agregó, mientras el país recibía cifras históricas por la exportación de crudo, la empresa experimentaba una caída sostenida en su capacidad productiva, acumulaba deudas y perdía activos estratégicos porque los dólares que entraban al país por la venta de crudo se diluían entre esquemas de malversación, corrupción y decisiones financieras opacas.
Uno de los mayores desfalcos
La organización destaca que la magnitud de los delitos, la cantidad de funcionarios implicados y el volumen de recursos comprometidos configuran uno de los mayores desfalcos documentados en la historia contemporánea de América Latina.
Los antecedentes se remontan a decisiones tomadas durante el gobierno de Hugo Chávez.
Entre ellas, la concentración de poder en la gestión petrolera bajo una misma figura —Rafael Ramírez, quien simultáneamente dirigió Pdvsa y el Ministerio de Petróleo— y la progresiva eliminación de mecanismos de rendición de cuentas internacionales, como el cese de reportes a la Securities and Exchange Commission.
Bajo el argumento de la soberanía, la estatal dejó de someterse a estándares de transparencia globales.
A partir de entonces, comenzaron a acumularse irregularidades que, con el tiempo, derivaron en investigaciones en múltiples jurisdicciones. Uno de los primeros grandes escándalos estalló en 2011 en Estados Unidos, cuando se detectó el uso indebido del fondo de pensiones de trabajadores de Pdvsa mediante un esquema fraudulento de tipo piramidal.
El caso, vinculado al financista Francisco Illarramendi, dejó pérdidas millonarias para inversionistas y evidenció cómo fondos públicos podían ser canalizados a través de estructuras financieras complejas para beneficio privado, según Transparencia Venezuela.
Contratos a cambio de comisiones
En 2015, la detención de contratistas vinculados a la estatal, en una trama que involucró a decenas de personas y múltiples países, reveló el funcionamiento de redes de sobornos que operaban aprovechando distorsiones económicas internas, como los controles cambiarios.
Estas estructuras permitían la adjudicación de contratos a cambio de comisiones ilegales y se consolidó un sistema donde la corrupción se institucionalizó como mecanismo de acceso a negocios con el Estado.
Durante los primeros años del chavismo, Venezuela recibió más de 1 billón de dólares por exportaciones de crudo, impulsadas por altos precios internacionales y una producción que superaba los 2 millones de barriles diarios.
Especialistas sostienen que Pdvsa no solo fue objeto de corrupción, sino también instrumento para operaciones de legitimación de capitales. A través de mecanismos como la sobrefacturación, el uso de intermediarios, contratos ficticios y triangulación de pagos, la industria petrolera habría facilitado el movimiento de fondos ilícitos a escala internacional.
En este proceso, la reputación internacional de Pdvsa, que era considerada una de las principales empresas energéticas del mundo, se deterioró. Analistas citados por la ONG coinciden en que hoy la estatal enfrenta no solo una crisis operativa, sino también un severo problema de credibilidad, que dificulta la atracción de inversiones y limita sus posibilidades de recuperación.
Además de eso, las investigaciones internas, cuando han ocurrido, han estado marcadas por lo que se conoce “justicia selectiva”. Casos que permanecieron años sin avances comenzaron a moverse solo cuando determinados actores rompieron con el poder político.
El escándalo de Tareck el Aissami
El caso de Tareck el Aissami, quien ocupó posiciones clave en el aparato de poder, representa uno de los episodios más escandalosos en la historia reciente de la corrupción dentro de Pdvsa. Su caída dejó al descubierto un sistema que durante años operó en total impunidad.
El Aissami, exministro de Petróleo, fue durante años una de las figuras más influyentes del régimen de Nicolás Maduro. Desde esa posición, ejercía control sobre la industria petrolera en uno de sus momentos más críticos, cuando se registró una dramática caída de la producción, se aplicaron las sanciones internacionales y la creciente dependencia de esquemas paralelos de comercialización de crudo.
Implementó durante su gestión mecanismos opacos para evadir restricciones financieras, incluyendo la utilización de intermediarios, acuerdos no convencionales de intercambio (como petróleo por bienes o servicios) y redes de comercialización poco transparentes.
El escándalo estalló en 2023, cuando el propio régimen anunció una serie de investigaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la estatal petrolera, un caso que llamó Pdvsa-Cripto.
Desaparecieron miles de millones de dólares
Las acusaciones apuntaban a la desaparición de miles de millones de dólares provenientes de la venta de crudo, particularmente en operaciones realizadas sin controles administrativos claros ni mecanismos efectivos de cobro. La cantidad total no está clara de forma oficial, pero estimaciones señalan que podrían superar los 20.000 millones de dólares.
Según las investigaciones, parte de los ingresos derivados de exportaciones petroleras no ingresaban a las cuentas oficiales del Estado, sino que quedaban retenidos en estructuras paralelas controladas por intermediarios o actores internos. Este esquema habría permitido la acumulación de deudas impagas por cargamentos de petróleo, replicando patrones ya documentados en años anteriores.
La organización afirmó que la reacción del gobierno fue selectiva porque decenas de funcionarios, empresarios y operadores vinculados al sector petrolero fueron detenidos o investigados, en lo que se presentó como una ofensiva anticorrupción. Sin embargo, la salida de El Aissami, quien renunció a su cargo en medio del escándalo, estuvo rodeada de opacidad.
Vehículo para la corrupción
El Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando anunció sanciones a Pdvsa en 2015, afirmó que la empresa durante mucho tiempo se usó como un vehículo para la corrupción y afirmó que desde el poder se diseñó una variedad de confabulaciones para malversar miles de millones de dólares para beneficio personal de funcionarios y empresarios venezolanos corruptos.
Indicó que en 2014 se diseñó una trama de cambio de divisas para malversar y lavar alrededor de 600 millones de dólares de la empresa que presuntamente se obtuvieron a través de sobornos y fraudes. Para mayo de 2015, enfatizaron las autoridades estadounidenses, la conspiración supuestamente se había duplicado a 1.200 millones de dólares.
“Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que era director ejecutivo de Planificación Financiera de Pdvsa, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el plan internacional de miles de millones de dólares para lavar fondos malversados de Pdvsa”, añadieron.
Asimismo, el departamento puntualizó que, en otro caso, fiscales de Estados Unidos alegaron que de 2011 a 2013 funcionarios de alto rango del gobierno de Venezuela y de Pdvsa, incluyendo a Nervis Villalobos, exviceministro de Energía; Rafael Reiter, quien trabajó como jefe de seguridad y prevención de pérdidas de Pdvsa; y Luis Carlos de León, exfuncionario de electricidad, buscaron sobornos y bonificaciones de los proveedores.
A cambio, los ayudarían a asegurarse contratos de Pdvsa y a obtener prioridad sobre los demás proveedores en cuanto a las facturas pendientes de pago durante su crisis de liquidez.
