Desde el pasado 03 de enero 2026, el país continúa sufriendo las acciones de las instituciones estatales que agravan las condiciones de vida de la población, en cualquier ciudad, pueblo, en carreteras y avenidas permanecen alcabalas móviles hostigando a los ciudadanos, requiriendo sus celulares, en procura de “enemigos del régimen o de colaboradores del imperialismo”.
Mediante un decreto firmado por Nicolás Maduro antes de ser extraído en su aciaga madrugada, el exmandatario usurpador hoy preso en una cárcel de Nueva York, pretende sostener desde su celda el terror, el amedrentamiento como política de estado, esta vez aplicada por su ilegal sucesora Delcy Rodríguez hoy presidenta de facto.
El decreto de estado de conmoción exterior dictado por el gobierno venezolano ordena a las policías “emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos contra el territorio de la República”.
Por tanto, celebrar públicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores detenido por parte de tropas de Estados Unidos, o respaldar los inéditos bombardeos de Washington, se ha convertido en lo más cercano a un delito en Venezuela, convirtiéndose los ciudadanos en objetivos permanentes de colectivos, policía nacional, y demás cuerpos del estado. De allí la persistencia en Caracas y ciudades y pueblos del interior de retenes no solo dirigidos por policías y militares, sino también por civiles armados, presuntos miembros de los colectivos, grupos paramilitares controlados por el régimen.
Quienes requisan arbitrariamente celulares, laptops contravienen la constitución de la república, que establece en los artículos 48 la garantía del secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas y el artículo 49 donde indica serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.
Además de la restricción al derecho a la libertad, la resolución de conmoción exterior también autoriza a las autoridades a limitar garantías como las de reunión, manifestación y libre tránsito durante 90 días, prorrogables por un período similar, por lo cual el derecho a la protesta pública considerada hoy necesaria ante la ruina y la miseria de la población se considera también un delito.
En el artículo 2 del decreto igualmente se autoriza al gobierno a ordenar la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado. El personal de tales servicios o empresas quedará sometido temporalmente al régimen militar”. Así también el decreto de marras en el artículo 11 alienta la delación a las autoridades cuando “exhorta a toda la población, en cada rincón del país, a asumir con firme fervor patriótico la defensa de nuestra nación”.
En el contexto de este clima de acoso a la población el régimen ha intentado esconder las verrugas de la tiranía, asomando liberaciones selectivas de presos políticos, disfrazadas de excarcelaciones que condicionan la libertad con medidas cautelares y regímenes de presentación, cuando la exigencia de los familiares, de las ONGs de DDHH, la comunidad internacional, es la libertad plena de los afectados conjuntamente con la limpieza de todos sus expedientes, sin cargo alguno al no cometer ningún delito por exigir la plena vigencia de nuestra Constitución de la Republica y el respeto al resultado de las elecciones presidenciales del 28 J de 2024.
La suspensión inmediata de este decreto aberrante conjuntamente con la liberación inmediata de todos los detenidos, los cuales suman según las ONGs mas de 800 a nivel nacional, debiéndose incluir no solo los detenidos en el Helicoide o en el Rodeo, debe extenderse a todas las cárceles ubicadas en las principales capitales de estado, donde sobreviven cientos de ciudadanos temerosos de perder sus vidas, como ha acontecido con los lamentables 26 fallecimientos bajo la custodia del régimen gestionado por Maduro desde 2013.
En la última semana se corrobora el mantenimiento de la politica de “puerta giratoria”, las autoridades no solo han seguido aprehendiendo a opositores y dirigentes sindicales, sino que también han aprobado leyes que castigan hasta 20 años de cárcel a quienes respalden acciones de protesta por exigir salarios justos, atención médica y la libertad de expresión.
La suspensión de toda medida coercitiva de la libertad del ser humano consagrados en nuestra Constitución debe reforzarse conjuntamente con la liberación total de los presos políticos: militares, dirigentes políticos, sindicales, sociales, de la suspensión de todas las medidas cautelares a decenas de miles de ciudadanos quienes hoy pululan en tribunales amenazados de delitos que nunca cometieron, solo inventados por los cuerpos policiales quienes aplican la matraca en dólares como condición para liberarlos.
Estas medidas constituyen la primera fase de la esencia de una verdadera transición, que hasta hoy no debe reducirse solo al castigo de un exmandatario en una cárcel de EEUU, sino al inicio del fin de un régimen nefasto que ha impedido el ingreso de pleno de nuestro pais a la modernidad y a la democracia del siglo XXI.
Movimiento Laborista.
