En un movimiento que pareció ejecutado con precisión de relojería, la emisión de la Licencia General 57 por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con la que se reconecta al Banco Central de Venezuela (BCV) y a la banca pública con el sistema global, abrió las compuertas para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial anunciaran el restablecimiento de relaciones con el país.
Este hito, que pone fin a casi una década de aislamiento, no es solo un trámite diplomático; es, en palabras de los expertos, el inicio de una auditoría profunda a la nación y la oportunidad de acceder a activos congelados.
Consultados sobre el impacto que tendrá para Venezuela contar de nuevo con el multilateral, los economistas Leonardo Vera Azaf, Luis Crespo y Alejandro Grisanti coinciden en que se trata de una oportunidad para acceder a financiamiento tan necesario en estos momentos y reconstruir la data económica del país, siempre y cuando el relacionamiento esté acompañado de un equipo frente al BCV que pueda responder a la coyuntura.
La reconexión financiera
Para el economista y profesor universitario Leonardo Vera Azaf, lo ocurrido fue una «operación muy coordinada» donde la Licencia General 5, emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), actuó como la llave maestra para permitir que el resto de los pasos llevarán a la reconexión de Venezuela con el mercado financiero internacional.
Vera explicó que esta habilitación permite al BCV volver a operar fluidamente, recibiendo y haciendo pagos en el exterior como agente del Tesoro venezolano. “Un Banco Central habilitado y listo para reconectarse con el mundo financiero internacional era una condición muy importante”, señaló, sugiriendo que el reconocimiento del FMI fue la respuesta inmediata a esta señal de Washington.
Esta visión de «nueva etapa» es compartida por el también economista y docente Luis Crespo, quien define el restablecimiento de relaciones como una rectificación necesaria a errores del pasado que sumieron al país en una «letanía de aislamiento».
Crespo enfatizó que la noticia saca a Venezuela de una posición crítica, permitiendo abordar de inmediato la tarea pendiente del tipo de cambio y la inflación con asistencia técnica de primer nivel.
Por su parte, Alejandro Grisanti, director socio de Ecoanalítica, añadió un matiz operativo al explicar que la flexibilización no solo reinserta al Estado, sino a los agentes económicos y personas que han sufrido el cierre de cuentas internacionales y barreras de cumplimiento casi infranqueables en los últimos siete años, aunque se trata de un proceso que tomará tiempo.
La recompensa inmediata: 4.900 millones de dólares
Un punto de total coincidencia entre los tres expertos es el acceso a los Derechos Especiales de Giro (DEG), esos recursos que rondan los 4.900 millones de dólares y que el FMI distribuyó durante la pandemia y que Venezuela, aunque es miembro fundador, no pudo tocar por falta de reconocimiento político.
Leonardo Vera aclaró que estos fondos no son un préstamo, sino recursos que ya pertenecen a Venezuela y que «ya están en las reservas, pero sin disponibilidad».
En este sentido, su recomendación es que sean empleados para fortalecer el mercado cambiario, con lo que coincide Crespo, quien apuntó que este «auxilio financiero» es de acceso inmediato.
A estos fondos congelados se refirió este viernes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien señaló, durante un acto televisado que los “servicios básicos serán atendidos de manera inmediata con estos recursos que estaban bloqueados en el Fondo Monetario internacional”.
Un examen para Venezuela
Pero, aunque estos fondos podrían ser de acceso inmediato para Venezuela, los economistas ponen la lupa en las condiciones que el país debe asumir para que el restablecimiento de relaciones sea real y le permita acceder a fondos internacionales.
Vera remarcó que no hay cheques en blanco y que la primera obligación ineludible es el cumplimiento del artículo IV del convenio del FMI que implica una revisión técnica a las condiciones macroeconómicas del país.
“Todo miembro del Fondo Monetario debe admitir la presencia de una misión técnica para que haga esa supervisión del país y genere un informe. Ese informe va al directorio. Esta es una obligación que tiene Venezuela que no ha cumplido y que debe cumplir tan pronto solicite cualquier ayuda del Fondo”, detalló.
Esto, explicó, implica que estos especialistas entren al país y soliciten una revisión de las estadísticas venezolanas, comenzando por las de finanzas públicas, Petróleos de Venezuela (PDVSA), laborales, información del sector macroeconómico real, entre otras.
Sobre este punto, Grisanti enfatizó que cualquier firma de un acuerdo más general (distinto a los 4.900 millones de dólares) se tendría que hacer después del artículo IV.
“Estaríamos hablando prácticamente de finales de este año o principios del año que viene. Por lo que, además de los 5.000 mil millones que estaban congelados, yo no esperaría más fondos este año. Esperaría la posibilidad de ir a un programa con el fondo de cara al 2027”, dijo.
Cambio de fondo o de forma
Aunque reconoce «señales de buena fe» en lo económico, como la modificación de las leyes de Hidrocarburos y Minas y la firma con Chevron Crespo advierte que en lo político no ve transformación.
«El tren ejecutivo son los mismos que han diseñado las políticas económicas que han tenido terribles resultados en las últimas décadas. Hay continuidad política en el Ejecutivo nacional. Ahora hay unos virajes en materia económica que son significativos, incluso los venezolanos están esperando que esa buena fe se exprese a un ajuste salarial para el primero de mayo”, planteó.
Consideró que las decisiones económicas cargadas de “dogma político” generaron un daño reputacional y costos transaccionales y estructurales al país por años, lo que generó un “profundo aislamiento” y una deuda pública que espera que pueda ser atentado con el restablecimiento de relaciones con el FMI y el Banco Mundial.
Vera, por el contrario, ve en los cambios de directiva del BCV una oportunidad para minimizar riesgos de corrupción y despilfarro.
Al ser consultado sobre el temor ciudadano a que estos nuevos recursos se pierdan en la opacidad, Vera es optimista al considerar que un nuevo directorio del BCV ayudará a gestionar recursos de forma transparente, por lo que debe estar integrado por autoridades «solventes desde el punto de vista moral» que actúen bajo criterios técnicos y no parcialidades políticas.
«El Fondo es muy celoso cuando presta dinero, le hace un seguimiento muy estrecho (…) si cree que se está usando mal, paraliza los desembolsos», dijo.
Pero Grisanti aseguró que, pese a los obstáculos, en este nuevo relacionamiento es posible la reestructuración de la deuda venezolana, en mora desde 2017.
Aclaró que esta reestructuración debe hacerse «de la mano del FMI». Sin embargo, situó la posibilidad de un programa formal de financiamiento (más allá de los DEG) para el año 2027, tras un largo periodo de «limpieza» de cifras.
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