La posibilidad de una reestructuración ordenada y cercana de la deuda venezolana se mantiene lejana, a pesar del nuevo escenario político abierto tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un gobierno de transición con respaldo de Estados Unidos.
Oxford Economics, a través de su filial Alpine Macro, advirtió que los riesgos legales, la complejidad de la deuda y la falta de reformas estructurales limitan la capacidad del país para normalizar relaciones financieras con los acreedores en el corto plazo.
El interés de los mercados por los activos venezolanos ha crecido tras señales de apertura económica y reformas incipientes en el gobierno chavista, presionado por sanciones, amenazas de intervención militar y aislamiento diplomático. Sin embargo, el escenario de retorno a los mercados internacionales de capital se percibe como prematuro y frágil, tanto por los obstáculos políticos como por las condiciones macroeconómicas del país.
Dan Alamari, estratega geopolítico jefe de Alpine Macro, fue claro al advertir que el entusiasmo inversor puede estar anticipando un proceso que tardará más tiempo en consolidarse. “No creo que Venezuela sea invertible y que vaya a ser invertible en un buen tiempo”, afirmó. “Creo que la esperanza de una reestructuración rápida de la deuda venezolana es quizás demasiado optimista”.
Reestructuración desordenada
Alamari señaló que la deuda externa venezolana ronda los US$150.000 millones, de los cuales cerca de US$60.000 millones están en bonos, mientras que el resto corresponde a deudas bilaterales y obligaciones con acreedores como China, muchas de ellas colateralizadas con petróleo. La complejidad legal de los títulos, con cláusulas de acción colectiva exigentes, sumada a las sanciones aún vigentes, impide por ahora avanzar en un proceso estructurado.
“Antes que nada, hay que remover las sanciones de Estados Unidos, lo que aún no ha ocurrido. Luego hay que entablar una negociación que probablemente será larga”, sostuvo Alamari. También advirtió sobre el rol de Beijing, que podría dificultar los acuerdos multilaterales y dijo que “China tiene una participación relativamente pequeña, pero su deuda está colateralizada con envíos de petróleo, lo que le da poder de negociación”.
El estratega descartó que el proceso venezolano pueda seguir el modelo de Irak tras la intervención de 2003, cuando se produjo una condonación de deuda liderada por el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. “No creo que el recorte de deuda estilo Irak impulsado por actores geopolíticos mayores aplique en el caso venezolano”, sostuvo Alamari.
La cautela sobre los tiempos y condiciones también se extiende al mercado secundario de bonos. Alamari sugirió que los precios actuales pueden no reflejar los riesgos reales. “No creo que la deuda venezolana se reestructure en el próximo año. Si tuviera que adivinar, diría que es más bien una historia de dos años o más y que será desordenada”, consideró.
Desde la perspectiva de inversión, Oxford Economics no ve posicionamientos agresivos. La posibilidad de instrumentos financieros como ETFs sobre activos venezolanos ha sido discutida, pero con escepticismo. “Creo que es un poco prematuro, especialmente para inversores minoristas. Esta transición política e institucional tomará al menos uno o incluso tres años”, concluyó Alamari.
Cambio político en América Latina
El giro en la política estadounidense hacia Venezuela ha tenido repercusiones en América Latina, tanto a nivel geopolítico como en los mercados financieros. La operación militar que condujo a la captura de Maduro ha sido bien recibida por la opinión pública regional. Según un sondeo citado por Oxford Economics, en la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Argentina y Perú, más del 50% de los encuestados aprueba la intervención.
“La intervención venezolana de Estados Unidos ha sido muy exitosa para remover un actor que era generalmente rechazado”, afirmó Alamari. Esta percepción positiva ha reducido los temores iniciales de una reacción nacionalista o antiestadounidense en la región, según el analista.
Además, el contexto político regional ha girado hacia el centro y la derecha, con una oleada de gobiernos no alineados con el chavismo en países clave como Chile, Paraguay y Uruguay. Oxford Economics destacó que este entorno político más favorable al mercado contribuye a un mejor desempeño relativo de los activos latinoamericanos.
Los datos de Alpine Macro muestran que desde enero de 2025 los retornos totales de las acciones en América Latina han superado a los del índice global emergente y al S&P 500. Brasil, Colombia y Perú lideran el repunte bursátil, mientras que Argentina y México muestran una evolución más contenida.
El futuro del petróleo y las inversiones
La magnitud real de las reservas de petróleo en Venezuela continúa siendo motivo de controversia. Según Alamari, “no sabemos si Venezuela realmente tiene las mayores reservas del mundo. Las estimaciones se dispararon tras la llegada de Hugo Chávez y no está claro si esos números son reales”. Esta incertidumbre afecta las proyecciones de largo plazo sobre el potencial de inversión en el sector energético nacional.
Pese a esas dudas, la normalización paulatina de las relaciones con Washington ha permitido a empresas como Chevron (CVX) mantener operaciones en el país. Sin embargo, otras compañías como ExxonMobil (XOM) han expresado su negativa a volver sin un marco jurídico más claro. “Las grandes petroleras estadounidenses no van a entrar hasta que haya un régimen de inversión claro que proteja a los inversionistas”, indicó Alamari.
Según las proyecciones de Oxford Economics, la producción petrolera venezolana podría alcanzar 1,5 millones de barriles diarios para 2027, desde los 1,1 millones actuales. Chevron ha prometido aumentar su producción en 125.000 barriles por día. No obstante, para alcanzar niveles previos a las sanciones, se requerirían inversiones por encima de los US$100.000 millones durante más de una década, algo que se considera poco probable sin garantías legales plenas.
“El sector petrolero necesita entre US$100.000 millones y US$150.000 millones en inversión durante los próximos 10 a 15 años. Eso no va a suceder en el corto plazo”, dijo Alamari.
Aunque la producción venezolana de crudo pesado tradicionalmente se dirigía a refinerías ubicadas en el sur de Estados Unidos, la infraestructura actual ha cambiado. Alamari advirtió que “muchas refinerías en el sur de Estados Unidos que procesaban crudo pesado venezolano han sido reprocesadas para procesar crudo canadiense”. Esto implica que un eventual retorno del petróleo venezolano al mercado estadounidense requeriría ajustes técnicos o competiría en condiciones menos favorables.
En el ámbito macroeconómico, las previsiones de crecimiento son positivas pero sujetas a riesgos políticos. Oxford Economics estima un crecimiento del PIB de 4,2% para 2026 y una producción petrolera de 1,17 millones de barriles diarios. También proyecta una mejora gradual en el saldo por cuenta corriente y en las reservas internacionales, que alcanzarían los US$17.096 millones en 2028. Sin embargo, la inflación sigue siendo elevada, con una proyección de 279,9% para 2026.
“El gobierno intentará estabilizar la moneda mientras crea espacio para la sociedad civil y reformas democráticas. Aún estamos en una fase muy temprana del proceso”, advirtió Alamari.
Pese al nuevo equilibrio geopolítico en Venezuela y a las señales iniciales de apertura económica, los plazos de normalización financiera y reintegración plena a los mercados siguen sin estar definidos. La incertidumbre institucional, los desafíos legales de la deuda y la fragilidad macroeconómica continúan siendo barreras estructurales para los inversionistas globales.
El escenario de transición política no está exento de riesgos estructurales. Alamari reconoció que “hay una posibilidad de retroceso, una posibilidad de más violencia, y una posibilidad de una intervención militar estadounidense si el gobierno no cumple con sus compromisos”.
El proceso venezolano se perfila como una transición prolongada, con avances graduales que estarán condicionados tanto por la presión externa como por la voluntad del nuevo liderazgo político de consolidar reformas sostenibles.
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