Cada vez que estalla un conflicto bélico en Oriente Próximo, Venezuela recibe el siniestro privilegio de un aumento considerable de sus ingresos petroleros. Las principales potencias consumidoras reaccionan con nerviosismo y, temerosas de que el petróleo escasee y suban los precios, se apresuran a comprar grandes cantidades de crudo para sus reservas. La escasez y el aumento de la demanda disparan los precios. El país se llena de petrodólares y se recrudecen las patologías de la Venezuela rentista.
Este ciclo se ha repetido una y otra vez sin que Venezuela haya aprendido a manejar sin traumas la alternancia entre períodos de abundancia y escasez. Cuando los precios suben, nos embriagamos en el festín de la abundancia. Creemos que la renta petrolera seguirá creciendo y no nos preparamos para los tiempos de escasez. Y cuando los precios se desploman y cae la producción, nos convencemos de que la era del petróleo llegó a su fin. Tampoco entonces nos preparamos para administrar con inteligencia la próxima crisis de abundancia.
Este es el momento más crítico en la historia de la Venezuela rentista. El sistema de licencias impide que la renta petrolera llegue al erario nacional de forma directa. Su reparto clientelar deja de ser un mecanismo de poder y dominación y pasa a convertirse en un instrumento de tutela y subordinación.
Según la Orden Ejecutiva 14373 dictada por Donald Trump, los ingresos por ventas de crudo venezolano se depositan directamente en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. No tienen que pasar necesariamente por la cuenta creada inicialmente en Qatar para proteger esos ingresos de la rapiña de acreedores que reclaman cuantiosas indemnizaciones por expropiaciones.
Como se sabe, los activos en el exterior de la República de Venezuela y de Pdvsa están amenazados por demandas de numerosos acreedores, tenedores de bonos en default o laudos arbitrales de corporaciones extranjeras que buscan cobrar sus deudas con cargo a los ingresos del petróleo venezolano. En ese contexto, la mencionada orden ejecutiva protege el ingreso petrolero de cualquier intento de embargo por parte de acreedores privados. Cualquier sentencia judicial a su favor se considera nula o sin valor si socava la seguridad de Estados Unidos al restar recursos destinados a la ayuda humanitaria o a la estabilización económica de Venezuela para frenar la migración ilegal.
De hecho, la orden ejecutiva se denomina “Salvaguardando los ingresos petroleros venezolanos para el bien de los pueblos estadounidense y venezolano” y constituye la base de la arquitectura financiera diseñada por la Administración Trump para controlar los ingresos petroleros de Venezuela.
Con ese objetivo se crea la categoría de Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero (Foreign Government Deposit Funds). Estos fondos se alimentan de los ingresos derivados de la venta de recursos naturales de Venezuela —petróleo, gas, oro— y también de la venta de diluyentes a Pdvsa, del suministro de maquinaria y equipos a otras empresas del Estado venezolano y de la contratación de empresas estadounidenses para repotenciar la infraestructura del país.
A diferencia de esquemas anteriores, esta orden centraliza el control en el Ejecutivo estadounidense. Los fondos deben mantenerse en cuentas designadas del Tesoro de Estados Unidos. La Administración Trump actúa como custodio: reconoce que el dinero es propiedad de Venezuela, pero queda bajo control administrativo del secretario de Estado en coordinación con el secretario del Tesoro. Ambos tienen autoridad para instruir y autorizar cómo se mueven o gastan estos recursos.
La Administración Trump controla así el ingreso venezolano por ventas de petróleo. Bajo estricta supervisión, transfiere una parte al sistema bancario nacional para alimentar el mercado cambiario. Otra parte se destina a financiar exportaciones estadounidenses hacia Venezuela y a contratar obras para repotenciar la infraestructura eléctrica, de agua potable, gas y telecomunicaciones.
Venezuela puede y debe reivindicar la administración independiente y autónoma de su ingreso petrolero. Para lograrlo, sería necesario convertir las cuentas tuteladas en fondos soberanos. Su misión sería invertir los ingresos petroleros en depósitos, acciones, títulos de valores o proyectos rentables que generen intereses, dividendos y ganancias, aumentando así el tamaño del fondo.
De ese modo, Venezuela dejaría de gastar toda la renta petrolera en los tiempos de vacas gordas y empezaría a ahorrar para los de vacas flacas. Una parte de los rendimientos se destinaría a repotenciar la industria petrolera y generar ingresos que alimenten permanentemente el fondo. Otra parte se reinvertiría en proyectos seguros y rentables que lo hagan crecer aún más. Y el gobierno de turno ya no podría despilfarrar la renta petrolera: solo estaría autorizado a utilizar una fracción de esos rendimientos para financiar el presupuesto nacional.
Con la creación de fondos soberanos, la distribución clientelar de la renta petrolera dejaría de ser un mecanismo de dominación para premiar a los incondicionales, comprar a los indecisos y castigar a los opositores. Sería el fin de la Venezuela rentista, en la que el uso discrecional de la renta petrolera sostuvo durante décadas el control político de la economía y de la sociedad venezolana.
