Profesionales petroleros expatriados se muestran muy reacios a regresar a Venezuela

Casi 20.000 profesionales venezolanos residen en el exterior y alegan razones familiares y profesionales para no regresar a Venezuela, un entorno que -dicen- aún no ofrece las garantías necesarias.

Informes recientes destacan el dilema a la que se enfrentan los profesionales petroleros venezolanos en el extranjero y las empresas petroleras estadounidenses en relación con la recuperación del sector petrolero venezolano.

Casi 20.000 expertos petroleros venezolanos, muchos de ellos antiguos ejecutivos e ingenieros de PDVSA, residen actualmente en Houston, Texas, donde ocupan puestos en grandes empresas como Chevron, Shell y Exxon.

A pesar de su experiencia y proximidad física, la mayoría se muestra reacia a regresar a Venezuela debido a la incertidumbre política, las preocupaciones en materia de seguridad y el deterioro del sector petrolero del país, de acuerdo con una nota de Bloomberg.

Antiguos ejecutivos de PDVSA, como Luis Pacheco y Francisco Monaldi, señalan que décadas de mala gestión y expropiaciones han diezmado la producción petrolera de Venezuela.

A pesar de la reciente extracción del gobernante Nicolás Maduro, por parte de fuerzas militares de Estados Unidos y los planes de transición política, la falta de un marco institucional estable, transparente y aplicable hace que regresar sea arriesgado desde el punto de vista profesional.

Las comunicaciones de la administración estadounidense a las compañías petroleras indican que la infraestructura petrolera de Venezuela se encuentra en un estado de deterioro crítico, lo que requiere enormes inversiones de capital antes de que las operaciones puedan reanudarse de forma segura.

Los problemas de infraestructura van desde refinerías y oleoductos obsoletos hasta yacimientos de crudo pesado con inversión insuficiente.

Consideraciones personales y familiares

Muchos profesionales están bien establecidos en Texas, con familias, negocios y estabilidad financiera. Regresar supondría una importante alteración personal.

La edad, las responsabilidades familiares y los incentivos económicos son factores fundamentales a la hora de decidir si regresar de forma temporal o permanente.

Los gerentes expatriados insisten en que es imprescindible contar con garantías legales claras, transparencia normativa y medidas de seguridad personal.

Sin garantías, ni siquiera los profesionales con experiencia están dispuestos a trabajar como personal operativo en las instalaciones venezolanas.

El conflicto

Esta diáspora de talento humano altamente calificado de la industria petrolera se inició en 2003 cuando el expresidente Hugo Chávez despidió, a través de los medios de comunicación, a la plana mayor y a más de 17.000 empleados de la nómina menor: obreros, secretarias, operadores de plantas, capataces, supervisores de mandos medios, entre otros cargos de PDVSA.

Esta drástica decisión se produjo en medio de un conflicto político de dimensiones históricas que enfrentó al gobierno venezolano con los principales gremios empresariales, la mayor central sindical del país y la gerencia de PDVSA, cuyo control estratégico y operativo estaba en la médula del conflicto.

En la actualidad, más de 20 años después

La administración Trump ha puesto como condición para el reembolso de activos y la recuperación de recursos expropiados anteriormente que las empresas estadounidenses inviertan en la reconstrucción de infraestructuras.

Chevron, que tiene una licencia especial expedida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del gobierno estadounidense, mantiene sus operaciones y demuestra cómo las empresas estadounidenses podrían sortear la incertidumbre normativa y de seguridad.

Otras compañías de alto calibre como ExxonMobil y ConocoPhillips siguen mostrándose cautelosas debido a las incautaciones de activos que se han producido en el pasado.

Los responsables políticos estadounidenses consideran que la aceleración de las inversiones es una forma de evitar que competidores como China dominen las exportaciones de petróleo venezolano y de garantizar el flujo de crudo pesado a las refinerías del Golfo de Estados Unidos.

Por todas estas razones, la activación de capital humano de alta calificación, experiencia y comprobada capacidad resulta indispensable en esta nueva etapa.

Muchos profesionales venezolanos en el extranjero están dispuestos a asesorar, consultar o participar temporalmente si las condiciones institucionales y financieras son favorables.

Sin embargo, debido a las incertidumbres políticas, de seguridad e infraestructurales mencionadas anteriormente, la mayoría no está preparada para trasladarse de forma permanente a Venezuela a corto plazo.

Organizaciones como la Asociación Venezolano-Estadounidense del Petróleo tienen como objetivo mantener y canalizar la experiencia profesional en previsión de condiciones favorables.

El reto principal es conciliar la urgente necesidad de Venezuela de reactivar la industria petrolera con las expectativas personales, económicas y profesionales de su mano de obra petrolera expatriada.

Sin reformas que garanticen la seguridad jurídica, la estabilidad política y la viabilidad de las infraestructuras, los expertos petroleros venezolanos siguen siendo activos valiosos, pero físicamente distantes, dispuestos a contribuir solo en circunstancias cuidadosamente controladas.

En resumen, los expatriados petroleros venezolanos que se necesitan desesperadamente para reconstruir la industria se muestran reacios a regresar a su país, y dan prioridad a la seguridad, la fiabilidad institucional y la estabilidad personal por encima de las oportunidades profesionales en la propia Venezuela.

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Jorge Castañeda: ¿Ataque inminente? Posibles rutas de respuesta

Después de la diatriba de Trump en Doral burlándose de Claudia Sheinbaum, donde además afirmó que México era el “epicentro” de los cárteles en América Latina, muchos se preguntan si no es inminente algún tipo de ataque norteamericano en México. Si además se lee con cuidado el comunicado de los 17 ministros de defensa o de seguridad publicado ese día, donde se consagra el enfoque militar del combate al crimen organizado —primera vez que Estados Unidos hace suya la “guerra de Calderón”— no es difícil concluir que algo va a suceder en México en los próximos meses. Tal vez el Mundial ayude a posponer cualquier decisión norteamericana, pero algún tipo de intervención podría suponerse como inevitable.

La disyuntiva para el gobierno mexicano se presenta entonces del modo siguiente: ¿Existe alguna manera de evitar dicha acción militar estadounidense? ¿O conviene más bien resignarse ante ella, y protestar cuando acontezca, sacando algún provecho político interno del acto agresivo? La discusión alrededor de Sheinbaum posiblemente gire en torno a estas preguntas.

Una primera respuesta residiría en adoptar una postura claramente mexicana: aceptar el involucramiento de efectivos y/o misiles-drones en operaciones conjuntas, disimulando lo más posible la presencia de militares o agentes de Estados Unidos. En teoría no debe ser imposible, sobre todo si los efectivos son mexicano-norteamericanos, hablan español, visten uniformes mexicanos —probablemente ya sucedió en sexenios anteriores— y si los instrumentos de guerra utilizados pueden aparentar ser lanzados desde territorio mexicano con una especie de astronauta nacional al mando (como Neri Vela: “Don´t touch”) Algunos sospecharían la verdad, pero gracias al control de medios que ejerce Ramírez Cuevas, se antoja factible callar casi todo.

El problema radica en la obsesión mediática de Trump y en su carácter imprevisible. Todo esto es susceptible de pactarse con sus colaboradores, incluyendo un acuerdo de sigilo o reserva. Pero nada asegura —y más bien lo contrario— que Trump no divulgaría todo el esquema a las primeras de cambio, para recoger los beneficios mediáticos del proceso. Simplemente el gobierno de Sheinbaum no puede confiar en él, y con razón. Aceptar operaciones conjuntas en secreto implica aceptarlas algún día en público. El país y la base de Morena —y López Obrador— no parecen encontrarse listos para un tal desenlace.

La otra opción consiste en seguir diciéndole que no a Trump, con la famosa y medio confusa cabeza fría, sabiendo que cualquier día se puede producir la acción unilateral. Al ocurrir, Sheinbaum puede cantar el himno nacional, envolverse en la bandera, y apelar a los supuestos sentimientos nacionalistas de los mexicanos para movilizar protestas y eventos de solidaridad: una unidad nacional a la Ávila Camacho, sin guerra ni verdadera unión. Muchos aplaudirían.

El rechazo se vería necesariamente acompañado de una serie de pasos concretos en torno a la cooperación con Estados Unidos. Estos podrían extenderse desde notas diplomáticas hasta llamar a consultas al embajador en Washington —si es que el teléfono de Esteban Moctezuma funciona—, hasta medidas más drásticas, aunque provisionales. Incluirían la suspensión de los intercambios de inteligencia, una reducción del personal de seguridad norteamericano en México, el retiro de los militares mexicanos de sus labores anti-migratorias, la interrupción de pláticas sobre seguridad con Washington. Todas encierran un costo, pero serían dirigidas a la galería interna, y no resultaría imposible informar a gente en la administración Trump que México se ve obligado a todo ello, pero que no conviene responder, ya que todo pasará al cabo de un “intervalo razonable”, como dijo Kissinger a propósito de la caída de Vietnam del Sur.

Sheinbaum cosecharía todo tipo de elogios y simpatías, con un costo en apariencia relativamente bajo. Ayudaría a distraer del enfriamiento de la economía ya visible en febrero, y que probablemente se prolongue, así como de la decepción ineluctable ante el reducido público extranjero que acudirá al Mundial. Mientras Trump no enloquezca, se trata quizás de una estrategia inteligente. Tengo la impresión que ya la ha adoptado el gobierno.

El inconveniente radica en el proverbial “slippery slope”. Si el mandatario de Estados Unidos concluye que intervino sin suscitar una respuesta radical de los mexicanos, se puede ver tentado de seguir por ese camino. Habría más y más operativos, contra blancos cada vez más diversos: laboratorios, trailers, trenes, narco-políticos, capos, etc. Es el camino de la escalada.

En todo caso, por ahora hablamos de puras conjeturas. En cambio, la adopción por Washington y 16 gobiernos latinoamericanos de la militarización del combate al crimen organizado constituye ya una realidad. A la que los países no invitados —Brasil, Colombia, Guatemala y México— debieran responder pronto. Supongo que para eso conversaron ayer Sheinbaum y Lula.

La respuesta se antoja sencilla. Sin estridencia ni retórica excesiva, simplemente afirmar que la militarización no es el camino, que ya se ha intentado y ha fracasado, y que se requiere un enfoque diferente -civil, de salud pública, de inteligencia y financiera- para tener éxito. Juan Manuel Santos, por ejemplo, se las podría redactar en dos patadas. Aunque no podría resolver la contradicción mexicana: nuestra estrategia es, justamente, militar.

Excanciller de México

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