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Republica del Zulia
Julio Portillo: Necesitamos entonces promover el regionalismo como protesta al excesivo centralismo en todos los órdenes. Tenemos que despertar la conciencia política de la provincia.
Estados Unidos destacó este jueves los avances de la tercera ronda de diálogo político en Venezuela, que concluyó con acuerdos para revisar leyes sobre inhabilitaciones políticas, y afirmó que más de 1.000 presos políticos han sido liberados desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.
El Departamento de Estado reiteró su exigencia de que sean excarcelados todos los presos políticos que permanecen detenidos. «Seguimos instando a la liberación inmediata de todos los presos políticos», señaló en un comunicado.
El comunicado firmado por el portavoz Tommy Pigott, destacó que el proceso de reconciliación, liderado por la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, y el Gobierno interino, busca «fortalecer las instituciones democráticas, ampliar las libertades políticas y sentar las bases para elecciones libres, justas y creíbles».
Entre los resultados de la última ronda, el Departamento de Estado señaló el compromiso de revisar varias leyes que considera «represivas» para ampliar las libertades políticas y sociales y garantizar la participación de todos los actores políticos.
Las delegaciones también acordaron crear una comisión paritaria para gestionar el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra.
El diálogo continuó este jueves con una reunión entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y los jefes negociadores, su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Washington también destacó los avances hacia la selección de 32 nuevos magistrados para reconstruir un Tribunal Supremo independiente, la recuperación del acceso a más de 70 páginas web previamente bloqueadas y los esfuerzos para reformar la Ley contra el Odio.
El secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió el 9 de octubre con Figuera, a quien elogió por su «valiente liderazgo» y pidió continuar avanzando en libertades políticas y reformas electorales.
La oposición ha señalado que la principal demanda del país es celebrar elecciones presidenciales y ha planteado que se celebren en 2027.
Sin embargo, no se ha alcanzado un acuerdo electoral concreto en las tres primeras rondas de conversaciones. Las próximas reuniones están previstas entre el 11 y el 15 de noviembre, según anunció Jorge Rodríguez. EFE
Como les ha sucedido a numerosos venezolanos en las últimas semanas, J. P., de 74 años y con doble nacionalidad venezolana y española, vio denegada su solicitud de entrada a Estados Unidos a través del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés). El motivo que aparecía en la notificación era escueto: «Proclamación presidencial que restringe la entrada a Estados Unidos». Se refería a las restricciones migratorias impuestas por la Administración Trump a los ciudadanos de determinados países, entre ellos Venezuela, que afectan a la expedición de visados de inmigrante y de determinadas categorías de visados temporales, incluidos los de turismo, negocios y estudios.
J. P., que prefiere mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias del chavismo, acudió finalmente al consulado estadounidense en Madrid. Allí, según su relato, una funcionaria le mostró el documento que había suscitado las dudas de las autoridades migratorias: una copia escaneada de su antigua ficha de ingreso en las Fuerzas Armadas venezolanas, con su firma de puño y letra. Él explicó que había prestado el servicio militar cuando todavía era obligatorio en Venezuela, antes de que la Constitución de 1999 prohibiera expresamente el reclutamiento forzoso, y que aquello no significaba que hubiera formado parte del aparato represivo del chavismo.
Este venezolano consiguió finalmente un visado estadounidense con una validez de diez años, pero otros no han tenido la misma suerte. ABC ha conversado con cuatro personas que describen situaciones similares: autorizaciones de viaje denegadas después de años entrando sin dificultades en Estados Unidos, obstáculos consulares y preguntas sobre antiguos expedientes personales o militares. Documentos que, según las fuentes consultadas por este periódico, hasta este año estaban en poder de los servicios de inteligencia venezolanos, entre ellos el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), uno de los principales organismos de Inteligencia y represión política del chavismo.
Lo que queda claro es que las autoridades estadounidenses tienen ya en su poder estos documentos, hasta ahora custodiados por el organismos de Inteligencia del chavismo, y que los están utilizando para examinar las solicitudes de entrada al país, incluso de personas que llevan décadas desvinculadas de las Fuerzas Armadas.
La aparición de estos expedientes coincide con nuevas informaciones sobre el grado de penetración estadounidense en los servicios de Inteligencia venezolanos. El periodista David Placer aseguró esta semana, en el Club de Prensa de NTN24, que Washington ha asumido parte de la supervisión operativa del Sebin, tanto en Caracas como en otras ciudades, y que determinadas operaciones de vigilancia y persecución política están siendo sometidas a autorización estadounidense. Según su relato, mandos medios y altos del organismo estarían colaborando con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos y facilitando información sobre actividades represivas y depósitos clandestinos de armamento.
Esta apertura, según fuentes en Washington, obedece a una decisión del propio Diosdado Cabello, quien busca mejorar su situación ante la Justicia estadounidense, estando imputado en una causa de narcoterrorismo y en busca y captura por una recompensa de 25 millones de dólares (22 millones de euros). Cabello tiene control sobre el Sebin por dos vías: su autoridad política como ministro del Interior y su relación directa con los mandos del organismo, incluido su actual director, Alexis Rodríguez Cabello, que es primo suyo.
Anotación en un visado con las restricciones a venezolanos.
Desde la Casa Blanca: el análisis de nuestro corresponsal sobre las decisiones que cambian el mundo.
Cabello aparece además señalado por fuentes de Inteligencia estadounidenses como co-conspirador en la nueva causa penal abierta en el Distrito Sur de Nueva York por las torturas infligidas a ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. Aunque la acusación no lo identifica expresamente por su nombre, las fuentes consultadas lo sitúan detrás de una clave, que corresponde a uno de los supuestos responsables de ordenar y supervisar los abusos.
El debilitamiento de Cabello también se refleja en sus relaciones con otros dirigentes del aparato de seguridad chavista. El general Gustavo González López, que fue uno de sus hombres de confianza y antiguo director del Sebin, fue nombrado ministro de Defensa, pero, según las informaciones recabadas por este periódico, ambos se han distanciado a medida que avanzaba su cooperación por separado con Estados Unidos, con la que buscarían mejorar sus respectivas situaciones ante la Justicia estadounidense y reducir eventuales imputaciones o condenas.
El político venezolano también ha visto disminuir su capacidad de maniobra sobre los grupos armados que durante años actuaron bajo el amparo del chavismo. Valentín Santana, dirigente del colectivo La Piedrita, ha llegado a denunciar que se encuentra «asediado», mientras se han puesto en marcha operaciones contra la guerrilla colombiana asentada en territorio venezolano, especialmente en las zonas fronterizas. Según las mismas fuentes, Cabello habría impedido anteriormente actuaciones de esta naturaleza, que ahora se estarían desarrollando sin que pudiera bloquearlas.
El Sebin, que durante años gestionó el Helicoide, uno de los centros de detención y tortura más notorios del mundo, había ido consolidándose más como un gran aparato de Inteligencia, con extensos archivos y expedientes sobre toda clase de ciudadanos venezolanos, tanto opositores como funcionarios, militares y dirigentes del propio régimen. Buena parte de las funciones de represión más directa habían recaído recientemente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un organismo de naturaleza militar al que Naciones Unidas ha atribuido graves violaciones de los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias y torturas.
Según las fuentes consultadas, Estados Unidos pretende intervenir también progresivamente en esa estructura, depurar sus mandos y desmantelar los mecanismos utilizados para la persecución política. Se trataría de una operación gradual, destinada a reducir la capacidad represiva de ambos organismos sin provocar una ruptura brusca del aparato de seguridad venezolano.
