Representantes de la ONU se reunieron con Delcy Rodríguez para evaluar la respuesta a la emergencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo la noche del miércoles una reunión con representantes del Sistema de las Naciones Unidas (ONU) para revisar los avances de la cooperación internacional destinada a atender a las comunidades afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Durante el encuentro participó el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla, quien reiteró que el organismo mantiene un trabajo coordinado con las instituciones venezolanas para ofrecer una respuesta técnica orientada a la recuperación de las zonas impactadas por los sismos.

La delegación de Naciones Unidas también estuvo integrada por Luis Francisco Thais, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Janeth Fernández, asesora en Medición de Necesidades Post Desastres; y Luis Bárcenas, asesor económico.

Por parte del Ejecutivo venezolano asistieron el vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial y ministro de Educación, Héctor Rodríguez; el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez; el ministro de Relaciones y Comercio Exterior, Félix Plasencia; y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

De acuerdo con una nota difundida por la Presidencia, Rodríguez agradeció el respaldo brindado por los organismos multilaterales y destacó la cooperación que la ONU ha mantenido en el marco del plan de asistencia humanitaria desplegado para apoyar a las personas afectadas por los movimientos telúricos.

La reunión entre el Gobierno venezolano y representantes de la ONU se produjo en medio de la actualización del balance oficial de los terremotos del 24 de junio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos ascendió a 5.398, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740.

Las autoridades también reportaron que 17.907 personas continúan damnificadas y que 128.324 familias han recibido atención. Asimismo, indicaron que 6.462 personas han sido rescatadas, permanecen activos 107 campamentos temporales con 23.335 albergados y se han contabilizado 1.463 réplicas desde los sismos.

En ese escenario, la ONU mantiene la coordinación con las instituciones venezolanas para respaldar las labores de asistencia humanitaria y recuperación de las zonas afectadas.

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JUSTICIA Y ELECCIONES Por Douglas Zabala

 

Se acabó la farsa “constitucional” justificada por el actual TSJ sobre la ausencia presidencial. Este martes Maduro fue llevado como reo por narcoterrorismo al tribunal de Nueva York. La Fiscalía propuso el juicio para junio de 2027, y el juez Hellerstein lo fijó. Nicolás se declaró "no culpable". Mientras tanto, en Caracas, la presidenta de la AN 2015, Dignora Figuera, anunciará el 1 de agosto el plan de aceleramiento hacia la transición.

 

Lo otro que también se acabó es el jueguito macabro del rodriguismo y Diosdado. Mientras Maduro goza en Nueva York de defensores privados, presunción de inocencia y audiencias públicas, ellos aquí desde Miraflores pretenden mantener aún tras las rejas a cientos de venezolanos cuyo único delito ha sido pensar diferente.

 

Sin embargo, la atención debe centrarse ahora en las autoridades que hoy ejercen el poder tutelado en Venezuela. No tienen excusa. La Constitución es clara en sus lapsos para la convocatoria a elecciones presidenciales. Si el objetivo es la transición definitiva, el primer acto de legitimidad de la Comisión que se activará el 1 de agosto debe ser el llamado a esos comicios ajustado a la Carta Magna.

 

No puede haber transición sin soberanía popular. El país exige fechas ciertas y un cronograma electoral que disipe cualquier sombra de continuismo encubierto. Además, la prueba de fuego para la Comisión de agosto es la liberación inmediata de todos los presos políticos que aún permanecen en prisión. No es un gesto de buena voluntad; es una obligación legal y moral.

 

El 1 de agosto no puede ser un anuncio hueco. Debe venir acompañado de la orden de excarcelación total de los presos políticos y la publicación de los plazos constitucionales para las presidenciales. El rodriguismo no tiene otra salida: o libera a los presos y se somete al cronograma electoral que establezca la Comisión presidida por Dignora Figuera, o la calle tendrá la última palabra.

 

Los venezolanos merecemos justicia, no venganza, y elecciones, no prórrogas. Esta es la oportunidad de demostrar que la detención de Maduro no fue un fin, sino el inicio de la reconstrucción democrática.