Sin un Banco Central creíble no hay transición económica posible Por Leopoldo Martínez Nucete

El Banco Central de Venezuela (BCV) es hoy mucho más que una institución económica debilitada. Es el reflejo más claro del colapso institucional del país en las últimas dos décadas.

Lo que fue concebido como garante de la estabilidad monetaria terminó convertido en un organismo subordinado al poder político, sin autonomía real, con graves déficits de transparencia y credibilidad. La destrucción del bolívar no fue un accidente: fue la consecuencia de la erosión sistemática de la institucionalidad monetaria.

En este período, el bolívar ha sufrido uno de los colapsos monetarios más dramáticos de la historia económica contemporánea, perdiendo en la práctica todo su valor. Venezuela registró una inflación anual de alrededor de 130.000% en 2018, una de las más altas jamás documentadas, y un promedio en la última década estimado entre 1.500% y 2.000% anual.

Aun con la desaceleración reciente, la inflación proyectada para 2026 —entre 80% y 120% anual— se mantiene entre las más altas del mundo, probablemente la mayor fuera de economías en conflicto abierto o colapso monetario extremo.

Durante años, el BCV dejó de cumplir su función esencial: preservar el valor de la moneda. La monetización del déficit fiscal, la falta de disciplina macroeconómica y la opacidad estadística sentaron las bases de esta catástrofe. Las tres reconversiones monetarias —que eliminaron 14 ceros— no resolvieron el problema; apenas lo ocultaron.

El resultado fue previsible. Los venezolanos abandonaron el bolívar. Desde 2019, la economía se dolarizó de facto, no por diseño, sino por necesidad. El dólar pasó a ser unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor, desplazando al BCV de la vida económica real.

Pero la crisis del Banco Central no es solo doméstica. Las sanciones de Estados Unidos restringieron el acceso a mercados, bloquearon activos y fragmentaron la operatividad internacional del país. Más allá de sus objetivos, contribuyeron a una ruptura institucional: el control de activos externos quedó separado de la política monetaria interna.

De ese quiebre surgió el BCV ad hoc en 2019, bajo el Estatuto de Transición aprobado por la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó —cuyo gobierno fue reconocido por Estados Unidos y más de 60 países—. Su mandato fue proteger los activos de la República en el exterior en medio de una disputa por la legitimidad del Estado.

Entre esos activos destacan las reservas de oro en el Banco de Inglaterra, estimadas en 30 a 32 toneladas métricas, equivalentes hoy a entre 4.480 y 4.780 millones de dólares: uno de los componentes más relevantes del patrimonio externo venezolano.

Sin embargo, lo que nació como mecanismo excepcional terminó prolongándose más allá de su contexto político. El gobierno interino dejó de existir, pero algunas de sus estructuras —incluido el BCV ad hoc— siguen siendo reconocidas, generando una anomalía institucional: dos centros de autoridad monetaria sin integración efectiva.

En este contexto, la reciente decisión de Estados Unidos de reconocer a Delcy Rodríguez como Presidenta encargada del Estado Venezolano marca un punto de inflexión.

Con el Banco Central de Venezuela no puede pasar lo que acaba de ocurrir con PDVSA USA y CITGO, cuyo control fue reasumido sin una ruptura con las estructuras y funcionarios del gobierno corporativo y administración previas. El BCV no puede reconstruirse sobre la continuidad de un sistema que perdió su credibilidad.

A diferencia de una empresa estatal, el banco central, por mandato constitucional, debe ser autónomo y el núcleo de la estabilidad macroeconómica. Su recuperación exige una reconstrucción institucional desde sus fundamentos.

Esto implica cerrar ordenadamente el esquema ad hoc, auditar los activos, reintegrar las reservas bajo una sola autoridad y reconstituir el BCV con un directorio independiente,  y una presidencia con mandato claro: estabilizar la moneda y reconstruir la confianza.

Pero, sobre todo, implica entender la urgencia. La reinstitucionalización del BCV no es una reforma más: es la condición para que cualquier transición sea viable.

Sin una autoridad monetaria creíble, no hay estabilización. Sin estabilización, no habrá inversión ni recuperación del ingreso. Y sin eso, no habrá transición económica sostenible.

Venezuela no puede seguir posponiendo esta decisión si se quiere lograr una transición económica y política exitosa.

La reconstrucción del Banco Central debe comenzar ahora. Porque es ahí —no después— donde empieza la reconstrucción del país.

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Tres condiciones ineludibles para avanzar hacia la Transición Por Miguel Henrique Otero

En tres o cuatro de mis artículos de semanas anteriores, he insistido en que es prematuro afirmar que se ha iniciado una Transición en Venezuela, sino se establecen condiciones que favorezcan de inmediato y sin demoras, el ejercicio pleno e irrestricto del periodismo informativo y de opinión; sino se restituye la libertad de expresión para la totalidad de los ciudadanos y las organizaciones; sino se derogan sin excepciones, instrumentos de persecución y coerción legal como la aprobada en 2017, Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; la aprobada en 2004 y reformada en 2010, Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos; sino se modifican leyes como la Ley Especial Contra Delitos Informáticos, que ha sido usada para fines políticos; o el Código Penal, que permite calificar de vilipendio, cualquier señalamiento que los medios de comunicación hagan de funcionarios públicos y, en consecuencia, permite juzgar a periodistas y editores como autores de delitos penales. Estas cuatro que he mencionado hasta aquí no son todas, porque hay varias otras, como la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que contienen restricciones como las “zonas de seguridad”, que impiden, por ejemplo, que reporteros hagan su trabajo en sedes gubernamentales e instalaciones militares.

Pero este ámbito hasta aquí señalado, que es condición urgente y necesaria para el restablecimiento de un real debate público y para el relanzamiento de los partidos políticos y de posibles candidaturas, no serían tampoco los requisitos mínimos suficientes para avanzar hacia la Transición. Hace falta abordar sin más dilaciones, otras dos tareas de enorme magnitud y complejidad, que no deberían esperar ni un minuto más para su arrancada.

La primera que debo mencionar es la reforma raigal, desde el primero hasta el último nivel, del Sistema Judicial. Es, así lo creo, una tarea tan compleja como la depuración de las Fuerzas Armadas, solo que en el caso de esta última, por su naturaleza y estructura, una vez cambiada la cúpula, el resto de la estructura debería tender a seguir los lineamientos emanados por el ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar.

En el caso del Sistema Judicial se presentan a priori tres desafíos. El primero, cómo evitar una política de tierra arrasada, que castigue indebidamente a los jueces y funcionarios que han logrado preservar su ejercicio profesional dentro del marco legal, a pesar de la podredumbre del conjunto del sistema. 

El segundo desafío se refiere al establecimiento de los límites del llamado Sistema Judicial, toda vez que, por ejemplo, son innumerables los casos que han terminado en decisiones extremas por parte de jueces en contra de personas inocentes, en los que funcionarios de la Fiscalía, la Contraloría y hasta de otras instituciones, han tenido una participación y hasta una complicidad relevante. Esta es una cuestión que deberá ser examinada con celo extremo para establecer todas las responsabilidades, caso a caso, dentro o fuera del poder judicial.

El tercer desafío está llamado a ser el más controversial, tal como ha ocurrido en otros países, una vez que han caído dictaduras en las que se han cometido violaciones graves a los Derechos Humanos, como ha ocurrido en el régimen de Chávez y Maduro. 

Declararlo o escribirlo en un artículo es fácil, pero en los hechos, las tensiones entre justicia e impunidad, entre perdón y castigo, entre los derechos de las victimas y la necesidad política de crear un escenario de reconciliación y diálogo, hace tremendamente difícil resolver este debate, cuyas soluciones siempre resultan insatisfactorias para los distintos especialistas y sectores organizados de la sociedad. 

Seguramente le ocurre a muchos lectores: cuando se escuchan los argumentos a favor de castigar los delitos cometidos por jueces y fiscales -los menciono porque, por su carácter, estaban especialmente obligados a cuidar el cumplimiento de la ley- de inmediato nos sentimos ganados a compartir esa posición a favor de hacer justicia y castigar a quienes lo merezcan.

Pero cuando se escuchan a los especialistas que defienden tesis favorables a las llamadas estrategias del perdón -materia sobre la que hay una bibliografía muy amplia y recomendable en español, sobre cómo se han manejado estos asuntos en Argentina y Chile-, también es inevitable considerar si es viable enjuiciar y castigar a una estructura de funcionarios integrada por miles y miles de personas. Se preguntan los expertos cuánto costaría, cuánto tiempo exigiría y quiénes estarían dispuestos a asumir una responsabilidad como esa, cuidando que los procesos no deriven en vendettas.

Sin negar su específica dificultad, la reforma profunda del Consejo Nacional Electoral es, además de absolutamente imprescindible, condición sine qua non para la realización de cualquier próximo proceso electoral. La Junta Directiva actual del CNE, así como las autoridades de cada región electoral, sus responsables técnicos y el conjunto de los funcionarios involucrados por acción u omisión en los fraudes electorales cometidos por ese organismo, especialmente el 28 de julio de 2024, deben ser destituidos y reemplazados por profesionales idóneos y decentes, conocedores de la material electoral, que no faltan en todas las regiones del país, y que estos años han aguardado la llegada de este momento, para volver a ejercer el oficio al que se dedicaron por años, el de trabajar en un organismo que se asumiera como garante de la democracia.

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