Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que extrajo a Nicolás Maduro del poder, la estructura restante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no ha tenido otra opción que someterse, literal y financieramente, a los designios de Donald Trump para asegurar su propia supervivencia política y física. Esta capitulación se ha gestado simultáneamente en los frentes militar, económico y político, desmontando en tiempo récord la narrativa de soberanía que sostuvo al régimen durante décadas.
La madrugada del 3 de enero destruyó el mito de la inexpugnabilidad de la alianza cívico-militar. El saldo de 77 fallecidos, entre los que se cuentan 32 oficiales cubanos de élite y miembros de la Guardia de Honor, demostró que la capacidad de respuesta ante el Departamento de Guerra de EEUU era prácticamente nula. Con Maduro recluido en una celda en Nueva York y el alto mando de inteligencia cubano neutralizado, la amenaza real de Washington surtió un efecto inmediato sobre los sobrevivientes.
La revelación de que Diosdado Cabello recibió un ultimátum directo para cooperar o convertirse en objetivo militar contrasta radicalmente con su retórica de diciembre. El hombre que controla el aparato represivo no activó la prometida «guerra popular prolongada»; por el contrario, optó por alinearse con la transición gestionada por Delcy Rodríguez bajo la presión de una fuerza superior.
Pero la rendición más evidente y profunda se ha materializado en el plano económico. Hace apenas unas semanas, la cúpula chavista juraba que «ni una gota de petróleo» iría a Estados Unidos en caso de agresión. Hoy, esa promesa ha quedado anulada por un acuerdo que funciona, en la práctica, como un tratado de rendición comercial.
Venezuela no solo ha accedido a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de inmediato, sino que ha aceptado la pérdida total de su autonomía financiera, dado que los ingresos no entrarán a las arcas del Banco Central, sino a cuentas controladas discrecionalmente por Donald Trump. A esto se suma la dependencia técnica admitida al aceptar la importación de diluyentes estadounidenses, reconociendo la incapacidad de Pdvsa para operar por sí sola sin los insumos del norte.
El golpe final a la soberanía lo asestó el propio Trump este miércoles, al anunciar que los fondos liberados por el petróleo tendrán un uso restringido y exclusivo: la compra de productos «Made in USA». El chavismo, que durante años buscó la independencia tecnológica y comercial triangulando con China, Rusia e Irán, ha firmado un acuerdo que convierte a Venezuela en un mercado cautivo para la agricultura y la industria estadounidense.
Políticamente, el nuevo mandato interino de Delcy Rodríguez ha tenido que realizar complejos malabares discursivos para digerir esta nueva realidad. Mientras en los actos públicos con el Gran Polo Patriótico denuncian el «secuestro» de Maduro y Cilia Flores para mantener cohesionada a su base radical, en los despachos gubernamentales ejecutan las directrices de Marco Rubio. La «instrucción de desmantelarse a sí mismo», como describió María Corina Machado al proceso actual, se está cumpliendo rigurosamente. La dirigencia ha optado por sacrificar a su líder máximo y sus principios fundacionales a cambio de evitar ser barridos por una intervención total.
Al cierre de este 7 de enero, la «Revolución Bolivariana» como proyecto geopolítico antagónico a Washington ha dejado de existir en la práctica. Lo que queda en el Palacio de Miraflores es una administración «interina» que, bajo el eufemismo de unas «relaciones comerciales pragmáticas», ha puesto rodilla en tierra ante la Casa Blanca, aceptando condiciones de tutela que en cualquier otro momento de su historia habrían sido calificadas como alta traición.
https://lapatilla.com/
