El economista Víctor Álvarez publicó un análisis en el que señala que EE. UU. no ha aplicado una política de levantamiento de sanciones, mediante nuevas licencias, sino una nueva «arquitectura» para controlar el petróleo venezolano.
A juicio del economista que el dinero que proviene de la venta del crudo venezolano vaya a las cuentas del Tesoro de EE. UU. es una medida que ese país ha justificado «con el argumento de proteger el ingreso petrolero de la corrupción» que ha habido en Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Sin embargo, duda de que esto sea así. «Esa no es razón para normalizar la vigilancia y tutela que la administración Trump ha impuesto sobre Venezuela».
«Ciertamente el escándalo de corrupción de Pdvsa-Crypto en el que altos funcionarios del gobierno expoliaron más de 20 mil millones de dólares, así como la decisión de un tribunal de EE. UU. de rematar Citgo para pagar cuentas pendientes a los acreedores, dejan al descubierto la vulnerabilidad y riesgos que se ciernen sobre la principal fuente de ingresos del país», indica Álvarez.
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El especialista agrega que la OE 14373 y las licencias OFAC «no son señales de levantamiento de sanciones, sino la implantación de una arquitectura de control sobre la exploración, extracción, exportación y refinación del petróleo y gas venezolanos».
«Quien quiera invertir en Venezuela necesita una licencia de la OFAC y esto dificulta la entrada de inversiones europeas y asiáticas que se necesitan para aumentar la producción de petróleo en el país que cuenta con las reservas más grandes del mundo», defiende.
Álvarez apunta que la Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC «imponen mecanismos de control, condiciones de uso y criterios de selección que operan como un filtro de rivales geopolíticos y comerciales para alinear la industria petrolera venezolana con los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU«.
«Este entramado de control se puede prolongar aún después que en Venezuela se elija un nuevo gobierno. Incluso, bajo una administración demócrata, a los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU. le convendría mantenerlas vigentes, tal como lo hizo la administración Biden con la Orden Ejecutiva 13883 y las licencias de la OFAC que heredó del primer mandato de Trump», dice.
«¿Quién puede asegurar, entonces, que la arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las elecciones presidenciales?», cuestionó el especialista en Pedagogía Económica y Política.
