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miércoles, julio 29, 2026

España estrecha el cerco sobre Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra


Cortesía

El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama autorizó a la Policía a reclamar a las entidades bancarias información sobre varias cuentas a nombre del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, sus hijas y su secretaria, María Gertrudis Alcázar, en el marco de la investigación del caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En un auto al que tuvo acceso EFE este miércoles, el juez da orden de recabar los movimientos realizados en decenas de cuentas de más de diez entidades bancarias desde el 1 de enero de 2020 por Rodríguez Zapatero, sus hijas, el empresario Julio Martínez y varias empresas del entorno societario de este.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía pretende cruzar esos datos con los movimientos que ha detectado y que apuntan a posibles transferencias de cientos de miles de euros a Zapatero y sus hijas en lo que los investigadores sospechan que constituye una trama de tráfico de influencias.

El juez José Luis Calama investiga a Zapatero por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra a cambio de beneficios económicos, en un caso que se ha ampliado por el hallazgo de unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte en su oficina o por intermediaciones en Bolivia o Venezuela.

“Una estructura organizada y estable”

El juez Calama aprecia indicios de la existencia de “una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, entre los que cita Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor.

Esas empresas retribuirían tales servicios mediante “contratos de asesoría simulados”, permitiendo justificar pagos cuyo destinatario real sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas, Alba y Laura.

Una operativa que se articularía a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, “quien no se limita a canalizar fondos, sino que actúa como persona de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

La información obtenida por la UDEF indica que Zapatero habría recibido 490.780 euros desde Análisis Relevante, empresa de Martínez, entre 2020 y 2025, “además de un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales ?conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico? procedentes de diversas sociedades”.

Una de las cuentas de Zapatero en el Banco Santander podría funcionar como receptora de fondos, que eran redistribuidos inmediatamente a otras cuentas del mismo titular. Desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros.

EFE

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Ordenaron la captura de Evo Morales por presunta instigación y terrorismo


EFE/Jorge Abrego

La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la captura del expresidente Evo Morales (2006-2019), acusado de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros delitos por su presunta implicación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La orden, dictada por el fiscal Brayan Melgar y confirmada a EFE por una persona cercana al exmandatario, también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y el centro de Bolivia, con el respaldo de grupos afines a Morales, para exigir la renuncia del presidente Paz como “única demanda”.

Los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por la falta de atención médica oportuna debido a los cortes de vías, y ocasionaron pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.

La denuncia fue presentada a principios de julio por los líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico de Bolivia, a la que posteriormente se sumó el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.

La acción legal también incluye al máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el principal líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien permanece en detención preventiva desde el 6 de julio por otra investigación relacionada con estos mismos hechos.

El expresidente Morales niega haber promovido la renuncia de Paz y sostiene que las movilizaciones buscaban que el Gobierno respondiera a las demandas de los sectores movilizados. No obstante, el 24 de mayo escribió en la red social X que el mandatario tenía solo “dos caminos” ante los conflictos, “militarizar” el país o llamar a elecciones en los próximos 90 días.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las carreteras para retirar los obstáculos y restablecer la circulación.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba (centro), su bastión político y sindical, custodiado por centenares de sus seguidores para evitar que se cumpla una orden de captura en su contra por una investigación por trata agravada de personas.

En ese caso, el exmandatario está acusado por su presunta relación con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija mientras fue presidente en 2016.

En mayo, un tribunal de la región sureña de Tarija declaró a Morales en rebeldía y dictó una nueva orden de captura porque no se presentó al inicio del juicio por este caso. La Policía sostiene que espera el momento adecuado para ejecutar esa orden.

EFE

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