Estados Unidos anunció el jueves una nueva salva de sanciones contra Cuba, en particular contra nueve entidades entre las que figura el Ministerio de la Construcción.
AFP
Estas entidades, principalmente de los sectores minero y metalúrgico, «apoyan el aparato represivo del régimen al ejercer control sobre sectores económicos clave», indicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió en X que Rubio «continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar» la economía e impedir que el gobierno cubano «garantice los servicios básicos a la población».
Rubio anunció otras sanciones dirigidas contra los dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Washington acusa a Cuba de financiar, en particular a través de este Instituto, «una amplia red en Estados Unidos destinada a identificar, reclutar y radicalizar elementos subversivos que operan principalmente bajo el pretexto de intercambios educativos o culturales».
Rubio señaló que hace unos días «el régimen (cubano) intentó aprovechar el centenario de Fidel Castro (…) para reactivar esta red subversiva, enviando a La Habana una nueva brigada de simpatizantes internacionales para que entablaran contactos con responsables del régimen».
El jefe de la diplomacia estadounidense, cuyos padres son de origen cubano, es considerado el principal artífice de la política de máxima presión ejercida por el presidente Donald Trump sobre el gobierno de la isla.
Desde enero, Estados Unidos impone un bloqueo petrolero de facto sobre el país de 9,4 millones de habitantes, lo que ha agravado la crisis energética ya existente y provoca con regularidad largos cortes de electricidad.
El gobierno estadounidense también ha impuesto una serie de sanciones drásticas, dirigidas en particular contra Gaesa, el conglomerado controlado por los militares y fundado por Raúl Castro en 1995, que es un objetivo central de la política estadounidense hacia Cuba.
