Si de verdad quieren atender los problemas de la administración de justicia, en la Constitución está la guía: manos a la obra
Una “gran consulta nacional” anunció el mes pasado la presidenta encargada para atender los problemas en la administración de justicia y a los efectos creó una comisión para dirigirla. El énfasis declarado es en la justicia penal “para hacerla más rápida y humana” y “fortalecer las garantías procesales”.
La idea toca área necesarísima y como venezolano, además de profesional del Derecho, no quisiera que se quedara como el proyecto de Ley de Reforma del Sistema de Justicia de 2022 encallado en primera discusión. Por cierto, en la web de la Asamblea se atribuye la iniciativa legislativa a la “Comisión Presidencial para la Revolución Judicial”, que no tiene esa capacidad que en todo caso incumbiría al Poder Ejecutivo Nacional.
Lo verdaderamente importante es que esta vez no nos quedemos en las intenciones y tampoco que éstas se desvíen por otros derroteros de reacomodo político. Lo que interesa al ciudadano es el acceso a la justicia “gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita” que la Constitución le promete garantizar. El país necesita un poder judicial confiable para todos y no jueces “de confianza” de algunos, sea por poder, por plata o por ambas.
En la Constitución está la guía, siguiéndola no hay modo de perderse. El capítulo III del Título V nos indica paso a paso lo que habría que hacer. Precisamente apartarnos de ella nos ha metido en este brete ante el que según me han contado, está muy inconforme la jefa del Ejecutivo.
Y claro que la justicia penal es cuestión preeminente por su relación con la vida y la libertad de las personas, pero lamentablemente el problema es mucho más extenso y más profundo. Es uno de los aspectos más graves de la crisis venezolana. Los mayores retrasos están en la jurisdicción penal y penal de adolescentes y el mayor número de tribunales sin sentencia son los civiles y los de LOPNA que existe para proteger a niños, niñas y adolescentes. Ahí hay casos estremecedores.
En la jurisdicción contencioso-administrativa lo patente, está el estudio de Chavero y Canova, es que el gobierno no es justiciable, razón por la cual cada vez menos ciudadanos se deciden a demandar. Y si tuviera poder de decisión indagaría la razón por la que en otras jurisdicciones la gente prefiere el arbitraje a los juzgados.
Será necesario incrementar la inversión pública en la administración de justicia, lo que también requiere una racionalización y control del gasto. Aumentar el número de tribunales, fiscalías y defensorías. Revivir la carrera judicial, a la que se ingrese y ascienda mediante concurso de oposición público, según pauta el 255 constitucional. En el imperio de lo provisorio, hoy no existe. Emprender un programa de formación de jueces. Ideas no faltan. En 2023 Casal y Berríos Ortigoza publicaron un trabajo coordinado por ellos con participación de profesores y expertos cuyo fruto son las “Bases de un Plan Nacional de Formación de Jueces para Venezuela” que está allí, disponible para una voluntad política verdadera.
Estos son apenas unos datos muy parciales de un cuadro con ramificaciones complejas. La consulta puede y debe ser muy amplia, verdaderamente nacional que implica plural, abierta, más allá de los linderos oficiales o partidistas. Tiene que trascender a los actuales actores. Incluir por ejemplo a las universidades, a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los núcleos de opinión jurídica, donde sabemos que hay estudios. También a los colegios de abogados que lidian diariamente con las posibilidades y dificultades del sistema y a partes interesadas como el empresariado, las organizaciones de los trabajadores y de derechos humanos.
La base del Estado de Derecho es la institucionalidad y pilar de ésta es el reconocimiento por parte de los ciudadanos. Una justicia que funcione para todos es el cambio crítico porque si las garantías de la vida, las libertades, el trabajo, la propiedad se sienten seguras, la sociedad será sana y así su desarrollo que es para que toda la persona y todas las personas puedan acceder a un nivel cada vez más humano de vida.
