El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este domingo iniciar operaciones policiales para perseguir y deportar a los inmigrantes irregulares, en un giro total a la política que ha mantenido el mayor receptor de la diáspora venezolana a lo largo de más de una década. “Que empiecen los operativos coordinados para dar con los inmigrantes ilegales, primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación, que en el término de la distancia tendrán que ser deportados”, dijo durante un consejo de seguridad en Barranquilla, la ciudad caribeña que en la práctica ha convertido en la capital alterna del país.
El jefe de Estado de ultraderecha, que suma menos de tres semanas en el cargo, ha asegurado que su orden se debe empezar a cumplir esta misma semana. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, continuó el abogado penalista. El anuncio estuvo antecedido por alusiones nacionalistas: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”. Aunque no lo dijo explícitamente, su anuncio afecta especialmente a los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, y que significan cerca del 90% del total de inmigrantes del país. De ellos, 848.000 están en situación irregular en Colombia, según datos oficiales de Migración Colombia, y de esos 193.000 son niños, niñas y adolescentes.
Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, explica que el anuncio significa un cambio de paradigma en la forma como los últimos tres gobiernos de Colombia han recibido y atendido a la población migrante del país vecino. “Es peligroso que el presidente se sume a un discurso que estigmatiza a los migrantes al asegurar que son ilegales. Ese discurso ha existido en la región, lamentablemente ha ganado carrera en el mundo, pero Colombia se había distanciado”, explica el experto por vía telefónica.
Desde que inició la crisis migratoria venezolana en 2015, cuando más de 7,8 millones de personas dejaron ese país, Colombia creó instrumentos jurídicos y sociales para la regularización de esa población. Con gobiernos de centro, derecha e izquierda, se convirtió en un ejemplo mundial de buenas prácticas de regulación migratoria, y recibió y asimiló a casi un tercio de esa diáspora. El experto insiste en que en Colombia no hay inmigrantes ilegales, sino en situación de irregularidad. “El Gobierno mete a todos los migrantes en la misma bolsa y habla de la criminalidad asociada claramente a la irregularidad. Eso en Colombia no es así: una persona que se encuentra en estatus irregular no es un criminal”, explica Rodríguez.
La decisión de De la Espriella de perseguir y deportar a casi un millón de extranjeros con situación migratoria irregular ha generado críticas de la oposición política. La congresista María Fernanda Carrascal, del izquierdista Pacto Histórico, el partido del expresidente Gustavo Petro, asegura que el anuncio no solo es nefasto, sino cruel. “Vincular a los migrantes irregulares con la criminalidad solamente por el hecho de tener un estatus migratorio irregular es una afrenta contra los derechos humanos, y una afirmación absurda y carente de cualquier evidencia”, dice en conversación con este diario. “Buscan construir a los migrantes como chivos expiatorios, como sujetos sobre los que se pone una diana, un blanco, con la intención de que contra ellos la sociedad exprese su malestar”. La representante a la Cámara por Bogotá, señala que el anuncio es peligroso: “Más que abrirle la puerta a la xenofobia, profundiza de manera consciente la que ya existe en una parte de la sociedad colombiana”.
El cambio en la relación con los migrantes se alinea con las políticas antimigratorias de gobiernos de ultraderecha en el continente, como los de Donald Trump en Estados Unidos; José Antonio Kast en Chile, y Gabriel Milei en Argentina, que han buscado deportaciones masivas para, en teoría, mejorar la seguridad en sus países. Rodríguez asegura que Colombia no puede abordar el tema migratorio igual que Argentina, porque comparte con Venezuela una frontera viva de 2.219 kilómetros. A eso se suma la compleja relación con el Gobierno de Venezuela liderado por Delcy Rodríguez. “Colombia es un país muy complejo donde los migrantes también han sido víctimas de los actores de la ilegalidad”.
Andrés Sampayo, doctor en Estudios Políticos, coincide en la preocupación por lo que podrían generar las decisiones del Gobierno contra la población venezolana en Colombia. “Espero que los operativos migratorios no se conviertan en una persecución a gran escala de nuestros hermanos venezolanos, que aportan cerca de USD 3.000 millones anuales a la economía colombiana en consumo, impuestos y emprendimiento”, escribió en su cuenta de X.
