Como puede entenderse, Venezuela necesita tanto de acciones tan audaces como definiciones serias, porque es el pellejo de los pobladores de este país el que lleva la peor parte, y probablemente así haya sido por mucho tiempo, a causa de razones claras y perfectamente definidas. Sin embargo, es hora de reflexionar y prestar atención a las más urgentes y sentidas necesidades.
La estructura, el componente físico es el Gobierno de Recuperación (junta de salvación, entre otros nombres), el cual sustituye de hecho los escombros del sistema que ya dejó de funcionar. Este equipo de gobierno de venezolanos se deberá constituir de un perfil muy particular de honorabilidad y decencia como incentivo político fundamental.
Esta intervención ya va de retraso y sus acciones principales deben ser el saneamiento de las grandes cabezas (TSJ y CNE). También, el saneamiento del terreno; es decir, disponer de mecanismos para contar con personas idóneas en puestos de autoridad regionales y municipales.
Por esa razón, el poder se ejercerá de inmediato invocando un ordenamiento jurídico constituido con decretos-leyes para evitar el caos civil, establecer relaciones internacionales, ejecutar mecanismos sobre impuestos, juzgar delitos y administrar las instituciones.
Este paso tiene un fin, el de la reconstitución de las reglas de juego democráticas. Para que, en un sano equilibrio para avanzar con esas garantías presentes en la convocatoria (entonces sí) de elecciones generales.
Ese “Gobierno” debe implementar rápidamente una arquitectura jurídica, para eliminar aquellas leyes asfixiantes y elaborar las que generen cambios sustanciales en materia económica, de seguridad personal, sanitarias y de movilidad terrestre, aérea y marítima por todo el territorio; luego con el compromiso firmado de que las nuevas autoridades electas, trabajen en una reforma de la constitución y un código de leyes, que apunten a una sociedad fuerte, estable y de bienestar.
En este punto, es bueno considerar los riesgos tal como ocurre en los estudios farmacoepidemiológicos, aunque suene poco alentador o conveniente. La vorágine está activa, y por esa razón, no queda más que recordar fracasos en otros lugares en momentos semejantes; porque (en este caso venezolano) el orden de los factores sí altera el producto.
El tiempo y el tipo de “tratamiento” y los eventos que se desarrollan, son evaluados minuciosamente. Ahora el tiempo no es el riesgo sino el contexto, por eso la importancia del tratamiento jurídico que se le debe dar para administrar, dosificar y estructurar los cambios en el país, independientemente del garante.
La duración de esta etapa ha sido lo suficiente como para haber ocasionado un vacío casi total o al menos nominal de poder nacional, pero ciertamente se llegó al punto de inflexión donde el tiempo cada vez mayor abriría brechas más grandes en la confianza ciudadana y la propia supervivencia interna.
Sin reglas de juego (decretos-leyes y leyes derivadas de preceptos constitucionales generales), que asuma el cuerpo de gobierno establecido (constituido por personas con idoneidad comprobada) cualquier calendario electoral es un riesgo. Además, ese marco legal a su vez dará legitimidad a decisiones económicas y de seguridad.
Con las garantías surgidas, ese equipo de gobierno debe crearse, funcionar y ser acatado en lo que de él emane. Así se estarían gestionando los riesgos: prisa electoral, actuación sin marco de leyes, no institucionalizar y la no autorregulación.
Por: Abraham Sequeda IG/X: @abrahamsequeda
