La organización no gubernamental Transparencia Venezuela publicó este 11 de noviembre su informe titulado «Mapa de empresas en sector petrolero 2026», un exhaustivo levantamiento que documenta la presencia de 63 compañías activas provenientes de 33 países en la industria hidrocarburífera nacional. El estudio advierte que este proceso de reorganización de contratos y asociaciones está dominado por la falta de información pública y la ausencia de controles institucionales.
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El documento detalla la incorporación de 21 nuevas empresas, el registro de 11 proyectos en fase de estudio y la salida de 15 compañías del mercado venezolano. Entre las naciones con mayor presencia empresarial destacan Estados Unidos, Barbados, China, Rusia, España y Venezuela. Asimismo, de los 303 bloques petroleros y gasíferos identificados en todo el territorio, 134 se encuentran bajo el control directo de capital privado.
1. Reorganización de multinacionales y nuevas asignaciones masivas
Uno de los cambios más significativos documentados en el informe es la adaptación de los contratos de grandes corporaciones como Chevron, ENI y Repsol a la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobada en enero de 2026.
- Chevron: Incrementó su participación accionaria en las empresas mixtas Petropiar, Petroboscán y Petroindependencia, mientras que cedió a Pdvsa parte de sus derechos sobre los bloques 2 y 3 de la Plataforma Deltana. Posteriormente, la estatal venezolana otorgó licencias sobre estas mismas áreas a las firmas BP, XRG y UCC Oil and Gas.
- North American Blue Energy Partner (Nabep): Se consolidó como la compañía con la mayor asignación de bloques al acumular un total de 35. El informe señala que la empresa quedó bajo el control del empresario Alejandro Betancourt tras la venta de la participación que pertenecía a Harry Sargeant III. Además, se documenta un anuncio de septiembre pasado que indicaba que el Departamento de Guerra de Estados Unidos tendría derechos sobre el 35% de Nabep, absorbiendo campos que antes pertenecían a firmas chinas y rusas (como China Concord Resources, Hainan Breey Energy y áreas vinculadas a Sinopec, CNPC y Roszarubezhneft).
- Pacific Coast Energy Co. (PCEC): Propiedad del empresario Alshair Fiyaz, esta compañía recibió 12 bloques en el occidente del país y en la Faja Petrolífera del Orinoco. La asignación incluye campos de Petrocabimas (donde Suelopetrol tenía el 40%) y de Petrodelta (donde DP Delta Finance B.V., vinculada a la familia Cisneros, poseía otro 40%). Este último movimiento ya generó reacciones, pues DP Delta Finance anunció acciones administrativas y legales.
- Otras salidas: En la lista de compañías desplazadas figuran nombres como Suelopetrol, DP Delta Finance, Hainan Breey, Cavallino Oil, LNGC Growth I, Integra Oil & Gas y West Construcciones.
2. Advertencias sobre beneficiarios finales, experiencia y opacidad
El estudio de Transparencia Venezuela pone la lupa sobre las capacidades operativas y la opacidad en la estructura accionaria de las nuevas contratistas:
- Interrogantes sobre Nabep y PCEC: Aunque cifras de Reuters citadas en el informe sitúan la producción de Nabep en 224.000 barriles diarios, expertos dudan de que se alcance la meta de un millón de barriles diarios. Asimismo, se recuerdan los señalamientos previos contra Alejandro Betancourt por presuntas prácticas corruptas. En el caso de PCEC, la ONG advierte que no existen certezas claras sobre quiénes son sus beneficiarios finales.
- Vínculos de UCC Holding: El documento vincula a esta compañía con los hermanos Moutaz y Ramez Al-Khayyat —empresarios con nexos comerciales con el yerno del presidente estadounidense Donald Trump—, basándose en investigaciones periodísticas de The New York Times y Armando.Info.
- Proyectos en estudio: Se registran 11 iniciativas en fase de evaluación con empresas como Baker Hughes, Continental Resources, TotalEnergies, Aspect Holdings y Halliburton, además de la revisión que realiza ExxonMobil sobre el campo Cerro Negro.
3. Eliminación de controles y exigencias de transparencia
Transparencia Venezuela denuncia que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos eliminó la obligación de someter los acuerdos a la aprobación de la Asamblea National y de publicarlos en Gaceta Oficial, concentrando las decisiones en el Ministerio de Hidrocarburos sin una autoridad regulatoria independiente. El informe identifica al menos dos casos de presuntas violaciones de derechos de propiedad y cerca de 15 modificaciones contractuales bajo procedimientos desconocidos, operando bajo un Poder Judicial y una Contraloría cooptados por el Ejecutivo.
Ante este escenario, la organización exige:
- La publicación íntegra de los contratos petroleros y la identificación de sus beneficiarios reales.
- Auditorías detalladas de la Contraloría sobre los reportes de ventas.
- Informes claros de Pdvsa, el Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas sobre las exportaciones bajo la Orden Ejecutiva 14.373 y el manejo de divisas.
