A la fecha 25-8-2025, no se conoce de la existencia de registros oficiales de acuerdos específicos con otros países o compañías extranjeras en cada una de las llamadas Zonas Económicas EspecialesEl 27 de diciembre de 2024, un día antes del Día de los Inocentes, Nicolás Maduro Moros anunció que tenía asegurado el ingreso de 52.000 millones de dólares entre 2025 y 2027 para todos los sectores de la economía. Lo presentó como un hecho y hasta felicitó a Alex Saab, el empresario colombiano que designó como ministro de Industrias y Producción Nacional, por “amarrar inversiones de los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y de otros lugares”.
Luego se refirió genéricamente a las zonas económicas especiales, pero no les asignó monto alguno. Tampoco se han publicado memorandos de entendimiento, informes oficiales o contratos que desglosen los montos “amarrados” por sector o proyectos-
Desde la vocería oficial se repiten de manera constante los nombres de las zonas económicas especiales (Paraguaná, La Guaira, Margarita, La Tortuga, Puerto Cabello-Morón y Militar-Aragua), pero los únicos socios internacionales con convenios formalizados por escrito, no vinculantes, han sido China y Rusia.
A la fecha, no se conoce de la existencia de registros oficiales de acuerdos específicos con otros países o compañías extranjeras en cada una de las llamadas Zonas Económicas Especiales.
La Constitución de 1999 establece que todos los acuerdos internacionales deben ser discutidos y aprobados por la Asamblea Nacional antes de que el jefe del Estado los ratifique oficialmente.
Crece la burocracia, pero no el control
El ordenamiento institucional de las zonas económicas especiales es verticalmente centralizado. El máximo cargo decisorio lo ejerce el presidente de la República, al que se subordinan todos los órganos e instancias. La Comisión Presidencial de las Zonas Económicas Especiales está integrada por el presidente de la República, la vicepresidenta ejecutiva y representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Planificación, Producción, Comercio, Turismo, Transporte, Ecosocialismo y agua; el superintendente nacional de Zonas Económicas Especiales y la Secretaría Técnica de la Comisión Presidencial.
Hasta la fecha no han sido nombrados los funcionarios de los ministerios de Transporte y de Ecosocialismo y Aguas.
El órgano rector de la gestión es la Superintendencia Nacional de Zonas Económicas Especiales, cuya máxima autoridad es el superintendente y consta de una secretaría técnica que incluye órganos asesores y comités especializados para vincular al sector público, privado y comunal; y las unidades de apoyo internas: Planificación y Desarrollo, Inspección y Fiscalización, Registro y Control de Operadores, Asesoría Jurídica, Administración y Finanzas, Sistemas de Información, Auditoría Interna, Atención Ciudadana y Gestión Documental.
Le siguen la autoridad única regional de las zonas especiales y finalmente la autoridad única de la zona especial. Cada uno con su secretaría técnica y de gestión.
Para garantizar la transparencia y corresponsabilidad, la ley establece un consejo consultivo de las zonas económicas especiales, integrado por representantes de la academia, el sector productivo y la sociedad civil. Igualmente ordena la creación de comités de participación ciudadana, encargados de la vigilancia y controlaría social del desarrollo de cada zona económica especial. Sin embargo, no se establecen procedimientos claros para la designación de los miembros.
Algunas zonas económicas locales han publicado listas provisionales de representantes de la academia, del sector productivo y la sociedad civil, pero suelen tratarse de nombres “en reserva” o menciones genéricas sin respaldo oficial.
En la práctica, los consejos consultivos rara vez se reúnen más de una vez al año. Las sesiones suelen limitarse a informes generales sobre avances de obras o incentivos fiscales, sin articular propuestas de la comunidad. Además, las opiniones del comité consultivo no son vinculantes.
Los Comités de Participación Ciudadana, teóricamente encargados de fiscalizar y proponer mejoras, han convocado encuentros esporádicos y de baja concurrencia. En muchas Zonas la ciudadanía ni siquiera ha sido informada de su existencia.
Debido al centralismo y el verticalismo, la Superintendencia Nacional asume las funciones atribuidas a los comités de expertos y de los representantes de las comunidades.
Las transnacionales ausentes e indecisas
En ninguno de los anuncios oficiales se dan nombres específicos de multinacionales interesadas en invertir en las zonas económicas especiales. Se limitan a la mención genérica: “empresas chinas” o “empresas rusas”. Tampoco se registran contratos o actas de instalación que especifiquen inversionistas de Europa, Oriente Medio, América Latina o venezolanas.
Tampoco la Comisión Presidencial de Zonas Económicas Especiales ha detallado proyectos y montos de inversión específicos. En el portal oficial, de libre acceso, zonaseconomicasespeciales.mppp.gob.ve, se publica información sobre el procedimiento de selección de proyectos, pero no permite el registro de solicitantes ni muestra una lista de interesados o registrados. Solo aparecen los planes maestros de la zona económica Paraguaná y de la zona económica especial fronteriza Ureña-San Antonio.
La Superintendencia Nacional de Zonas Económicas Especiales elaboró una nota sobre el Plan Maestro y de Promoción de Inversiones para estas zonas en la que se esbozan estrategias de promoción y cooperación, pero tampoco incluye montos ni nombres de empresas específicas adjudicatarias.
Existe un memorándum de entendimiento que se firmó en septiembre de 2023 con el Centro de Investigación de Zonas Económicas Especiales de la Universidad de Shenzhen para asistencia técnica y modernización de las ZEE venezolanas. Igualmente, la Cámara de Comercio China–Venezuela gestiona acuerdos de promoción e inversión pero no detallan empresas chinas adjudicadas o montos finales.
Con la Federación de Rusia se anunció un memorándum de entendimiento con la Asociación de Clústeres, Tecnoparques y ZEE rusos para proyectos industriales conjuntos, pero no se han mostrado actas de comisión o contratos específicos.
Nuevo modelo económico “productivo”
La Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales de 2022 establece que uno de sus propósitos fundamentales es desarrollar un nuevo modelo productivo nacional. No lo define, pero sí queda claro que se engrosara al entramado burocrático de alto nivel de la Administración Pública.
No ocultan en palabras y hechos que pretenden utilizar el ejemplo chino como argumento, pero no necesariamente su práctica. Las ZEE le aportan a China 40% del producto interno bruto y 70% de las exportaciones. Son puntos estratégicos para desarrollar la economía mixta y fortalecer proyectos industriales, tecnológicos y comerciales. También de investigación e innovación. Son auténticas islas capitalistas de libre mercado que atraen capital extranjero y potencian sus propias capacidades productivas.
La lógica que se aplica en Venezuela es distinta, también las circunstancias. Las zonas económicas especiales serían sobre todo áreas de “libre explotación de recursos humanos y naturales”.
Si bien las ZEE se presentan como modelos exitosos, han fracasado en la mitad de los países. Y casi por los mismos motivos: escasez de recursos, débil infraestructura y ausencia de mano de obra calificada. Actualmente hay 5.400 zonas económicas especiales en 147 países y otras 500 en proyecto. Todas ofrecen condiciones especiales para la inversión y los Estados gastan dinero en construir infraestructura, pero ninguna empresa invierte.
En un país gobernado por régimen que ha sepultado el Estado de derecho y la institucionalidad, sobre el cual pesan sanciones económicas a nivel global y que arrastra una enorme morosidad en su deuda exterior, resulta iluso suponer que los empresarios se aventuren a invertir en alguna ZEE de Venezuela.
No existen garantías jurídicas ni políticas que generen confianza. Cualquiera puede ser matraqueado por un funcionario policial o un burócrata estatal, también puede ser víctima posterior de una expropiación por decreto presidencial. La seguridad jurídica, fundamento esencial para cualquier tipo de inversión privada, nacional o internacional, no existe.
Además, la gravísima crisis eléctrica, la escasez de agua potable y tratada, la caída en la distribución de gas y de la producción de combustibles son obstáculos insalvables hasta para las manufacturas más simples. Ante la gran oferta mundial de ventajas en zonas económicas especiales, las ZEE en países de alto riesgo deben ceder a las condiciones salvajemente ventajosas que exigen los inversionistas, mientras se esfuma el tesoro público en burocracia y alicientes fiscales.
La Ley de las ZEE vigente establece la “reducción de 50% de los servicios portuarios y aduaneros para la exportación y el reintegro del impuesto sobre la renta hasta de 100% en los primeros 6 años y libre repatriación de capitales.
Asimismo, se obliga a construir las infraestructuras necesarias en materia vial, de acometidas de agua y electricidad, de telecomunicaciones, de servicios sanitarios. Un erario público arruinado como el venezolano, que no dispone de recursos suficientes para ampliar y mejorar los servicios de agua y electricidad, se los restringirá los servicios a las comunidades cercanas que deben soportar una mayor contaminación ambiental por los desechos industriales y las emisiones tóxicas.
Pese a que el Superintendente Nacional de las Zonas Económicas Especiales, Johann Álvarez, reitera en cada aparición que la meta es “atraer inversiones extranjeras, fomentar la innovación y garantizar un crecimiento económico inclusivo y sostenible”, la captación de inversiones ni se notan ni terminan de levantar vuelo. Después de las elecciones del 28 de julio y de la andanada represiva generada sobre actores políticos y la sociedad civil venezolana, las ZEE se han ralentizado.
Los socios y sus verdaderas intenciones
En las ZEE venezolanas las normas ambientales son laxas y la destrucción del medioambiente severa e irreversible. La naturaleza paga los mayores costos. El Arco Minero del Orinoco lo muestra fehacientemente. En sus enormes áreas campean el ecocidio, el contrabando, la inseguridad y la muerte, junto con fuertes incentivos para la evasión fiscal, el lavado de activos y la corrupción de grupos “privilegiados” con acceso a zonas con grandes opciones de extracción de recursos naturales.
Las ZEE no son más que propuestas vagas sin concreciones, pero retratan una rampante neoliberalización, una intolerable cesión de soberanía y un superlativo extractivismo. Una salvaje acumulación de capital que se gestiona desde un entramado social-oligárquico de corrupción, contrario a la justicia social mediante una escalada de violaciones de derechos humanos y de destrucción de la naturaleza.
No solo están exentas de impuestos y aranceles, sino que se elimina todo lo que obstaculice la feroz acumulación de capital, llámese legislación laboral, lineamientos medioambientales o derechos ciudadanos. El mundo ha visto despojos masivos de tierras a campesinos y afectaciones masivas a medios de vida. China, el gran ejemplo, concedió derechos sobre 1.270.000 hectáreas a ‘desarrolladores’ de bienes raíces, pero solo utilizaron 46,5% de la superficie. Los campesinos desalojados quedaron en el aire, sin tierra ni arraigo. A principios del siglo XXI, de los 12 millones de habitantes de Shenzhen, 7 millones eran trabajadores migrantes sin protección legal o social.
Un tercio de los trabajadores de las ZEE chinas reciben menos del salario mínimo, las tasas de mortalidad son muy altas y hay más de 5 millones de niños trabajadores en la provincia. Los sindicatos no se quejan, siguen las directrices del partido comunista.
Shenzhen tiene una tasa de criminalidad nueve veces superior a la de Shanghái, y es conocida por la trata de mujeres y el comercio sexual. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, que recorrió el enclave y estuvo en la empresa Kingdee, dijo que es un ejemplo para el fortalecimiento del sector productivo venezolano y una fuente para la transferencia de conocimiento.
Cuando el principal atractivo de la inversión extranjera es el bajo costo de la mano de obra, la producción será de bajo valor agregado. Maquilas. La habilidad promedio de la mano de obra contratada mayoritariamente en las ZEE es baja y rara vez se incrementa la capacitación. El trabajo es un costo que debe permanecer fijo y bajo, no un recurso. La tendencia es relajar la normativa en detrimento de la remuneración y del bienestar de los trabajadores.
Así, las zonas económicas especiales en el marco de la enorme vulnerabilidad geopolítica de Venezuela, constituyen un mecanismo de apropiación máxima de trabajo y naturaleza por parte de China y Rusia, en alianza con los gobernantes. Se trata, a mediano plazo, de un cambio en la territorialización del extractivismo. De nuevas nociones de soberanía y de gobernanza que refuerzan formas de poder neofeudal.
La República Popular China, una potencia capitalista que aloja 63.000 corporaciones extranjeras que operan en su socialismo de mercado y una red nacional de empresas públicas y privadas que han producido 814 milmillonarios, frente a 800 en Estados Unidos, 271 en la India y 146 en Alemania. No es Robin Hood ni la versión estatal de la Madre Teresa de Calcuta. Se mueve por su interés, no por filantropía.
Los voceros del régimen han expresado que el objetivo de las zonas económicas especiales es desarrollar un modelo propio: “Hemos aprendido de una filosofía victoriosa que se derivó del programa de reforma de apertura de China y que la ha convertido en una superpotencia económica”. No obstante, en la realidad del socialismo bolivariano y la hermandad con el pueblo del ‘amado Mao’, China instalan grandes centros de maquila orientados al extractivismo, nunca un modelo exitoso de industrialización y desarrollo.
En la última década, el sector manufacturero venezolano se redujo en 94%, solo aporta 5,7% del producto interno bruto del país. Bastaría establecer un marco regulatorio de emergencia que ofrezca a la industria nacional, sin distingos, servicios públicos eficientes a precios razonables, vías, conectividad y exenciones tributarias para dinamizar la economía. El parque industrial nacional podría satisfacer el grueso de la demanda en materias primas, insumos y productos terminados.
Si en 1851, los gobernantes venezolanos se esmeraron en presentar en la Gran Exposición de Londres la gran riqueza minera del país, con muestras de azufre, carbón, betunes y asfaltos; en el siglo XXI hemos dado dos pasos atrás. Ofrecen a los inversionistas zonas de “libre explotación de recursos humanos y naturales”. No avanzamos en la revolución digital ni en grandes desarrollos en tecnología, inteligencia artificial, big-data, bioingeniería, biociencia o robótica avanzada. La gerencia política se limitan ofrecer mano de obra barata y extractivismo, la expoliación de nuestros recursos naturales. Un sistema de encomiendas.
El interés de China no es la industrialización de Venezuela ni la consecución de un desarrollo armónico, sino satisfacer sus necesidades de materias primas: petróleo, oro, tierras raras, rodio, coltán, cobre, platino. Recordemos que Hugo Chávez le encargó en 2010 al consorcio estatal chino Citic Group la elaboración del mapa geológico de Venezuela y le entregó la explotación de oro y cobre de la mina Las Cristinas.
Lo que venimos narrando trae a colisión la documentada y lamentable ‘viveza’ de disponer de la concesión de Las Cristinas motivó que Crystallex demandara a Venezuela ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) que ordenó que Venezuela le pagara 1.400 millones de dólares estadounidenses. Como Venezuela no pagó, un juez ordenó el embargo de Citgo, la filial de Pdvsa en Estados unidos. Hubo un acuerdo para pagar la deuda en cuota, pero sigue el retraso y el impago mantiene la amenaza sobre Citgo.
Hay dos aspectos singulares olvidados en la normativa y en el discurso oficial con respecto a las ZEE especializadas en el desarrollo tecnológico. No mencionan como se integrarán a los centros de estudios nacionales e internacionales, ni se detalla la modalidad de transferencia de tecnología que se aplicará, mucho menos cómo van a garantizar la sostenibilidad y la preservación de los ecosistemas naturales.
Proscrita la normativa laboral
Al capital trasnacional se le otorgan facilidades fiscales, aduaneras y logísticas; garantías de acceso a bienes naturales comunes estratégicos –agua, energía solar y eólica, petróleo y gas–; pero fundamentalmente bajos salarios a los trabajadores. Muy inferiores a los que pagan en los países sedes. En Manaos, una zona especial en Brasil desde los tiempos de la dictadura militar, presenta el índice de desarrollo humano más bajo de las ciudades brasileñas más pobladas.
El salario promedio que pagan las ZEE en América Latina y África, son muy inferiores a los que se pagan en los países europeos, Canadá o Estados Unidos. También su aporte al producto interno bruto es miserable. Gran parte de las zonas especiales se han instalado en tierras que pertenecieron a comunidades dedicadas a labores agrícolas, ganaderas o de pesca.
Las califican como lugares “atrasados”, “subdesarrollados”, “salvajes”, “de personas en subsistencia” y prometen que serán desarrollados, pero terminan desplazando a los pobladores, destruyendo el medioambiente con montañas de residuos tóxicos y desechos irrecuperables.
En Venezuela abundan los ejemplos en los que la normativa laboral, la ostentosa Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es letra muerta. En noviembre de 2012, el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, anunció la instalación del complejo industrial de Haier para el ensamblaje de electrodomésticos. Una inversión de 800 millones de dólares prestados por China en San Francisco de Yare, estado Miranda. En 5 galpones inmensos almacenaban neveras, cocinas, lavadoras, televisores fabricados en China que llegaban a La Guaira, Guanta y Puerto Cabello. Libre de aranceles se enviaban a Yare. Proyectaban ensamblar 815.000 equipos anuales, que cubrirían 70% de la demanda nacional de neveras y el 63% de lavadoras.
China Railway 9th Group Co y Henan Tianfon Group se encargaron de la construcción de las enormes instalaciones de 160.000 hectáreas que iban a generar 1.146 empleos directos y 3.438 indirectos. Sin embargo, en 7 años de operaciones, apenas produjo 5.000 neveras. Haier no suministró los materiales prometidos -gases refrigerantes, módulos– y el gobierno venezolano no construyó una subestación eléctrica para que la planta tuviera energía suficiente.
Otro ejemplo es la construcción de la autopista Santa Lucía-Kempis, que supuso una inversión de 45,58 millones de dólares y debía entrar en servicio en 2015, estuvo a cargo de la empresa china Sinohydro y la brasileña Camargo Correa. Ambas subcontrataron personal a través de la empresa Consorcio Santa Lucía-Kempis hasta el cese de sus operaciones en 2017, a pesar de que la ley del trabajo la prohíbe la tercerización. Además, 20% del personal era chino, 40% era brasileño y el resto venezolano, aunque por ley la proporción de trabajadores extranjeros no puede superar 10%.
La mayor desventaja para los trabajadores siempre es salarial y de condiciones laborales. El nacional chino o brasileño recibía un salario superior a los 2.000 dólares, mientras que el de los venezolanos, se limitaba a menos de 312 dólares. Las empresas chinas no permiten sindicatos, para aparentar legalidad lo conforman con los trabajadores chinos. Siiempre favorecen a los patronos.
Ventajas estratégicas de China
Antes que un salvador o un buen aliado, China ha sido responsable de la profundización del rentismo-extractivismo en Venezuela y de su condición de dependencia y vulnerabilidad. En el caso de las zonas económicas especiales venezolanas, el modelo chino determina la desregulación de los territorios (normativas ambientales y laborales).
Por un lado, su discurso oficial enuncia el beneficio recíproco en igualdad y el respeto mutuo, pero en la realidad China ha impuesto el extractivismo, el encadenamiento bilateral, la dependencia, los daños ambientales y la violación de derechos humanos y laborales. Un nuevo neocolonialismo.
Los altos niveles de la deuda con China, obligan a los países subalternos ceder sus activos o la gestión. Una estrategia que le permite intervenir en la política interna.
No es un producto del azar que la mayoría de los créditos de China estén restringidos al sector primario, la minería. No debe sorprender que en 2010 una empresa pública china propusiera una exploración geológica de las reservas minerales de Venezuela ni que en 2014, cuando se derrumban los precios petroleros, se decreten como zonas económicas especiales la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco, entre otras.
Mediante el conocimiento de la composición geológica del país, China puede obtener una visión más completa de la riqueza del subsuelo venezolano. Es un activo clave para la planificación de infraestructura, como carreteras y ferrocarriles, necesarios para la extracción y el transporte de los recursos.
Mientras se habla de “alianza de civilizaciones” y de una “potencia no imperialista”, el mapa geológico de Venezuela le asegura a China el acceso a recursos naturales a largo plazo. Sus empresas extractivas tienen información detallada sobre la ubicación y el potencial de yacimientos de oro, coltán, hierro y tierras raras. El mapa le sirve para la toma de decisiones estratégicas y dirigir sus inversiones en infraestructura y proyectos mineros a las zonas más prometedoras minimizando riesgos y maximizando el potencial de retorno.
¿Fin del rentismo?
En mayo de 2017, Pdvsa informó que la termoeléctrica que abastecería de electricidad al complejo agroindustrial Santa Inés, construida por la estatal china Sinohydra y financiada por el fondo de inversión China-Venezuela, presentaba 98% de avance. El 31 de julio, Eulogio del Pino la inauguró con el gerente de Sinohydro, Jiang Hongyan.
La planta, a 25 kilómetros de la ciudad de Barinas, generaría 100 MW para abastecer la refinería de petróleo adyacente y la red eléctrica nacional. Este complejo agroindustrial le costó al Estado venezolano 2.610 millones de dólares. La refinería no se terminó y la planta nunca operó a plena capacidad.
Al principio generó 45 MW, pero en febrero de 2021 apenas alcanzó 15 MW. Hoy está fuera de servicio. En total, Corpoelec y Pdvsa contrataron 3 empresas para instalar 5 plantas eléctricas, pero desde 2021 ninguna genera siquiera un voltio. Vale la pena recordar que SinoHydro construyó la central hidroeléctrica Tres Gargantas del río Yangtsé que supera los 200 millones de kilovatios de capacidad, no es una empresa de maletín.
En el XXV Foro Mundial de Desarrollo de Zonas Económicas Especiales, la vicepresidenta Rodríguez dijo que una de las enseñanzas que ha dejado el modelo de crecimiento de China es que se concentró en formar el talento humano y en fomentar el crecimiento a favor de las personas. “No en el crecimiento para la concentración de grandes capitales y dirigir el mundo de una manera inadecuada”, subrayó.
En este lado del Caribe, en nuestro país, las cifras indican que en 2024 el régimen venezolano gastó 927 millones de dólares en inteligencia militar para vigilar a los ciudadanos, con sofisticados sistemas de seguimiento, reconocimiento facial y espionaje telefónico –un calco del modelo chino-, pero solo 18 millones en alimentar a más de 5 millones de escolares: apenas 3,49 dólares por niño al año.
Equipo de Investigación de El Nacional
https://www.costadelsolfm.org/
