El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados y Jubilados, Edgar Silva, denunció que el Ejecutivo nacional mantiene dos tipos de deudas acumuladas con los pensionados venezolanos radicados en el exterior, al tiempo que calificó como una «falsa expectativa» el reciente anuncio oficial sobre su incorporación al Acuerdo Iberoamericano de Seguridad Social.
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Durante una entrevista concedida a Unión Radio, el vocero gremial explicó que, aunque Venezuela se adscribió al convenio internacional en 2006 y aprobó una ley marco de apoyo en 2011, el Ministerio del Trabajo no ha formalizado el depósito de la ratificación ni ha completado los trámites administrativos ante la secretaría técnica del acuerdo.
Según Silva, esta omisión institucional deja desamparados a unos 30.000 pensionados venezolanos en el extranjero, afectando a quienes residen legalmente en otros países. Asimismo, enfatizó que el Estado mantiene compromisos bilaterales vigentes de pago con diversas naciones que continúan en situación de incumplimiento.
Silva señaló que, para amparar efectivamente a los jubilados en el exterior, el Gobierno nacional debe «ponerse a derecho» y cancelar una deuda acumulada de escala milmillonaria en las divisas correspondientes a los países de residencia. Finalmente, el dirigente gremial cuestionó el destino de los fondos recaudados a través de la contribución especial del 9 % aplicada al sector empresarial durante los últimos dos años, exigiendo transparencia en el manejo de dichos recursos para el sustento de la seguridad social.
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