La electricidad en Venezuela se encamina hacia un cambio en su modelo económico. La reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional esta semana, abre la participación privada en un sector que durante años permaneció bajo control estatal y plantea una nueva estructura para financiar la prestación del servicio.
El cambio llega después de varios años de ajustes en las facturas eléctricas, cuyos montos siguen siendo reducidos pese a los incrementos, en medio de una disminución progresiva de los subsidios públicos que comenzó a hacerse más visible desde 2020 y de una crisis de generación, transmisión y distribución que todavía afecta a buena parte del país.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantado que las tarifas estarán indexadas al tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV), que actualmente corresponde al euro. También explicó que habrá un régimen de subsidios para los usuarios que no tengan ingresos suficientes para pagar el precio pleno de la electricidad.
La declaración introduce una nueva variable en los costos de los hogares y las empresas, pero todavía no establece cuánto costará el servicio. La metodología tarifaria, los criterios para determinar los subsidios y las condiciones de participación de los operadores deberán desarrollarse a través de la reglamentación de la reforma.
De un servicio de luz subsidiado a facturas con ajustes progresivos
La revisión del costo de la electricidad no comenzó con la nueva legislación. En 2020, el Gobierno de Nicolás Maduro empezó a revertir progresivamente una política de décadas de subsidios a los servicios públicos, que había mantenido tarifas considerablemente bajas para hogares y empresas.
El proceso se hizo más evidente en 2022, cuando Bloomberg documentó incrementos de hasta 100 veces en algunas facturas empresariales. Uno de los casos recogidos fue el de una finca arrocera de 80 hectáreas en Portuguesa, cuya factura eléctrica llegó a US$5.000 mensuales en enero de ese año.
Para entonces, Venezuela todavía mantenía un costo de electricidad muy inferior al de otros mercados. Bloomberg calculaba que el kilovatio hora costaba alrededor de un centavo de dólar, frente a unos 11 centavos en Estados Unidos. También recogía una estimación de economistas del IESA según la cual los subsidios a los servicios públicos habían alcanzado US$25.000 millones anuales en 2014.
La política de reducción de subsidios continuó durante los años siguientes, aunque sin una estructura tarifaria suficientemente transparente para que los usuarios pudieran conocer con claridad cómo se calculaban sus facturas.
En enero de 2024, el gerente de Comercialización de Corpoelec, Alejandro Quevedos, divulgó una referencia de pagos mensuales para los usuarios residenciales en el sistema: US$1,16 para la categoría residencial social, US$2,17 para la residencial general y US$4,34 para los usuarios de alto consumo.
Para quienes no estaban registrados, los montos eran considerablemente mayores: US$5,56 para la categoría residencial, US$27,82 para la general y US$100 para la de alto consumo.
Esas cifras permiten observar la estructura de cobro que se manejaba entonces, pero no constituyen una tabla tarifaria actualizada para noviembre de 2026. De hecho, durante diciembre de 2024 usuarios de distintas entidades denunciaron incrementos superiores al 200% en sus recibos, sin que Corpoelec publicara una explicación detallada sobre los ajustes. Algunos reportaron que sus facturas pasaron de unos Bs.430 a más de Bs.1.400.
El comportamiento de los cobros también se ha hecho evidente en el sector productivo. En junio de 2026, medios locales documentaron incrementos de entre 400% y 750% en las facturas comerciales e industriales durante los 12 meses anteriores.
Uno de los casos fue el de un establecimiento contable en Miranda, cuya factura pasó de Bs.1.135 a Bs.9.690 mensuales, un aumento de aproximadamente 753%. En Maracaibo, una imprenta pasó de pagar Bs.4.932,53 en mayo de 2025 a Bs.23.802,61 en mayo de 2026, un monto equivalente a casi cinco veces el anterior.
La particularidad de estos ajustes es que no han estado acompañados de una mejora equivalente en la continuidad del servicio. Los comercios y las industrias siguen enfrentando interrupciones, fluctuaciones de voltaje y la necesidad de mantener sistemas propios de generación para evitar que los cortes paralicen sus operaciones.
¿Cuánto cuesta hoy la facutra de electricidad para un hogar?
Aunque no existe una tarifa residencial nacional actualizada y suficientemente transparente que permita establecer cuánto paga cada categoría de usuario, las facturas recibidas por los hogares muestran que los cobros han seguido modificándose.
Como referencia concreta, una factura residencial de un apartamento consultada para esta nota registra un pago de Bs.2.862,53. Con una tasa oficial de aproximadamente Bs.901 por dólar, el monto equivale a unos US$3,18.
Se trata de un caso individual y no de un promedio nacional ni de una tarifa oficial representativa de todos los hogares. Sin embargo, permite dimensionar la diferencia frente a los US$2,17 mensuales que se habían divulgado en enero de 2024 para la categoría residencial general.
Un sistema que necesita inversiones de hasta US$40.000 millones
La discusión sobre las tarifas está directamente relacionada con el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y los recursos que requiere para recuperar su capacidad de generación y garantizar un suministro estable.
La infraestructura eléctrica venezolana acumula años de problemas de mantenimiento, equipos fuera de servicio y restricciones en la generación termoeléctrica. Aunque el país cuenta con una importante capacidad hidroeléctrica concentrada en el sur, las limitaciones de las centrales térmicas y las redes de transmisión y distribución han reducido la disponibilidad de electricidad para atender la demanda.
En mayo de 2026, Venezuela registró una demanda de 15.579 megavatios (MW), mientras que la producción máxima de Corpoelec en las semanas anteriores se había situado cerca de 13.000 MW.
La dimensión del deterioro también se refleja en las estimaciones de inversión. Cálculos técnicos de firmas como Siemens Energy y General Electric, respaldados por la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (Aviem), sitúan entre US$15.000 millones y US$40.000 millones los recursos necesarios para rehabilitar y estabilizar el sistema.
Según esas estimaciones, la recuperación podría requerir al menos cinco años y extenderse hasta 15, dependiendo del alcance de las intervenciones.
El Gobierno ha anunciado acuerdos para incorporar 7.400 MW de capacidad a mediano plazo mediante proyectos con General Electric Vernova e IMPSA. En el caso de GE Vernova, el memorando firmado en junio contempla una meta de recuperación de 1.000 MW durante los primeros 24 meses y más de 5.000 MW en cuatro años.
Sin embargo, la ejecución de estos compromisos enfrenta obstáculos financieros. El CEO de GE Vernova, Scott Strazik, declaró a Bloomberg Línea el 28 de octubre que la compañía está a la espera del primer desembolso de Venezuela para iniciar las reparaciones de la red eléctrica. Aunque ya seleccionó a los contratistas y completó los trabajos de ingeniería y planificación, todavía no había registrado órdenes de trabajo para las intervenciones.
La empresa condicionó el inicio de las obras a la recepción previa de los pagos, lo que evidencia que la disponibilidad de financiamiento y las garantías de pago serán determinantes para materializar las inversiones anunciadas.
Qué cambia con la apertura al capital privado
La reforma aprobada por la Asamblea Nacional modifica las condiciones de participación en el negocio eléctrico. Las empresas privadas podrán intervenir en actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, mediante licencias, habilitaciones y concesiones, estas últimas con una duración que puede alcanzar los 25 años.
La legislación también abre la posibilidad de que compañías generadoras suministren electricidad directamente a grandes consumidores, como industrias y centros comerciales, mediante contratos bilaterales.
Esto supone una modificación respecto al modelo anterior, en el que Corpoelec controlaba el control de la prestación del servicio y la comercialización de electricidad.
No obstante, la reforma no implica que el Estado abandone el sector. El Gobierno mantendrá el control sobre la generación hidroeléctrica en las principales cuencas, las redes troncales de transmisión y el despacho eléctrico. También conservará competencias regulatorias y de supervisión sobre los operadores.
Uno de los cambios más relevantes para los potenciales inversionistas es que la nueva legislación contempla mecanismos para resolver controversias mediante tribunales venezolanos o procedimientos alternativos, incluidos la mediación y el arbitraje.
Además, establece condiciones para que las empresas puedan recuperar sus inversiones y obtener una rentabilidad razonable por los activos incorporados al sistema.
La apertura busca que los recursos privados complementen la capacidad financiera del Estado, en un momento en el que la recuperación de la infraestructura requiere inversiones que difícilmente podrán cubrirse únicamente con el presupuesto público.
¿Quién fijará las nuevas tarifas y cómo se calcularán?
Uno de los aspectos centrales de la reforma es que el precio de la electricidad deberá responder a una metodología que considere los costos de operación y de inversión eficientes, además de permitir una rentabilidad razonable para los operadores.
Para desarrollar este esquema, la ley crea una Superintendencia del Sistema Eléctrico, que tendrá competencias regulatorias, de supervisión y de administración del nuevo régimen tarifario.
Esto significa que la apertura a empresas privadas no equivale a una libertad irrestricta para que cada operador establezca unilateralmente los precios del servicio. La autoridad deberá definir las condiciones regulatorias y las tarifas correspondientes a los distintos sectores.
Sin embargo, la legislación también contempla una modalidad diferente para determinados participantes: los generadores, operadores y grandes consumidores que cumplan los requisitos podrán negociar precios mediante contratos bilaterales, sin controles tarifarios previos.
Por tanto, el nuevo modelo podría combinar tarifas reguladas para determinados usuarios y modalidades de contratación directa para grandes consumidores, dentro de las condiciones previstas por la ley.
Subsidios en Venezuela para los hogares y costos para las empresas
La nueva estructura tarifaria también contempla un régimen de subsidios para quienes no tengan ingresos suficientes para pagar el precio pleno de la electricidad.
Rodríguez explicó que esa protección se financiará con los pagos de los sectores industrial y comercial y de quienes desarrollen actividades económicas. La Superintendencia deberá desarrollar las condiciones de aplicación del mecanismo mediante el reglamento de la reforma.
Esto introduce una diferencia importante respecto al esquema anterior: el subsidio dejaría de depender exclusivamente de una tarifa generalizada por debajo del costo del servicio y pasaría a contemplar mecanismos diferenciados según la capacidad de pago de los usuarios.
Para las empresas, el desafío será incorporar un costo eléctrico que refleje de manera más directa las necesidades de operación e inversión del sistema. Aunque la posibilidad de contratar generación privada podría ofrecer alternativas a industrias y grandes consumidores, también supone que deberán evaluar el impacto de esos contratos sobre sus estructuras de costos.
A ese gasto se suma el de la autogeneración, que ya representa una carga para buena parte del sector productivo. En mayo de 2026, la presidenta de Conseturismo, Vicky Herrera de Díaz, explicó que el gasto eléctrico de hoteles y posadas puede representar entre 4% y 8% de sus costos operativos en condiciones normales, pero alcanzar hasta 15% cuando se incorporan los gastos de generación propia. El gremio estimó que al menos 60% de los prestadores de servicios deben recurrir a plantas eléctricas.
La nueva ley busca que la electricidad deje de ser un servicio cuyo financiamiento dependa principalmente de los recursos estatales y avance hacia un modelo en el que las tarifas permitan sostener la operación, atraer inversiones y ampliar la oferta.
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