Washington ha apretado el acelerador para renovar el Tribunal Supremo de Venezuela. Es su primer gran propósito democratizador en el país y la primera gran tarea de la mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y el Gobierno de Delcy Rodríguez, que vuelve a reunirse este miércoles. El objetivo es tener un nuevo tribunal en diciembre, pero, más allá del esbozo que Estados Unidos publicó la semana pasada, aún no se conocen los cronogramas, los perfiles que se buscan, los procedimientos para impugnar ni cómo participará la sociedad civil en un proceso crucial para un país que, se supone, camina hacia una transición democrática.
El nuevo Supremo de Venezuela se escogerá en un proceso inédito. Estados Unidos está impulsando el regreso de Venezuela a la institucionalidad mediante un procedimiento que se desarrolla al margen de la Constitución. El camino se ha construido desde el Departamento de Estado, que vigila de cerca las conversaciones en la mesa de diálogo.
Este proceso de renovación sustituye al que el chavismo había puesto en marcha meses antes en la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, el mismo que hoy encabeza la negociación por parte del oficialismo. Aquel procedimiento tenía vicios evidentes, como el cambio de las reglas del juego a mitad de camino. No se sabía cuántos magistrados se iban a elegir y luego se modificó la ley para aumentar el número de miembros de las salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pasó de 20 a 32 magistrados, con lo que aumentaron las vacantes. Antes de los terremotos de junio se habían presentado más de 500 postulaciones para optar a una plaza. No se ha dicho qué pasará con las credenciales que ya habían sido admitidas.
El Departamento de Estado anunció la mesa en plena emergencia por los terremotos y su primer acuerdo fue el de renovar por completo el Supremo. Desde entonces, el diseño se ha ido conociendo por entregas. La semana pasada, tras reunirse con Dinorah Figuera, representante de la oposición en el diálogo, Washington informó de que la mesa había designado una comisión de siete juristas para verificar las credenciales de los aspirantes. Ese consejo asesor aplicará el primer filtro, pero todavía no se sabe con qué criterios, y de la lista que apruebe saldrán los 32 nuevos magistrados.
La otra pieza del engranaje, el Comité de Postulaciones, terminará de conformarse esta semana. A los 11 diputados que ya lo integran, con mayoría chavista, se sumarán 12 miembros de la sociedad civil, sin que se hayan precisado sus características, ni los tiempos, ni los detalles del procedimiento. Tampoco se conoce el baremo con el que se evaluará a los aspirantes a magistrado. “La comisión verificadora de credenciales abre una oportunidad, pero debe estar regida por la transparencia”, advirtió la abogada Magaly Vásquez en un foro organizado por la Universidad Católica Andrés Bello. “Es necesario saber con claridad y anterioridad sus atribuciones y que, una vez empiecen la convocatoria y la selección, no se cambien las reglas del juego”.
Entre juristas y defensores de derechos humanos crece la preocupación por la premura con que las partes quieren cerrar un proceso lleno de cabos sueltos y que, además, servirá de molde para el siguiente: el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, incluido en la agenda de la mesa. Lo que está en juego es una verdadera transición política, y por eso cada paso se mira con cautela y la confianza en el proceso no se da por descontada.
En foros y encuentros se duda de que pueda transformarse el oscuro laberinto del poder judicial, convertido en parte del aparato represivo del chavismo, donde todos los jueces son provisorios, no tienen estabilidad en su carrera y trabajan bajo fuertes presiones. Las recientes denuncias de la exmagistrada Bárbara César Siero, que asegura haber sido coaccionada con el secuestro de sus familiares para firmar sentencias que inhabilitaban a políticos opositores (entre ellas la de María Corina Machado), han dejado al descubierto la falta de independencia de los tribunales y el tamaño del desafío que implica esta reforma. Hasta el diputado Pablo Pérez, vicepresidente de forma preliminar del Comité de Postulaciones, lo reconoció hace unos días: “Aparte del problema de las cuotas partidistas que se han usado en los poderes, también tenemos las tribus judiciales”.
Los defensores de derechos humanos también han lanzado advertencias. “No va a haber un cambio o una transición política si no se cumple con unos mínimos estándares democráticos para su seguimiento. Los ciudadanos no tenemos información clara del proceso”, señaló la activista Debora Van Berkel, de la ONG Ideas por la Democracia, en un encuentro entre defensores este martes.
El dilema, plantean desde distintos sectores, es cómo puede el ciudadano escrutar un proceso que Estados Unidos controla con celo. “La renovación del poder judicial entra dentro del reordenamiento político e institucional, pero nos hace falta para que los poderes públicos sean realmente independientes y sean útiles a los ciudadanos”, apuntó Óscar Murillo, director de Provea, que también subrayó el contexto en que se produce: “Venezuela está en una situación crecientemente fáctica, está fuera de la Constitución. Y estamos aquí porque queremos volver a la Constitución. Hay un segundo elemento, que es la gran influencia de un actor clave, Estados Unidos, que puede decir que está conforme con los plazos que se están dando, que no necesariamente son los de la gente”.
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