Donald Trump ha codiciado durante mucho tiempo los campos petroleros de otras naciones y ha declarado que un acuerdo con Venezuela es «el mayor acuerdo petrolero en la historia mundial». Pero el acuerdo, alcanzado después de que Estados Unidos se apoderara del presidente venezolano Nicolás Maduro, está casi seguro de que está condenado al colapso en medio de una amplia gama de cuestiones legales y logísticas, según ha encontrado una investigación de Guardian.
El presidente de los Estados Unidos reflexionó por primera vez sobre tomar petróleo de Irán en 1987, cuando le dijo a Barbara Walters de ABC que los ataques iraníes a la navegación estadounidense durante la guerra Irán-Irak requerían una respuesta extrema. «¿Por qué no podríamos entrar y tomar un poco de su petróleo, que está a lo largo del mar?» preguntó. En los años siguientes, ha vuelto con frecuencia a la idea de que Estados Unidos debería apoderarse del petróleo de otros países después del conflicto militar, desde Libia hasta Irak.
A principios de este año, Trump finalmente tuvo la oportunidad de promulgar su plan, a punta de pistola. Las fuerzas estadounidenses asaltaron Venezuela en enero y se apoderaron de Maduro, quien fue trasladado rápidamente a un centro de retención federal en los Estados Unidos y reemplazado por el obediente Delcy Rodríguez. Trump le dijo al Atlántico en los días posteriores a la redada: «Si [Rodríguez] no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro».
Luego, en agosto, Trump anunció que la oficina de capital estratégico (OSC) en el Pentágono, que ha transformado rápidamente, sería propietaria de un tercio de la segunda compañía petrolera privada venezolana más grande, North American Blue Energy Partners (Nabep). Trump dijo que el acuerdo significa que pronto recargará la reserva estratégica de petróleo de los Estados Unidos, que cayó a un mínimo de mucho tiempo después de que Estados Unidos invadiera Irán.
Pero prácticamente todo lo que Trump y su gabinete han dicho sobre el acuerdo es falso y engañoso, según los expertos y funcionarios que hablaron con The Guardian. La ley venezolana que rige el desarrollo del petróleo no permite acuerdos de 100 años, ni nada más largo que 25 años. La OSC no está autorizada por la ley estadounidense, dicen los expertos, para poseer acciones en empresas. Además, dicen, el acuerdo estructurado no traerá nuevo capital al sector petrolero de Venezuela.
Y contrariamente a las afirmaciones de Trump, el petróleo venezolano no ayudará a reponer la reserva estratégica de petróleo de los Estados Unidos en ningún momento en un futuro cercano.
También hay una curiosa figura en el centro del acuerdo: Alejandro Betancourt López, el afable venezolano con antecedentes complejos que se está convirtiendo en socio del gobierno estadounidense como propietario de Nabep.
Betancourt, de 46 años, fue a la universidad en Massachusetts y tiene hogares en España, el Reino Unido y la ciudad de Nueva York. Tiene una historia en el sector de la energía y el petróleo de Venezuela, es dueño de una empresa de gafas de sol y una vez tuvo a Rudy Giuliani como su abogado.
Betancourt, que ha sido arrastrado a múltiples investigaciones internacionales en relación con acusaciones de corrupción venezolana, fue llevado al acuerdo por un socio privado de Marco Rubio, según tres personas que lo conocen. Betancourt nunca ha sido acusado o condenado por ningún delito.
The Guardian se ha enterado de que los funcionarios del gobierno venezolano que ahora están a cargo una vez contrataron a investigadores y hackers para investigar la fuente del dinero de Betancourt.
En última instancia, los expertos son escépticos de que el acuerdo petrolero pueda mantenerse unido. «El acuerdo es como el gran y hermoso muro por el que México pagará», dijo el ex diplomático estadounidense John Feeley.
‘Piel en el juego’
Fue menos de un mes después de la redada estadounidense de enero que derrocó a Maduro cuando el CEO de Exxon, Darren Woods, dijo que el país era «invertible» debido a las «construcciones y marcos legales y comerciales vigentes hoy en día».
Dos personas familiarizadas con el proceso dijeron que Trump comenzó a buscar una manera de asegurarse de que Estados Unidos tuviera «piel en el juego»: propiedad financiera que tranquilizaría a los inversores. La posible respuesta se convirtió en la participación estadounidense en la firma de Betancourt, North American Blue Energy Partners.
Aunque la Casa Blanca y el departamento de defensa dicen que tiene el 35% de propiedad, el Pentágono dijo a los legisladores sobre el comité de servicios armados del Congreso en una sesión informativa escrita vista por The Guardian que tiene «garantías» en Nabep: derechos para comprar acciones, en lugar de las acciones en sí.
El departamento de estado, dice la administración, también tendrá derecho a comprar el 20% de todas las bombas de aceite Nabep, a costo, lo que significa que debería poder comprarla más barata que el precio de mercado.
«Los Departamentos de Estado y Guerra han negociado una oportunidad histórica para asegurar el control mayoritario de los Estados Unidos de más de 65 mil millones de barriles de reservas petroleras probadas en Venezuela a costo cero de los contribuyentes», dijo un portavoz del Pentágono.
No está claro cómo Estados Unidos compraría petróleo crudo, o cuál sería el proceso. El departamento de Estado, por su parte, insiste: «Este es un acuerdo privado con una empresa privada. No es un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela y no hubo un proceso político incluido en las negociaciones».
Eso parece estar en desacuerdo con el anuncio inicial de Trump, que decía: «Los Estados Unidos de América acaban de firmar un Acuerdo con el País de Venezuela». La administración dice que la mayoría de la junta de Nabep, que está incorporada en Barbados, serán ciudadanos estadounidenses.
La propiedad del Pentágono ha sido una de las partes más desconcertantes del acuerdo, porque la idea de que el Departamento de Defensa podría poseer más de un tercio de una compañía petrolera venezolana, o cualquier compañía petrolera, habría sido impensable en cualquier administración anterior de los Estados Unidos. Antes de Trump, el departamento de defensa nunca había operado como un fondo de capital privado que pudiera poseer directamente porcentajes de empresas extranjeras.
Pero el Pentágono se ha transformado. La OSC está bajo la autoridad del subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, un poderoso multimillonario que ejerce el poder financiero real en el Pentágono y se ha rodeado de ex empleados del gigante de capital privado Cerberus, como ha informado The Guardian. Feinberg instuló a un ex empleado de Cerberus, David Lorch, como jefe de la OSC.
La administración Trump está utilizando una ley de la década de 1950 llamada Ley de Producción de Defensa para permitir que el Pentágono se convierta en una especie de fondo de inversión gigante. «Los ha convertido en un vehículo para la propiedad de importantes empresas nacionales e internacionales», dijo el ex funcionario.
Un ex funcionario del Pentágono familiarizado con el proyecto dijo que Feinberg y Lorch estructuraron el final financiero del acuerdo de Trump con Venezuela. «Es absolutamente un proyecto de Feinberg», dijo el ex funcionario del Pentágono.
Sin embargo, la ley que creó la OSC en realidad no la autorizó a realizar inversiones de capital, y el portavoz del Pentágono dijo a Reuters: «La Oficina de Capital Estratégico (OSC) no acepta participaciones en empresas privadas» en agosto.
«El Congreso claramente no cree que haya dado a la OSC el poder de hacer inversiones de capital», dijo Ashley Deeks, vicedecana de la facultad de derecho de la Universidad de Virginia, quien ha escrito sobre las participaciones del gobierno de los Estados Unidos en las empresas para el Harvard National Security Journal.
Dado que la OSC no está autorizada a invertir en acciones de empresas privadas, la propiedad de Nabep estará en manos de una oficina del Pentágono completamente diferente, llamada Análisis y Mantenimiento de la Base Industrial (Ibas), según el ex funcionario del Pentágono.
Pero la misión de Ibas no tiene nada que ver con el petróleo. Su trabajo, como dice en su sitio web, es únicamente «fortalecer la Base Industrial de Defensa de los Estados Unidos».
Esa incongruencia es solo una de las razones por las que las principales compañías petroleras e los inversores dicen en privado que se mantienen alejados de este acuerdo, dijo Phil Gunson del International Crisis Group, que ha sido informado sobre el problema. «Están preocupados por las irregularidades. Están preocupados por los términos del acuerdo. Es la opacidad del acuerdo lo que tiene a los inversores serios preocupados», dijo.
«Si el Pentágono tiene la autoridad para actuar de esta manera es discutible», agregó.
La Casa Blanca dirigió preguntas sobre si la OSC está autorizada a poseer acciones al departamento de defensa. El departamento no respondió a las preguntas por correo electrónico sobre el asunto. En un comunicado, un representante simplemente repitió algunas afirmaciones previas de la administración: es una «oportunidad histórica», con control sobre la mayoría de las reservas de petróleo de Venezuela.
La duración del acuerdo tampoco parece ser tan larga como afirma la administración. El experto legal venezolano José Ignacio Hernández dice que la ley venezolana es muy clara de que esto es imposible, y el propio gobierno de Venezuela ha dicho que el acuerdo es por 25 años, no por 100.
«Todo esto es solo propaganda», dijo Ignacio Hernández. «No se puede implementar como anunció la administración».
El hombre en el medio
Aquellos que han conocido a Alejandro Betancourt dicen que es notablemente agradable y servicial. «Era un tipo muy agradable», dice Lev Parnas, el ex socio de Giuliani que se separó de Maga después de su arresto en 2019, y que viajó con Betancourt. «No me gusta mucha gente, pero me gusta él, su esposa, su familia».
«Betancourt, es un buen vendedor», dijo otro estadounidense que lo conoce desde hace años. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a un entrevistador a principios de septiembre que Betancourt tenía un «historial» de producción de petróleo.
Algunos lo ven como un hombre de negocios eficaz que puede tratar con una variedad de administraciones y tiene experiencia tanto en acuerdos de energía como de petróleo.
En 2012, Betancourt compró el castillo de El Alamín en España, una vasta finca con su propia cancha de tenis y campo de fútbol, según fotos aéreas. El castillo se ha convertido en un lugar para albergar reuniones con destacados líderes empresariales y políticos, informó El País.
Betancourt ha sido objeto de escándalo durante más de una década. El escrutinio público de él surgió por primera vez en los Estados Unidos en 2013, cuando un ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, presentó una serie de acusaciones en una demanda civil, incluidas las violaciones de la Ley de Organizaciones Corruptas y Influenciadas (Rico), que se dirige al crimen organizado, y la difamación, en el tribunal federal de Nueva York. Junto con sus socios en una empresa llamada Derwick Associates, Betancourt ganó dinero construyendo plantas eléctricas en contratos que ganó por sobornos, según la queja de Reich. Las reclamaciones de Rico fueron desestimadas cuando el tribunal deternó que Reich no estableció un «patrón de extorsión» legal, y las reclamaciones por difamación fueron rechazadas por falta de jurisdicción.
En una carta al Guardian, el abogado de Betancourt, Vel Freedman, escribió: «Ni Derwick ni el Sr. Betancourt han pedido, dirigido o alentado a nadie a pagar un soborno».
En 2018, el primo de Betancourt, un socio comercial también afiliado a Derwick, fue acusado en un caso de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares en un tribunal federal de Miami. Una declaración jurada presentada por un agente de Investigaciones de Seguridad Nacional citó a un «conspirador 2» sin nombre, quien, según él, recibió cientos de millones en fondos lavados con el primo, que todavía es un fugitivo en el caso.
El Miami Herald informó que era Betancourt. En una carta al Guardian, el abogado de Betancourt escribió: «El Sr. Betancourt nunca ha sido acusado de un delito en los Estados Unidos. Nunca ha sido nombrado acusado. El gobierno de los Estados Unidos nunca ha solicitado su extradición, y el gobierno de los Estados Unidos nunca lo ha identificado públicamente como un objetivo, como un co-conspirador sin nombre o como cualquier conspirador numerado en ningún instrumento de carga».
Marco Rubio le dijo a un entrevistador de radio venezolana que Betancourt no fue objeto de una investigación estadounidense. «No hubo ninguna investigación dentro de nuestro sistema contra él».
En el apogeo del primer mandato de Trump, Betancourt contrató a Giuliani, entonces abogado personal de Trump, como su propio abogado.
Su relación con el gobierno de Venezuela se ha desviado a lo largo de los años. Según dos personas familiarizadas con la situación, las autoridades venezolanas estaban tan preocupadas por las acusaciones sobre las finanzas de Betancourt que contrataron a un equipo de abogados e investigadores que iniciaron una intensa investigación para tratar de rastrear su dinero.
El abogado de Betancourt dijo que el empresario nunca se apropió del dinero.
Los investigadores contratados por Venezuela incluso utilizaron piratas informáticos para tratar de rastrear sus fondos. Una fuente familiarizada con el proyecto de piratería dijo que su intrusión fue extensa. «Su WhatsApp», dijeron, «‘Sus contadores, sus abogados, todo».
La piratería informática corporativa era una herramienta de investigación muy conocida, aunque generalmente ilegal, en ese momento. Un documento de 2021 obtenido por The Guardian, preparado por un grupo de hackers, muestra una lista de objetivos venezolanos. Enumera a Betancourt como un objetivo «secundario».
El abogado de Betancourt no confirmó el hackeo, pero dijo que Betancourt era un gran partidario del gobierno interino de la oposición respaldado por los Estados Unidos. Si sucedió, dijo, cualquier esfuerzo de piratería «pertenece en el contexto de la oposición del Sr. Betancourt al régimen de Maduro», en lugar de como una investigación financiera legítima.
El Ministerio de Comunicaciones e Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico.
Para 2024, Betancourt volvió a estar involucrado en la perforación en Venezuela, con Nabep, la compañía que poseía en ese momento con Harry Sargeant, un ejecutivo petrolero estadounidense. La compañía comenzó pequeña, con solo 23.000 barriles por día, según declaraciones recientes del presidente interino de Venezuela.
En septiembre de 2025, la policía española descendió a su castillo en relación con una investigación de lavado de dinero, según los relatos de la prensa española.
Pero más o menos en ese momento, los funcionarios de la administración Trump ya estaban en contacto con Betancourt sobre la presión sobre el gobierno de Venezuela, según un ex funcionario, así como un hombre de negocios que estaba al tanto de ello. El abogado de Betancourt escribió que la investigación española «nunca ha resultado en ningún cargo contra el Sr. Betancourt». The Guardian no pudo confirmar el estado de la investigación.
Para el 3 de enero, cuando Maduro fue arrestado en la redada estadounidense, una fuente involucrada dijo que Betancourt jugó un papel crucial en las negociaciones con Delcy Rodríguez. El abogado de Betancourt escribió al Guardian que Betancourt funcionaba como intermediario. «No había un canal establecido de confianza entre el gobierno interino de Venezuela y los Estados Unidos. Ambas partes hablaron con el Sr. Betancourt, porque cada una lo conocía y cada una estaba preparada para confiar en él, y él facilitó las comunicaciones entre ellas».
Lo que muchas personas familiarizadas con la historia reciente de Venezuela preguntan es por qué el gobierno de los Estados Unidos está entaciendo negocios con Betancourt dado su importante bagaje.
«El único ganador discernible en cualquiera de estos es Betancourt», dijo un hombre de negocios que ha pasado años en problemas venezolanos.
Para Trump, el problema es simple. «Fue una guerra, pero quizás sea el mayor acuerdo jamás hecho», dijo a las Naciones Unidas esta semana. «El vencedor pertenece a los botínes. Todos han escuchado eso».
Con información de The Guardian
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