Las recientes declaraciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre presuntos jueces que cobran dinero para aplicar la Ley de Amnistía han desatado nuevas denuncias sobre una supuesta trama de corrupción dentro del sistema judicial venezolano.
Rodríguez reconoció públicamente que existen irregularidades en la administración de justicia y aseguró haber solicitado acciones contra funcionarios judiciales señalados de lucrarse con el proceso de amnistía. “Tengo información y he pedido actuación por aquellos jueces que se atreven a cobrar por la amnistía, eso debe cesar”, afirmó durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión.
En medio de ese contexto, fuentes vinculadas a denuncias judiciales aseguran que una presunta estructura conocida en tribunales como “El Triángulo de la Corrupción” estaría operando para exigir pagos en dólares y criptomonedas a cambio de facilitar la aplicación de la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026.
De acuerdo con las acusaciones, los señalados serían:
- Luis Ernesto Dueñez Reyes, director general de Delitos Comunes del Ministerio Público.
- Carolina Molinos Rodríguez, presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.
- Carlos Liendo, juez Segundo Contra el Terrorismo.
Según las denuncias, los funcionarios habrían establecido un esquema de cobros que oscilaría entre 15.000 y 300.000 dólares por caso, dependiendo del perfil del imputado y de la naturaleza del expediente. Los pagos, presuntamente, serían exigidos en efectivo o mediante criptomonedas para evitar rastros financieros.
Denuncias sobre la aplicación discrecional de la amnistía
La Ley de Amnistía fue presentada por el gobierno venezolano como un mecanismo para promover la reconciliación política y la liberación de personas detenidas por causas vinculadas a conflictos políticos ocurridos entre 1999 y 2026.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han denunciado irregularidades en su aplicación, incluyendo retrasos, discrecionalidad judicial y presuntos cobros ilegales en tribunales para emitir boletas de excarcelación o notificaciones de libertad plena.
Diversas ONG también han advertido que la ejecución de la ley no es automática y depende de decisiones judiciales caso por caso, lo que ha generado críticas sobre falta de transparencia y posibles espacios para corrupción.
“La libertad no puede tener precio”
Las acusaciones han generado indignación entre familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos, quienes consideran que convertir la amnistía en un negocio representa una grave distorsión del propósito original de la ley.
“La libertad no puede tener precio. Si alguien está cobrando por aplicar un beneficio legal, eso debe investigarse hasta las últimas consecuencias”, expresó un abogado consultado bajo condición de anonimato.
Hasta el momento, ninguna autoridad judicial o del Ministerio Público ha anunciado investigaciones formales contra los funcionarios mencionados en las denuncias.
Mientras tanto, crece la presión pública sobre el Ejecutivo para que las declaraciones de Delcy Rodríguez se traduzcan en acciones concretas dentro del sistema de justicia venezolano.
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