La eventual presencia de Delcy Rodríguez en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid a principios de noviembre supone un riesgo político de primer orden para el Gobierno. Si el Ejecutivo mantiene los gestos hacia Caracas y tramita finalmente la excepcionalidad temporal para la presidenta encargada de Venezuela a través del ‘waiver’, una excepción temporal, podría dinamitar el encuentro.
En Moncloa son conscientes de que la foto de Delcy en Madrid puede tener un coste político mucho mayor que cualquier rédito diplomático. Hasta el punto de que, según una fuente consultada por ABC, el Gobierno «debe de estar deseando que alguno de los Veintisiete rompa el procedimiento de silencio y se oponga a la excepción temporal de Delcy» para que pueda viajar a España. «Es el mejor escenario para Sánchez si no quiere quedar como el presidente que arruinó la Cumbre Iberoamericana», explica.
Para entenderlo, hay que analizar el contexto político en el que se produciría esa autorización, cuando ya de entrada varios países del conocido como Escudo de las Américas –impulsado por Donald Trump como una alianza regional de seguridad con gobiernos afines– han advertido de que no acudirían a la cumbre si Delcy Rodríguez participa en ella. Entre ellos figuran Argentina, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador y Bolivia, países alineados en ese bloque regional. El riesgo no es, por tanto, un conflicto con la normativa europea, sino el impacto negativo y directo que tendría para el Gobierno un plantón coordinado de estos dirigentes en el caso de que la UE autorizase la entrada de Delcy únicamente para esta reunión de mandatarios.
La cuestión es especialmente sensible porque el sistema de cumbres iberoamericanas constituye, según otra fuente, «uno de los espacios de concertación política más estructurados y estables a nivel internacional». De hecho, va más allá: «No hay ninguna arquitectura internacional más estructurada y articulada que esta. Ninguna. En ningún foro». Un eventual desplante de varios jefes de Estado o de Gobierno –en un foro del que España es parte fundadora y en el que, además, ejerce como anfitrión en su 30 aniversario– convertiría la cita de Madrid en la más debilitada de su historia reciente. «Imagínate una Cumbre Iberoamericana en la que no vienen varios jefes de Estado. Eso, para Pedro Sánchez, es un problema brutal», advierte.
En ese contexto, la solicitud del ‘waiver’ puede interpretarse más como un gesto político que como una decisión con voluntad real de materializarse. El Gobierno tiene margen para activarlo y justificarlo en términos diplomáticos –ya que puede alegar que Delcy acude a una conferencia internacional o incluso que su presencia favorece el diálogo para la paz en Venezuela–, pero también es consciente de que su concesión efectiva podría tener un coste elevado. «El ‘waiver’ es una decisión puramente administrativa. La oportunidad de impulsarlo existe. Otra cosa es el contexto», resume la fuente.
De hecho, el propio diseño del procedimiento permite ese equilibrio: presentar la solicitud y, al mismo tiempo, dejar en manos de otros Estados miembros de la UE la posibilidad de bloquearla sin que España asuma directamente ese coste. «Se puede plantear y puede salir adelante, pero el problema es la repercusión», insiste. Porque, en última instancia, la decisión no es jurídica, sino política, ya que las consecuencias no van sobre si se abrirá, o no, un procedimiento de infracción a España por plantear la excepcionalidad temporal. Este extremo, de hecho, no se contempla. El impacto es claramente político.
Así, la presencia de Delcy Rodríguez en Madrid no depende tanto de la existencia de mecanismos jurídicos –que los hay– como de una decisión política más amplia: calibrar hasta qué punto ese gesto compensa el riesgo de tensionar una cumbre que el Gobierno aspira a convertir en un éxito. O, como sintetiza una fuente con crudeza: «Puede ser simplemente un guiño político… sabiendo que, si Delcy viene, te cargas la cumbre».
Lo más probable es que Sánchez busque ese equilibrio: hacer ver a la dirigente venezolana que ha movido ficha para facilitar su presencia –por su amistad con José Luis Rodríguez Zapatero y también por las presiones que el Gobierno pueda estar recibiendo por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum– mientras confía en que el procedimiento no prospere. Bastaría con que uno solo de los Veintisiete rompiera el silencio. De ahí que el Gobierno esté jugando a la ambigüedad y que esta cumbre, ahora mismo, penda de un hilo.
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