Según reportes recientes, las detenciones y persecuciones por motivos políticos en Venezuela no solo persisten, sino que se han intensificado en los últimos meses.
La represión se ha dirigido cada vez más contra familias enteras, siendo las mujeres y las personas de la tercera edad las principales afectadas.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) indica que aproximadamente 150 mujeres se encuentran actualmente encarceladas en diversas regiones del país, catalogadas como prisioneras políticas.
Solo en octubre, el monitoreo del OVP registró más de 30 detenciones consideradas arbitrarias, nueve de las cuales fueron mujeres en los estados Guárico, Lara, Mérida y Trujillo.
Los arrestos se habrían llevado a cabo en circunstancias irregulares, presuntamente vulnerando garantías constitucionales y el debido proceso.
El OVP ha documentado casos donde las personas fueron sacadas de sus viviendas sin órdenes judiciales, detenidas como sustitutos de familiares buscados, o en operativos donde funcionarios emplearon violencia y realizaron saqueos en las residencias.
Se reportó incluso un incidente donde una detención ocurrió en presencia de una niña, quien vio cómo su madre era llevada sin explicaciones.
Tras los arrestos, predomina el hermetismo y la falta de información oficial. Los familiares denuncian desconocimiento sobre el paradero de las mujeres, aplazamientos de audiencias que exceden los límites legales y posibles casos de desaparición forzada, con algunas mujeres cuya ubicación sigue siendo incierta.
Entre las detenciones ocurridas en octubre, el OVP menciona a:
Xiomara Ortiz (Lara, 13/10/2025), detenida junto a su esposo.
Marielys Sandoval (Guárico, octubre 2025), arrestada presuntamente al no localizar a su esposo.
Luz María Rodríguez (Lara, 13/10/2025), detenida por la ausencia de su cuñada.
Blanca de Loaiza (Lara, 16/10/2025), apresada junto a sus dos hijos.
Mirla Catire (Lara, 14/10/2025), detenida con su esposo.
Iliana Gutiérrez (Lara, 15/10/2025), arrestada por una publicación en redes sociales.
María Inmaculada Ramírez y Charly Cristina Durán (Mérida, 17/10/2025), ambas abogadas.
Aracelis Balza (Trujillo, 20/10/2025), detenida por demandar la liberación de un joven.
Estas detenciones se interpretarían como parte de una política de persecución sistemática contra quienes manifiestan disenso.
Una preocupación particular es la situación de mujeres adultas mayores o con padecimientos crónicos (como hipertensión o problemas respiratorios), quienes permanecerían recluidas en condiciones precarias, sin acceso a atención médica adecuada o evaluaciones especializadas.
Adicionalmente, se señala que las mujeres son frecuentemente las últimas en ser consideradas en los procesos de liberación, una situación que evidenciaría una doble discriminación: por motivos políticos y de género.
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