La asociación civil sin fines de lucro, Transparencia Venezuela, publicó un informe sobre «la última purga» en el Poder Judicial que ha dejado decenas de detenciones y destituciones.
Desde el pasado 7 de septiembre, 14 fiscales, incluyendo al fiscal superior del estado Carabobo, Miguel José Durán Trejo, han sido detenidos por supuestamente formar parte de una trama que extorsionaba a personas que tenían investigaciones penales abiertas, a quienes les solicitaban grandes sumas de dinero, a cambio de favorecer sus intereses en esos procesos.
En ese contexto, Transparencia Venezuela explicó que los exfuncionarios que han caído en lo que se ha denominado como “una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”, se les ha imputado los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir.
INFORME DE TRANSPARENCIA VENEZUELA
Los aprehendidos en Carabobo son: Marilyn Jackeline Hernández Guadarrama, Gabriel José Sánchez Pirela, Michael Gabriel Quintero, Omar Antonio Ramos, Gabriel José Almea Hernández, Lerwis Alejandro Osorio Pimentel, Ángel Eulice Daza Hernández, Wilmer Agustín Vargas Silva y Ángelo José Dorta Sivira, quien estuvo en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hasta 2018. Aunque el martes 9 de septiembre, se informó de la captura de Pedro Manuel Amaya Ortíz y Freddy Jesús Franco Araque, fiscal provisorio y fiscal auxiliar primero del estado Carabobo. Entre los señalados figuraba Luis Enrique Maldonado Vásquez, quien, según versiones de prensa, encontrado sin vida el jueves 4 de septiembre de 2025.
A los ahora exfuncionarios que han caído en lo que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ha denominado como “una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”, se les ha imputado los delitos de obstrucción a la administración de justicia, ventajas o beneficios económicos, retraso u omisión intencional de funciones agravada, uso indebido de información o datos reservados y asociación para delinquir.
No obstante, fuentes judiciales ponen en duda el número de detenciones ofrecido por Saab en el estado Carabobo y hay quienes la rebajan a solo dos. “A los demás los imputaron, pero les otorgaron una medida sustitutiva de libertad”, aseguró un confidente.
No solo son fiscales
Aunque las autoridades solo se han referido a Carabobo, Transparencia Venezuela ha recibido información confiable que indica que hasta el 11 de septiembre de 2025 se han registrado detenciones en otros estados como Bolívar, Nueva Esparta y en la capital, Caracas.
De acuerdo con la información recabada casi una docena de funcionarios han sido aprehendidos en otros estados, por los organismos de seguridad e inteligencia, y entre ellos destaca parte del círculo de colaboradores más cercanos del fiscal general de la República, Tarek William Saab; así como a jueces y abogados.
En Caracas. Los abogados Ángel Renato Fuenmayor Briceño, Marvin Emperatriz González Barrios y Orlando José Peña Lamus, directores de Delitos Comunes, contra la Corrupción y contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, respectivamente; fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en los últimos días, aseguró el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray. El mismo Mundaray publicó en la red social X que habría sido designado como nuevo director general de Delitos Comunes Luis Ernesto Dueñez, el mismo fiscal que pidió la orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia y quien lleva el caso de su yerno, Rafael Tudares, detenido en enero de 2025.
También habría sido detenido el fiscal 67 Nacional, Farik Karin Mora Salcedo, uno de los dos encargados de investigar el llamado caso Pdvsa-Cripto, la trama de corrupción presuntamente liderada por Tareck El Aissami, exministro del Petróleo, que desfalcó al menos 16.960 millones de dólares, según estimaciones de nuestra organización, a la empresa estatal petrolera y que tuvo ramificaciones en la Superintendencia de Criptoactivos, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y otras empresas públicas.
Mora Salcedo está sancionado por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido por participar en violaciones a los derechos humanos en junio de 2020. También por la misma razón lo sancionó Canadá en enero de 2025. Su primera designación en el Ministerio Público la hizo Luisa Ortega Díaz.
También en Caracas, el abogado Ángel Gabriel Betancourt Martínez, juez 3 de Control con competencias en materia de Terrorismo, se encontraría en un calabozo del Sebin desde hace días, de acuerdo con la información manejada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Betancourt Martínez tenía en sus manos el caso del activista del Provea, Eduardo Torres, y este lunes ha debido celebrarse su audiencia preliminar, pero la misma fue suspendida debido a la presunta detención del juez. También convalidó la acusación contra la periodista del portal de noticias La Patilla, Ana Carolina Guaita, detenida en agosto de 2024 por presuntos funcionarios del Sebin en Maiquetía, La Guaira, poco después de la elección presidencial del 28 de julio, y excarcelada en diciembre del mismo año.
El exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray también aseguró haber recibido información sobre el arresto de Bárbara Andreina Rojas Ojeda, asistente de la presidenta de la Sala de Casación Penal del TSJ, Elsa Janeth Gómez Moreno. Rojas Ojeda, quien es pareja del fiscal Farik Karin Mora Salcedo, es la funcionaria que transmite las instrucciones a los jueces penales sobre cómo decidir, aseguraron fuentes judiciales.
La magistrada del TSJ Elsa Gómez Moreno es cercana a Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, pues es tía de Jenifer Fuentes Gómez, directora ejecutiva de la Magistratura del TSJ, esposa de Walter Gavidia Flores, quien se ha desempeñado como juez de juicio de Caracas y es hijo de la llamada “primera combatiente”.
En Bolívar. En el estado Bolívar, al sur del país, se ha conocido de la aprehensión del abogado Carlos Eduardo Retiff Vahlis, presidente del Circuito Judicial Penal de esa entidad desde mayo de 2024, así como de la jueza rectora Yaritza Yileida Godoy Correa y del fiscal superior Luis Alfredo Roa Reyes.
Fuentes aseguran que las detenciones e interrogatorios han continuado en las últimas horas en los juzgados y fiscalías de Puerto Ordaz y mientras estas operaciones policiales se realizan, desde Caracas han designado temporalmente Ingrid Colmenares como nueva fiscal superior; a Leixa Collins de Rodríguez como jueza rectora; y a Carmen Natalia Moreno en la presidencia del Circuito Judicial Penal.
El fiscal Luis Eduardo Franceschi Perdomo, hijo del magistrado emérito de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y exdiputado del extinto Movimiento Quinta República, también figura en la lista de aprehendidos. En uno de sus perfiles en redes sociales señala que fue Analista Judicial I en el TSJ.
En Nueva Esparta. En Nueva Esparta la presidenta del Circuito Judicial Penal, Patricia del Valle Marcano Marcano, habría sido detenida.
Lucha entre mafias
La lucha contra la corrupción y asegurar que “todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad” es, según el fiscal general Tarek William Saab, el objetivo de esta operación.
Sin embargo, expertos como Mundaray creen que en realidad estamos presenciando una batalla entre bandas que se lucran de “extorsiones, secuestros corrupción, desapariciones, torturas y encarcelamientos”.
Según Mundaray, un grupo de fiscales trató de “acaparar las rentas criminales” y “se enfrentaron a dos poderosos carteles: la Policía Nacional Bolivariana y al Sebin”.
Otras versiones aseguran que al fiscal Farik Mora Salcedo le habrían interceptado mensajes con agentes de un gobierno extranjero, mientras que otras indican que desde el Ministerio del Interior y otras instancias gubernamentales habrían perdido la confianza en el fiscal general Tarek William Saab y buscan desplazarlo.
Sea cual sea el motivo de esta nueva purga, lo cierto es que este tipo de acciones han demostrado ser ineficaces para erradicar las irregularidades administrativas en el Poder Judicial y prueba de ello son las propias cifras de Tarek William Saab, quien asegura como un logro que 570 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados desde agosto de 2017.
Lea más en Transparencia Venezuela
No hay comentarios.:
Publicar un comentario