El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) denunció el traslado del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacionao (Sebin) de El Helicoide a un sitio desconocido.
Citaron a su abogado, Joel García, quien dijo que el domingo 31 de agosto lo sacaron de esta instalación, considerada como un centro de torturas por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos, a un nuevo sitio del reclusión del que no se ha informado.
«Durante todos estos meses, a Roland no le han permitido recibir visitas de sus familiares ni tampoco llamadas telefónicas, lo que aumenta la preocupación de su hijo Franklin Carreño, quien nos confirma las condiciones de aislamiento al que lo han sometido», dijo la organización sindical en su sitio web este lunes 1 de septiembre.
Voluntad Popular también se pronunció para alertar y exigir a la comunidad internacional un pronunciamiento o condena por estas violaciones a los derechos humanos, tanto de Carreño como del dirigente Freddy Superlano, a quien también trasladaron del Helicoide.
«El Sntp denuncia con preocupación la situación del periodista Roland Carreño, ahora trasladado de manera arbitraria a un destino desconocido. Reiteramos nuestro reclamo por la imposición de un defensor público, la negación de visitas familiares y la restricción de comunicaciones«, enumeró el Sindicato algunas de las irregularidades que ocurren con Carreño desde que lo detuvieron, por segunda vez, en agosto de 2024 en el contexto de la represión poselectoral.
La organización demandó «su inmediata localización, la restitución de sus derechos y el cese de toda medida que implique aislamiento o trato injusto, así como el respeto pleno a los principios de justicia y garantías procesales».
Detenciones y desapariciones forzadas
Estas denuncias se producen después de que se conocieran arrestos de dirigentes políticos en Barinas y Mérida. En el estado llanero apresaron al exalcalde de Barinas, Luis Machín, junto a cuatro miembros del partido Primero Justicia durante el fin de semana, mientras que en el andino arrestaron a dos coordinadores de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.
Tanto las organizaciones políticas como familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos condenaron estos arrestos que calificaron como «desapariciones forzadas» al no saber cuál es el motivo de detención, los organismos que practican tales procedimientos ni el sitio de reclusión de sus seres queridos.
Las desapariciones forzadas son consideradas como un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de Roma. Este fin de semana, la ONG Provea denunció un patrón estatal de este tipo de delitos, de corta y mediana duración, al analizar 23 casos de presos políticos detenidos entre septiembre de 2024 y mayo de este año.
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