La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este lunes el «aislamiento» y los actos de «tortura» a los que son sometidos decenas de presos políticos en Venezuela ante la «brutal represión» que sufren por parte de las autoridades, que los mantienen «incomunicados durante meses e incluso años».
«La falta de comunicación y la negativa a recibir visitas se ha convertido en una forma de tortura que provoca sufrimiento a aquellos que están entre rejas, pero también a sus familiares y allegados», ha alertado la organización en un comunicado conjunto con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE).
Así, han pedido a la comunidad internacional «utilizar los foros existentes para presionar a favor de los derechos de estos presos» tras documentar al menos 19 casos de incomunicación absoluta en las cárceles venezolanas.
«En la mayoría de estos casos, los detenidos tienen vínculos con partidos de la oposición», han afirmado.
A la gran mayoría, señalan, «se les ha negado cualquier visita o llamada telefónica desde que fueron detenidos».
«Los gobiernos deben realizar esfuerzos diplomáticos para garantizar que estos detenidos son puestos en libertad», ha manifestado la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.
Desde agosto, las autoridades venezolanas han liberado a 13 presos políticos, entre ellos Américo de Grazia, un líder opositor que fue «secuestrado en 2024 cuando se dirigía a una cita médica».
«Su familia se pasó 380 días sin saber de él», indica el documento, que asegura que la mayoría de estos detenidos son recluidos en la prisión del Helicoide, en Caracas y que, tal y como indica la misión de la ONU, tiene «cámaras de tortura».
Freddy Superlano, coordinador nacional del partido opositor Voluntad Popular, se encuentra incomunicado desde su arresto en julio de 2024. Su familia solo sabe que fue transferido desde el Helicoide junto al periodista Roland Carreño, si bien las autoridades no han confirmado su paradero.
El texto apunta a que otros presos políticos se encuentran en la prisión de alta seguridad Rodeo I, en el estado de Miranda, donde también se encuentran recluidos algunos presos extranjeros.
«En muchos casos, las autoridades han negado los arrestos o dar detalles sobre los detenidos, lo que supone un delito de desaparición forzosa bajo el Derecho Internacional», han aclarado las dos ONG.
EL PAPEL DE LAS FAMILIAS
Son muchas las familias que han puesto en marcha «medidas de búsqueda» en los centros de detención y morgues «para obtener información sobre sus seres queridos». Para obtener estos datos, han tendido que hacer uso de «sobornos» entregados a los guardias de seguridad.
Sairam Rivas, coordinadora de la CLIPPVE y pareja del preso político Jesús Armas, ha afirmado que los familiares «están forzados a vivir en una continua angustia e incertidumbre, a la espera de recibir cualquier indicio que apunte a que los presos siguen vivos».
No obstante, las ONG han alertado de que «incluso cuando los familiares obtienen algún tipo de información sobre su paradero, las visitas son rechazadas».
«Se les entrega la ropa sucia de sus seres queridos y notas en las que les piden objetos. Esa es la única prueba que tienen de que están vivos. Algunas familias tienen que viajar y atravesar miles de kilómetros para lograr estas mínimas interacciones», sostiene el comunicado.
Además, algunos de estos detenidos ya contaban con condiciones médicas específicas y enfermedades para las cuales carecen del tratamiento adecuado.
«Los familiares aseguran que no cuentan con información sobre su estado médico o sobre si están tomando su medicación», han advertido.
En muchos de los casos, sostienen, estos presos son imputados por «incitación al odio» o «terrorismo», además de ser acusados de financiar o impulsar «actos contrarios al régimen» y «complots» contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
«La incomunicación prolongada puede llevar a actos de tortura.
La corte Interamericana de Derechos Humanos afirma que el aislamiento puede causar daños psicológicos y coloca a los presos en situaciones muy vulnerables y susceptibles de sufrir abuso en prisión», han aseverado.
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