Luego del contundente pronunciamiento ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que presentó un nuevo informe que expone la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos en el país durante 2025, Francisco Cox, uno de los investigadores que participó en el documento, afirma que el esquema de represión por parte de la gestión de Nicolás Maduro ha escalado aún más tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
En conversación con Luz Mely Reyes, directora general de Efecto Cocuyo, y Rafael Uzcátegui, defensor de los DD. HH. y codirector de la ONG Laboratorio de Paz, Cox manifestó que la Misión solo espera que el sistema de justicia internacional comience a tomar en cuenta esas denuncia y actúe contra el Estado venezolano.
«No hay de ninguna forma o posibilidad para las víctimas de obtener justicia a nivel nacional», dijo durante su participación en el espacio #ConLaLuz, transmitido durante el mediodía de este 23 de septiembre a través de las plataformas digitales de Efecto Cocuyo.
En su intervención, Cox precisó que «las detenciones de 2025 repiten el patrón de 2024: sin base legal, realizadas por individuos enmascarados y con fabricación de expedientes penales. Ante el sometimiento de la justicia al ejecutivo, la única esperanza de justicia reposa en instancias internacionales».
Además, enfatizó la fabricación continua de expedientes penales y la violación grave de los principios de un juicio justo, con total impunidad y connivencia judicial, lo que deja a las víctimas sin opciones locales de reparación.
El informe, añadió Cox, también detalla al menos 200 nuevas detenciones selectivas en 2025 contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, incluyendo a 220 menores de edad expuestos a violencia sexual e incomunicación.
Importante seguir documentando
Un aspecto novedoso del informe es la documentación de 84 casos de detenciones de extranjeros, con 10 casos adicionales registrados tras el cierre del informe. Además, se reportaron detenciones de niños, niñas y adolescentes, así como actos de tortura.
Cox señaló que el sistema de justicia venezolano, influenciado por el poder ejecutivo, ha obstaculizado el acceso a recursos legales, como los habeas corpus, que en muchos casos ni siquiera son recibidos por los tribunales.
«Esto impide a las víctimas documentar formalmente sus casos y buscar justicia. La misión utiliza un estándar de prueba basado en una base razonable para creer, ya que no opera como un tribunal penal», dijo el experto, quien agregó que en la medida de lo posible es importante seguir documentando los caos porque «la justicia tarda, pero llega».
Cox añade que la misión enfrentó limitaciones financieras que obligaron a redimensionar los objetivos de la investigación, impidiendo profundizar en ciertos aspectos que se espera abordar en el futuro.
Respuesta a críticas del gobierno venezolano
Frente a las críticas recurrentes de Miraflroes, que desacredita el informe por no haber sido realizado dentro del país, Cox aclaró que la misión no ha podido ingresar a Venezuela debido a la negativa de las autoridades.
«Nadie puede beneficiarse de su propio dolo», afirmó al destacar que las investigaciones remotas son una práctica común en países que no permiten el acceso a misiones de la ONU.
La misión recopila información de víctimas, familiares, testigos, exmiembros de fuerzas de seguridad y documentos judiciales, aunque el acceso a estos últimos es cada vez más difícil debido a la imposición de defensores públicos que no representan adecuadamente a las víctimas.
Llamado a la justicia internacional
Cox enfatizó que las víctimas en Venezuela no tienen acceso a la justicia a nivel nacional, lo que refuerza la importancia de la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI).
«La situación de derechos humanos no ha mejorado, sino que ha empeorado», afirmó, subrayando la necesidad de que la CPI desempeñe un rol crítico en la búsqueda de justicia para las víctimas.
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