Tras varias semanas flexionando sus músculos en el Caribe, la administración del presidente Donald Trump lanzó su primer golpe el pasado martes al destruir una lancha rápida supuestamente cargada con estupefacientes en la que viajaban miembros de la organización venezolana Tren de Aragua.
Aunque la lectura inicial fue la de una operación contundente contra el narcotráfico, el incidente desató cierto debate con relación al uso de la fuerza militar en la lucha contra las drogas, la justificación legal que se empleó para el ataque y algunos de sus detalles, que no están del todo claros todavía.
Tras hacer el anuncio durante un evento en la Casa Blanca, Trump celebró la acción en redes sociales, publicando un video en blanco y negro en el que se observó a una lancha viajando a toda velocidad en aguas abiertas, hasta que una explosión la reduce a llamas.
Según el mandatario, los 11 tripulantes a bordo eran “narco-terroristas” que pretendían introducir “masivas cantidades de droga” a Estados Unidos.
La noticia fue respaldada rápidamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, –cuyo ministerio esta semana fue rebautizado por Trump como Departamento de Guerra- y por el secretario de Estado Marco Rubio.
Hegseth afirmó en una entrevista con la cadena Fox que los mandos militares “sabían exactamente quién estaba en esa embarcación y qué hacían allí”, aunque no ofreció evidencia.
Rubio, en rueda de prensa desde México, insistió en que medidas de interdicción tradicionales no habían disuadido a los carteles y que lo único que los detendría era bombardearlos. «Lo que los detiene es cuando los explotas (blow them up), los eliminas”, dijo el secretario.
Por su parte, la Casa Blanca defendió la operación como parte de una nueva fase de “ofensiva total” contra organizaciones criminales en el Caribe que apenas estaba comenzando.
Las contradicciones de Trump y Rubio sobre bombardeo en el Caribe
Sin embargo, horas después del ataque comenzaron a surgir contradicciones en el relato oficial. Mientras Trump declaró en un principio que la lancha se dirigía hacia Estados Unidos, Rubio aseguró que su destino era la isla de Trinidad. Algo corroborado por medios locales.
Varios exfuncionarios con experiencia en operaciones antinarcóticos citados por The New York Times y The Washington Post señalaron, paralelamente, que el tamaño del bote difícilmente podía transportar a 11 personas y al mismo tiempo “cantidades masivas” de droga.
Otros medios cuestionaron el rol del Tren de Aragua dado que la organización no es conocida por manejar cargamentos de cocaína a gran escala, sino más bien por el contrabando de “tusi” o “cocaína rosada” en mercados locales.
No obstante, el hecho de que la lancha fuera destruida con todo a bordo imposibilita cualquier verificación independiente.
Bombardeo de la lancha rápida en el Caribe tendría más razones migratorias que antidrogas
Y es que la falta de transparencia en torno a las pruebas también generó dudas. Pese a que Hegseth aseguró haber visto la operación “en vivo” y que contaban con grabaciones de comunicaciones de los supuestos narcotraficantes, hasta ahora, lo único divulgado al público es el breve video compartido por Trump sin ninguna evidencia concreta sobre la droga ni sobre la identidad de los ocupantes.
El editorial del jueves del Washington Post ofreció otra narrativa plausible. Según el medio, más que un operativo antinarcóticos, lo del martes tenía un objetivo migratorio, la principal prioridad de Trump.
Para agilizar su campaña masiva de deportación, la administración acudió hace unos meses a una antigua ley, la de enemigos extranjeros, que le permite expulsar a ciudadanos de un país de manera exprés. Para hacerlo, alegó que los venezolanos en el país eran parte de un “ejército invasor”, compuesto por el Tren de Aragua y enviado por el régimen de Nicolás Maduro.
Ese argumento fue bloqueado transitoriamente por las cortes. Pero, esta semana, precisamente, un tribunal de apelaciones sentenció que no era posible declarar a los migrantes, o la presencia del Tren de Aragua, con la de un ejército invasor porque no existía un conflicto con Venezuela.
Según el Post, un conflicto en aguas internacionales o una confrontación naval en el Caribe con el régimen de Maduro podría ser la justificación legal que hace falta para utilizar la ley en casos de deportación.
Viraje de Estados Unidos en su política de interdicción en el mar abre debate
Más allá de los interrogantes inmediatos, el ataque abrió un debate de fondo sobre la estrategia de esta administración contra el narcotráfico.
Durante décadas, la política de interdicción en el mar había estado en manos de la Guardia Costera, que abordaba las embarcaciones, detenía a la tripulación y presentaba cargos en tribunales. Así las cosas, la decisión de bombardear directamente un bote en aguas internacionales, sin advertencia ni intento de captura, constituye una ruptura histórica.
Uno de los aspectos más controvertidos del asalto, precisamente, es que podría contravenir tanto la legislación estadounidense como varios convenios internacionales que regulan el uso de la fuerza en el mar.
En el plano interno, el Congreso nunca ha avalado el uso de la fuerza militar contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua. La autorización vigente desde 2001, pensada para combatir a Al Qaeda y sus aliados, no puede extenderse de manera automática a grupos sin vínculos con el terrorismo islamista.
Tampoco la designación de una banda como “organización terrorista extranjera” habilita la acción militar: esa figura permite sanciones financieras y judiciales, pero no ataques armados.
Eso dice Brian Finucane, exasesor del Departamento de Estado, para quien la reciente designación del Tren de Aragua como “organización terrorista extranjera” no autoriza el uso de fuerza letal.
“No es una organización militar como Isis o Al Qaeda”, dice este exfuncionario.
El derecho marítimo estadounidense, además, establece que la Guardia Costera es la principal autoridad a hora de intervenir embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas. La práctica habitual es detener la nave, abordar a la tripulación y, si procede, trasladarlos a un tribunal federal. Destruir directamente un barco en aguas internacionales, sin aviso ni intento de captura, rompe con décadas de protocolos que garantizan un mínimo de debido proceso y proporcionalidad en las operaciones.
Para el congresista demócrata Adam Smith, si bien el combate contra las drogas es un interés común, la administración no ha articulado el marco legal bajo el que está actuando, “lo que plantea dudas sobre su misma constitucionalidad”.
Naciones Unidas también se sumó al debate. Ravina Shamdasani, portavoz para la oficina de derechos humanos, dijo este jueves que cualquier acción de un Estado para enfrentar el tráfico de drogas debía respetar el derecho internacional y que un delito como este no justificaba bajo ningún caso un asesinato.
“En cuanto a los delitos relacionados con drogas, para que quede claro, no se debe matar a las personas por consumir, traficar, vender o poseer droga. La lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y los funcionarios son responsables de cumplirlos. El uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso contra una persona que represente una amenaza inminente para la vida¨, aseveró la funcionaria.
Los expertos señalan que la operación contradice normas como la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Carta de la ONU -en especial el artículo 51 sobre el derecho a la legítima defensa- y el propio Manual de la Ley de la Guerra del Departamento de Defensa.
Estos instrumentos permiten el uso de la fuerza únicamente cuando existe una amenaza inminente contra la seguridad de un Estado, lo que no se ha demostrado en este caso pues, sostienen, la simple sospecha de transportar drogas no constituye una justificación válida para un ataque letal.
La lucha contra el narcotráfico no debe escapar a los principios de legalidad y los funcionarios son responsables de cumplirlos. El uso intencional de la fuerza letal solo se permite como medida de último recurso
El principio de proporcionalidad, piedra angular del derecho internacional humanitario, también parece haber sido ignorado.
Según lo subraya la organización de derechos humanos Wola, la gradualidad en la respuesta es obligatoria: primero debe intentarse la identificación, el contacto por radio, las señales de advertencia y, en último caso, el abordaje con fuerza no letal. La destrucción inmediata de una embarcación con 11 personas a bordo se podría interpretar como un uso desproporcionado de la fuerza que pone en riesgo vidas civiles y erosiona normas internacionales consolidadas desde hace más de un siglo.
¿Por qué operación de Trump en el Caribe podría ser catalogada como crimen de guerra?
Al realizar un ataque sin autodefensa evidente, la administración Trump se expone a acusaciones de haber cometido ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.
Para Adam Isacson, experto en seguridad hemisférica en Wola, la operación podría hasta ser catalogada como “un posible crimen de guerra” al no existir indicios de que hubiera un escenario de legítima defensa. “Incluso si llevaban drogas, eso no es una ofensa capital”, dijo este analista.
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