“No, no, no hay responsabilidad”, lamentó Lalu Adimiyat mientras grababa con su teléfono la actividad incesante de camiones cargados de mineral aurífero en las colinas de Sekotong, en la isla de Lombok. Las cintas policiales que meses antes marcaban el cierre de una de las mayores minas ilegales de Indonesia habían desaparecido.
Por infobae.com
La mina, que llegó a ocupar el equivalente a 184 campos de fútbol americano y generaba un valor estimado de 5,5 millones de dólares mensuales, seguía en funcionamiento. Este escenario, documentado por The Washington Post, ilustra la magnitud y persistencia de la minería ilegal de oro impulsada por redes chinas en el sudeste asiático y otros puntos del planeta.
La investigación de la periodista Rebecca Tan del The Washington Post revela que sindicatos mineros chinos, dotados de capital, maquinaria y conexiones, han extendido sus operaciones ilícitas desde Indonesia hasta Ghana y Guayana Francesa, alimentando la creciente demanda de oro de China.
Este fenómeno responde a una estrategia del régimen de Xi Jinping para reducir su dependencia del dólar estadounidense, blindarse ante posibles sanciones y fortalecer su influencia en el sistema monetario internacional. El resultado es una cadena de destrucción ambiental y corrupción institucional que afecta a comunidades enteras y desafía la capacidad de respuesta de los Estados afectados.
El modus operandi de estas redes difiere radicalmente del de los mineros artesanales locales. Mientras estos últimos emplean herramientas manuales y explotan yacimientos a pequeña escala, los operadores chinos introducen excavadoras, trituradoras y sistemas de lixiviación con cianuro, lo que multiplica la capacidad extractiva y los riesgos ambientales. Según expertos citados por The Washington Post, la transición del mercurio al cianuro, impulsada por los chinos, ha incrementado la eficiencia pero también la peligrosidad de los procesos, especialmente en ausencia de controles rigurosos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió en mayo que el crimen organizado se ha infiltrado profundamente en las cadenas de suministro de oro, constituyendo una “grave amenaza global”. El auge de la demanda china, que ha elevado el precio del oro por encima de 3.000 dólares la onza, ha atraído a cárteles de la droga, grupos terroristas y mercenarios, muchos de los cuales colaboran con intereses mineros chinos presentes en todas las etapas, desde la extracción hasta la comercialización.
Según el analista de minerales David Soud, “las redes chinas se han involucrado profundamente en el comercio ilícito de oro”, y gran parte del metal extraído o adquirido por estos canales termina en China a través de cadenas de suministro opacas, sin pago de impuestos ni regalías locales.
La respuesta de las autoridades chinas ha sido evasiva. El embajador chino en Ghana, Tong Defa, calificó de “injusticia significativa” responsabilizar al régimen de Beijing por la expansión de la minería ilegal. Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni la Cámara de Comercio de Metales, Minerales y Químicos de China respondieron a las preguntas detalladas de The Washington Post. La embajada china en Washington declaró no estar al tanto de las acusaciones y declinó hacer comentarios.
En Ghana, el principal exportador de oro de África, funcionarios denuncian que los grupos mineros irregulares chinos han devastado extensas zonas del oeste y sur del país y avanzan hacia el norte. El parlamentario Tiah Abdul-Kabiru Mahama acusó al Partido Comunista Chino de ser “cómplice” de la destrucción. El ministro de Tierras y Recursos Naturales, Emmanuel Armah-Kofi Buah, reconoció que los esfuerzos para obtener cooperación de las autoridades chinas han sido infructuosos y que los mineros deportados suelen regresar con facilidad. Solo en los últimos meses, cientos de ciudadanos chinos han sido arrestados en el país africano.
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