El presidente autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aplastado a la oposición, encarcelado a jueces y políticos, e incluso arrestado a ciudadanos estadounidenses para utilizarlos como moneda de cambio en las negociaciones internacionales.
Ahora va tras una profesión que no se ha considerado tradicionalmente arriesgada en Venezuela: los economistas.
Los expertos dicen que el gobierno busca controlar la narrativa en torno a la profundización de la crisis financiera venezolana al atacar a los expertos independientes que comparten datos sobre la economía del país, que se encuentra en picada.
Según grupos de derechos humanos y el gobierno venezolano, en los últimos dos meses han sido detenidos aproximadamente dos docenas de economistas y otras personas involucradas en la publicación de datos financieros.
“Se trata esencialmente de una política de disparar al mensajero”, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group que ha vivido en Venezuela durante más de dos décadas.
El Banco Central de Venezuela lleva años sin publicar datos fiables sobre indicadores clave como la inflación, lo que obliga a los economistas a llenar los vacíos con estimaciones independientes.
“Es como la teoría económica de Campanita”, añadió, en referencia al esfuerzo de Maduro por acallar cualquier mala noticia económica. “Si crees en ella, su luz sigue brillando”.
La campaña del gobierno ha inquietado a los economistas y a otras personas que trabajan en sitios web de información financiera. Incluso los que viven en el extranjero tienen miedo de hablar en público, por temor a represalias contra sus familias o empleados.
Entre los economistas detenidos se encuentra un exministro de Finanzas y profesor de economía, Rodrigo Cabezas, de 69 años, que en su día formó parte del partido gobernante, pero que más tarde se distanció y criticó las políticas económicas de Maduro.
La hija de Cabezas, Rodna Cabezas, dijo en una entrevista que el 3 de junio, funcionarios de la empresa estatal de energía llegaron a su casa en Maracaibo, en el noroeste de Venezuela, con el argumento de que había un problema con la electricidad. Le pidieron a su padre que los acompañara para resolverlo.
Pero luego dijo que su padre la llamó para decirle que había sido una trampa y que agentes de inteligencia lo habían detenido. Su familia no ha sabido nada de él desde entonces, ni ha recibido ninguna información del gobierno.
“No sabemos a dónde lo llevaron”, dijo Cabezas.
La familia ha contratado a un abogado que tampoco ha podido contactarlo. Su padre necesita medicación diaria para la hipertensión, según ha explicado.
“Es muy duro”, dijo. “Ya no tengo lágrimas de tanto llorar. Es como una cuchilla permanente en el corazón”.
La economía de Venezuela implotó hace una década, impulsada por la mala gestión del gobierno y agravada por las sanciones de Estados Unidos.
A medida que la hiperinflación se disparó al 300.000 por ciento y la moneda local, el bolívar, perdió rápidamente su valor, los venezolanos comenzaron a guardar sus ahorros en dólares estadounidenses.
El Banco Central de Venezuela fija un tipo de cambio oficial para el bolívar, pero la mayoría de la gente se basa en un tipo de cambio no oficial, llamado dólar paralelo, publicado por sitios web como Monitor Dólar, que refleja el precio real del dólar en la calle.
El tipo de cambio oficial a menudo ha hecho que el bolívar parezca ligeramente más fuerte de lo que realmente es, lo que genera una imagen más favorable de la economía. Pero la inflación va en aumento, según los analistas, lo que provoca que el bolívar pierda valor y que los venezolanos que cobran en la moneda local tengan dificultades para cambiarla por dólares.
“La tasa de cambio entre el dólar y el bolívar es una de las variables clave que el gobierno trata de controlar”, dijo Gunson.
Afirmó que el gobierno cree que puede detener la pérdida de valor del bolívar al silenciar a personas como los economistas que informan sobre el tipo de cambio no oficial. (Y ya no se dispone de cifras precisas sobre la inflación porque el gobierno no publica esos datos y ha perseguido a los economistas independientes que lo hacen).
Otros países de la región como Argentina han sido acusados de manipular los datos económicos en tiempos de crisis.
Los expertos afirman que la represión en Venezuela contra economistas y grupos financieros independientes refleja una estrategia más amplia del gobierno de Maduro para suprimir datos y silenciar la disidencia con el fin de controlar la percepción pública.
El gobierno venezolano no ha publicado estadísticas oficiales sobre epidemiología desde 2016 y ha mantenido en secreto los datos sobre el aumento de la mortalidad infantil por hambre.
Bajo la presidencia de Joe Biden, Estados Unidos flexibilizó las sanciones petroleras que contribuyeron a devastar las finanzas del país con la esperanza de impulsar al gobierno a celebrar elecciones libres y justas.
A medida que la inflación se moderó, los productos de primera necesidad se hicieron más accesibles y asequibles, y la pobreza comenzó a disminuir.
Pero el año pasado, Maduro se declaró vencedor en unas elecciones que muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, consideraron fraudulentas.
Desde entonces, el presidente Trump ha impuesto nuevas sanciones y ha revocado una licencia clave para que Chevron opere en Venezuela, cuya economía depende en gran medida del petróleo. La caída en picado de la economía del país ha dejado a muchos venezolanos cansados y con poca fe en que el gobierno pueda encontrar una solución, según los analistas.
Según el grupo de derechos humanos Provea, al menos cinco economistas fueron detenidos entre el 29 de mayo y el 5 de junio. Algunos fueron puestos en libertad, pero dos, entre ellos Cabezas, siguen desaparecidos, sin que se haya facilitado información sobre su paradero ni sobre los cargos que se les imputan.
Al menos 20 personas vinculadas a Monitor Dólar fueron detenidas por informar sobre el dólar paralelo, según el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
Cabello, en su programa semanal de televisión, denunció a los economistas “que andan diciendo que el bolívar no vale nada. ¡Esa gente está jugando con fuego!”.
Las autoridades, añadió, perseguían a “consultores disfrazados” que alimentaban la inestabilidad financiera.
Sin embargo, el Observatorio Financiero Venezolano, un grupo independiente que publica datos sobre la economía del país, afirmó que “no constituye un delito elaborar y divulgar cifras de precios”.
Sitios web financieros como Monitor Dólar y la plataforma de criptomonedas El Dorado, donde se compran criptomonedas con bolívares para cambiarlos por dólares, han cerrado en respuesta a la presión del gobierno.
“Me hago responsable por cualquier impacto negativo generado por la app”, dijo en un video Guillermo Goncalvez, fundador de El Dorado.
La difícil situación de Cabezas y del otro economista desaparecido es una historia familiar para los activistas de derechos humanos.
En los últimos años, se ha convertido en algo habitual que las autoridades venezolanas detengan a personas y las mantengan recluidas indefinidamente en lugares desconocidos, sin permitirles contactar con sus familiares ni con abogados.
“Hoy en día, nada nos sorprende”, dijo Gunson. “Parece que ya no hay reglas. La ley, la Constitución, nada importa ya”.
Genevieve Glatsky es una reportera del Times radicada en Bogotá.
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