Un grupo de activistas venezolanos pidió este viernes que la canonización del médico laico José Gregorio Hernández y la religiosa Carmen Rendiles, el próximo 19 de octubre, se celebre «sin presos políticos» en el país, por lo que solicitó a la Iglesia católica interceder por la liberación de estos detenidos, que organizaciones no gubernamentales cifran en 948.
Decenas de personas se concentraron en las afueras de la Nunciatura Apostólica en Caracas para pedir también que la venidera canonización sea una oportunidad para abrir «caminos de verdad, justicia y paz» en Venezuela y que el papa León XIV pueda «hacer gestiones» para la libertad de estos presos.
El abogado Marino Alvarado, coordinador de exigibilidad legal de la ONG Provea, aseguró que la Iglesia católica «puede jugar un papel muy importante en Venezuela frente a la crítica situación que se vive con casi 1.000 presos políticos existentes actualmente».
«La Iglesia puede interceder no solamente ante las autoridades venezolanas, sino que, desde acá, desde la Nunciatura Apostólica en Venezuela, se puede hacer contacto directo con el papa», dijo.
Alvarado considera que es «muy importante también la posibilidad de que los exiliados puedan regresar al país» y que no haya «líderes sociales y líderes políticos en la clandestinidad» dentro de la nación suramericana, donde, en cambio, puedan «ejercer los derechos sin ningún tipo de temor y riesgo a la libertad, a la integridad personal».
En ese sentido, denunció que ha habido una «persecución política» contra economistas, dirigentes estudiantiles, líderes sociales, sindicalistas y activistas de derechos humanos.
Alertó también de lo que llamó la «puerta giratoria», es decir, que mientras que «excarcelan algunos presos», el «Gobierno sigue deteniendo de manera arbitraria».
Por su parte, la activista Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), denunció que desde hace casi un mes es víctima de un «hostigamiento» por el que vive una especie de «casa por cárcel» y que, dijo, le ha impedido ver a su hermano, Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, y desarrollar su cotidianidad.
«Ha sido muy duro, ha sido un mes donde se potenció la zozobra, ha sido una nueva fase de hostigamiento que lo que busca es quebrantarnos y desequilibrarnos, (…) mi hermana Margaret ha sido hostigada muchísimo», aseguró.
Por tanto, hizo «responsable al régimen venezolano» de «cualquier cosa que le pueda pasar» a su familia y allegados.
Recientemente, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) abogó por el diálogo para llegar a acuerdos pese a «distintas ideologías», y se solidarizó con los 20 periodistas que, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), están detenidos en el país.
Amnistía Internacional (AI) advirtió el martes de un «aumento drástico» de las detenciones cometidas de «forma sistemática» en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las elecciones presidenciales, y dijo ver en estos casos «elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada».EFE
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