El presidente de ia Organización Socialista Indígena Bolivariana Unida (Osibu), Jesús Jiménez, denunció una serie de irregularidades durante el proceso para escoger a la representación indígena (3 diputados) ante la Asamblea Nacional (AN) a través de elecciones de segundo grado, que se realizaron este domingo 1 de junio en tres regiones (sur, oriente y occidente) del país.
“El Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas asumió el protagonismo y el control del proceso por encima de las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE). Los funcionarios manejaron el Registro Electoral (RE), la data de las asambleas indígenas y hasta asumieron las funciones de testigos electorales, dejándonos sin la posibilidad contar con testigos en el proceso, pese a ser nuestro derecho por estar debidamente registrados ante el CNE”, señalo Jiménez, quien es miembro de la etnia Warao.
En las asambleas, que debieron celebrarse en el mes de abril en las regiones con poblaciones indígenas (oriente: Anzoátegui, Monagas, Sucre, Bolívar y Guayana Esequiba; occidente: Zulia, Trujillo y Mérida y sur del país: Amazonas y Apure) y de las que el CNE no brindó ningún balance, se habría escogido a 6.451 voceros. Tales voceros tuvieron la potestad de “elegir”, en dichos estados, a la representación indigena ante el Parlamento nacional el pasado domingo, una semana después de los comicios nacionales de la AN, gobernaciones y Consejos Legislativos.
De acuerdo con el diputado de la AN y experto electoral, Aníbal Sánchez, se habilitaron 95 centros de votación este 1 de junio y que los 6.451 voceros escogieron a los tres diputados indígenas en representación de 169.451 indígenas pertenecientes a 3.952 comunidades distribuidas en los estados mencionados. Desde el canal del Estado, VTV, se informó que los comicios involucraron a 77 municipios y 118 mesas habilitadas.
Uno de esos voceros era el alcalde de Mara y gobernador electo del Zulia, Luis Caldera del Psuv, a quien la prensa regional retrató cuando votaba este domingo en la Escuela Básica Nacional Jesús María Sistiaga, ubicada en la parroquia San Rafael de El Moján, municipio Mara, uno de los 28 centros electorales habilitados en ese estado.
El silencio del CNE
En declaraciones a Efecto Cocuyo Jiménez reiteró que a pesar de haber solicitado mediante oficios al CNE información sobre el RE indígena, a tomar en cuenta para las asambleas -necesario para calcular los índices de participación-, el cronograma electoral, la lista de voceros escogidos y de los centros electorales habilitados, no hubo quien dentro del ente comicial respondiera. Tampoco, agregó, se les permitió la sustitución de candidaturas.
“La información sobre los centros electorales y los voceros llegó el sábado (31 de mayo) en la tarde a través de la viceministra indígena, lo que demostró que el CNE delegó en el ministerio indígena sus funciones. El viernes apenas nos llegó la planilla para que registraramos los testigos y nos dieron solo cuatro horas para hacerlo, pero nunca nos dieron las credenciales y terminaron siendo los que designó el ministerio indígena, sus funcionarios. No pudimos tener testigos en las mesas de ninguna de las tres regiones”, se quejó Jiménez.
Aparte de Osibu participaron en el evento electoral, como organizaciones indígenas nacionales, el Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) y Cátedra Guaicaipuro, de las que Jiménez agregó, fueron “secuestradas” por el Psuv. Mientras que las organizaciones indígenas regionales autorizadas por el CNE fueron la Federación de Indígenas de Bolívar (FIEB), Fondo para el Desarrollo Comunitario y Social de los Pueblos Indígenas (FUNDACIDI), Fedecayaurima, Kalaiira y Asocoinbo.
El máximo vocero de Osibu, organización disidente del chavismo, indicó que el ente ministerial hizo además un “uso grosero” de recursos públicos a favor de una parcialidad política, al desplegar toda una logística el pasado 1 de junio con transporte para movilizar a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y comida.
Exigen publicación de resultados
Sobre quienes habían resultado electos como diputados indígenas a la AN, Jiménez dijo que desde “tempranas horas” de este domingo ya era “vox populi” quienes resultarían favorecidos, pertenecientes a las filas del Psuv. Declinó mencionarlos porque a su juicio era una información que debía divulgar el CNE. De ser así, los escaños para el Psuv y el Gran Polo Patriótico en la AN, obtenidos el 25 de mayo, subieron a 256 de 285 curules en total que se eligieron en esta oportunidad.
“Esta elección tiene visos de nulidad y nosotros seguiremos luchando para reivindicar nuestros derechos como organizaciones políticas y de los pueblos indígenas. Controlan todo el proceso para permanecer en el poder porque saben que no tienen apoyo. Hacen ver que los pueblos indígenas escogieron según sus propios métodos pero eso no lo respetaron”, fustigó Jiménez.
Osibu exige al CNE cumplir con su responsabilidad y publicar los resultados de la elección indígena. El ente comicial tampoco ha publicado los resultados desglosados de las votaciones del 25 de mayo ni de las presidenciales del 28 de Julio de 2024.
“Como organización registrada ante el CNE que postulamos candidatos en las tres regiones como expresión de los diferentes pueblos indígenas, tenemos derecho a que se nos entreguen esos resultados, poder hacer contraloría, ver las papeletas para comprobar. Demandamos a los rectores información y respuesta formal”, instó Jiménez.
Vale recordar que la modalidad de elección de segundo grado para la representación indígena (y hacerla separada del resto de la AN) fue aprobada a partir de los comicios parlamentarios de 2020, en las que un CNE ad hoc, facultado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aprobó unas normas especiales para que los pueblos originarios escogieran a su representación según sus propios métodos. De acuerdo con juristas y expertos electorales, el método viola el artículo 63 de la Constitución que establece el voto libre, universal, directo y secreto.
“A pesar de que las elecciones de segundo grado violan la Constitución, como organización decidimos participar para mantener la defensa activa del voto, de la ruta electoral y de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Si dejamos de participar se irá degradando más nuestro derecho a elegir”, sostuvo Jiménez.
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