En Venezuela, la contabilidad pública se ha transformado en herramienta de propaganda. Las proyecciones de organismos como la Cepal, que anticipan un crecimiento económico de 4,4% para 2024, son presentadas por el régimen como confirmación de una recuperación en marcha. Pero esa cifra, extraída de estimaciones generales y no de estadísticas verificables, poco o nada dice sobre el país real: ese que sobrevive entre la escasez, la informalidad y un bolívar en fase terminal.
En un país donde el salario mínimo permanece congelado en 130 bolívares —alrededor de 1,34 dólares— desde marzo de 2022, hablar de crecimiento económico raya en el sarcasmo. La mayoría de los venezolanos subsiste gracias a remesas, ingresos en divisas y una economía paralela que el propio Estado simula ignorar.
La dolarización informal, tolerada pero no legalizada, ha permeado todo: desde los servicios odontológicos hasta la venta de gasolina subsidiada. En regiones como el estado Táchira, la moneda oficial dejó de ser el bolívar. El peso colombiano ha sido adoptado de facto en el comercio, el transporte y las transacciones cotidianas. No hay ley que lo respalde, pero la práctica impone su lógica: el bolívar no sirve ni siquiera como referencia.
En este contexto, el dólar paralelo ha sido el único indicador medianamente confiable para fijar precios. Portales como Monitor Dólar Venezuela, Dólar Today, En Paralelo Venezuela, BCV.info y El Dorado se volvieron esenciales para comerciantes y consumidores. Hasta que dejaron de serlo. Desde abril, varios de estos sitios han sido bloqueados o suspendidos, algunos tras amenazas veladas por parte de Conatel. Uno de los casos más comentados fue el del portal El Dorado, obligado a cesar operaciones tras una campaña de presiones que no fue ni discreta ni legal.
El gobierno no ofreció justificación formal, pero su objetivo era claro: contener la exposición pública del verdadero precio del dólar. El dólar de la calle, no el del Banco Central, fijado de manera opaca y con escasa liquidez. En una economía donde más de 60% de las transacciones se realizan en divisas, impedir el acceso a información sobre su valor es tan absurdo como criminal.
El argumento oficial habla de “estabilizar el tipo de cambio” y “proteger la economía”, pero en realidad se trata de reprimir el síntoma para fingir que no hay enfermedad. Lo mismo ocurre con las cifras del BCV, que se publican con cuentagotas y sin el menor sustento técnico verificable. Es una economía dirigida más por decretos que por mecanismos de mercado, más por miedo que por estrategia.
El espejismo del crecimiento, repetido por burócratas y entusiastas de ocasión, no resiste una verificación elemental. No hay aumento sostenido del consumo. No hay reactivación productiva. No hay crédito bancario. Lo que existe es un leve rebote de importaciones, impulsado por burbujas en zonas específicas, y una élite dolarizada que opera bajo privilegios fiscales y jurídicos. Crece un segmento, sí, pero sobre las ruinas del resto.
Y mientras tanto, el régimen intenta tapar la realidad del dólar tumbando las páginas web que informan su cotización. Como si borrar el precio de la divisa de Internet pudiera devolverle valor al bolívar. Venezuela no está creciendo: está desfigurándose. Y el gobierno lo sabe. Por eso prefiere el silencio a la evidencia, y la censura al cálculo. Pero la economía, como la verdad, tiene una persistencia testaruda. No se deja callar por decreto.
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