La justicia de Bonaire desechó la propuesta de una empresa dedicada al comercio de hidrocarburos y otros commodities, para ofrecer en el mercado internacional un tanque de crudo confiscado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
El juzgado presidido por la letrada Maite Brown de Haseth rechazó el recurso intentado por los representantes de Alphaville Holdings Limited, una corporación registrada en el archipiélago de las Seychelles, en el Océano Índico, uno de los países conocidos por albergar empresas de papel.
En 2021, Alphaville había ganado el derecho a disponer de los 384.410 barriles de crudo almacenados en el tanque 1907, que fueron confiscados a la estatal petrolera venezolana en 2019 cuando ésta incumplió con sus obligaciones por el uso de las instalaciones de la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec).
Aunque Alphaville ganó la puja mediante la oferta de tan solo 200 mil florines (111 mil dólares), la idea de sus representantes era pagar esta suma luego de haber colocado el crudo, cuyo valor de mercado para ese momento podría sobrepasar los 25 millones de dólares.
El problema de fondo era que los adquirientes también debían pagar más de 13,5 millones de dólares por costos de almacenamiento incurridos hasta el momento de la subasta.
El llamado “curador” de la quiebra de Bopec, Constantin van Liere, se opuso a la jugada de Alphaville. Esto ocasionó la prolongación de los litigios. En julio de 2023, una sentencia judicial autorizó a Van Liere para que confiscara nuevamente el crudo almacenado en el tanque 1907, y convocara a una nueva subasta. Este evento fue pautado para el 24 de febrero. Pero la empresa de Seychelles solicitó una medida de suspensión con carácter de urgencia, con el argumento de que se podía lograr una “venta privada”.
En este contexto, Alphaville solicitó que se permitiera a “las partes interesadas” tomar muestras del crudo que permanece en el tanque de la terminal de aguas profundas. Y fue más allá. Según el expediente judicial, exigió que se indicara a los interesados que ellos eran los dueños del petróleo.
Otra razón tiene que ver con la preocupación de las autoridades sobre posibles danos ambientales en el trasvase del hidrocarburo. La propuesta indica que todo el cargamento podía ser colocado en un buque, lo que además obligaría a un recálculo de la tarifa exigida por almacenamiento.
Para finalizar, Alphaville sostuvo que, en estas condiciones, Bopec tendría que ser condenada al pago de un millón de dólares por cada día que el crudo permaneciese en la embarcación, sin ser negociado ante terceros.
Con esta sentencia, la jueza deja el camino libre para que el crudo confiscado a Pdvsa en Bonaire sea vendido a otro postor.
En busca de compensación
Según el experto petrolero venezolano Juan Fernández, este conflicto es uno más de los que se han planteado por los problemas sufridos por Petróleos de Venezuela a partir de 2018.
Fernández, ex funcionario de la estatal venezolana y directivo de la organización Gente del Petróleo, indicó que la situación de insolvencia obligó a la Bonaire Petroleum Corporation (Bopec) a buscar “una compensación” mediante la venta de los hidrocarburos pertenecientes a Pdvsa, que quedaron en esta instalación, ubicada en el extremo oeste de la isla caribeña.
Aclaró que Bopec funciona solamente como “terminal de almacenamiento”.
“Allí hay unos tanques donde guardas productos. Eso forma parte de una estrategia comercial, que tiene que ver con los precios. En el caso de Pdvsa, gravitaban también los temas de las cuotas Opep. Ellos (Bopec) básicamente prestaban servicios a Pdvsa. Los productos almacenados allí luego se disponían al mercado”, explicó.
Recordó que, previo a la crisis de Pdvsa, las operaciones de Bopec eran controladas desde la refinería Isla de Curazao.
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