En noviembre de 2019, Javier Troconis, comisionado para la Gestión y Recuperación de Activos de Juan Guaidó, mantuvo conversaciones secretas y en paralelo a las que ya tenían la junta ad hoc de Pdvsa y la Procuraduría para llegar a un acuerdo con Petropar sobre la deuda que desde 2009 tiene con la estatal venezolana
En julio de 2016, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) —supeditada a la administración de Nicolás Maduro— presentó una demanda arbitral contra Petróleos Paraguayos (Petropar) ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París, por el incumplimiento de una deuda que había sido renegociada en 2009.
La empresa paraguaya, que atravesaba dificultades financieras luego de años de presunta corrupción, no realizó los pagos oportunos entre 2006 y 2008 de los 18.600 barriles diarios de crudo, productos refinados y gas licuado de petróleo (GLP) que recibía de Venezuela bajo condiciones preferenciales de pago, según lo establecido en el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas suscrito en 2004 por los entonces presidentes Hugo Chávez y Nicanor Duarte. En 2009 Petropar reconoció adeudar a Pdvsa unos 269 millones de dólares.
La estatal venezolana sostenía que el pago íntegro de la deuda era exigible desde noviembre de 2013. Petropar, en cambio, insistió en que el tratado permitía el pago hasta el año 2023.
Pero el rechazo por parte de la oposición y de la comunidad internacional del segundo mandato de Maduro y la proclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado de Venezuela» a partir de su jefatura en 2019 de la Asamblea Nacional electa en 2015, generaron un tiempo muerto en el proceso de arbitraje en la capital de Francia.
El 7 de marzo de 2019, Petropar solicitó al tribunal arbitral la suspensión temporal del proceso debido al desconocimiento de Maduro como legítimo presidente de Venezuela. La presidenta de la empresa, Patricia Samudio, había declarado que el objetivo era evitar que la deuda se abonara a la administración chavista. Paraguay fue uno de los primeros países que reconoció como mandatario encargado a Juan Guaidó, quien apenas casi dos meses atrás se había proclamado como tal en una concentración en Caracas. El 19 de marzo, la corte de Arbitraje de la CCI congeló temporalmente su mediación sobre el pago de la deuda y canceló las audiencias sobre el fondo de la disputa fijadas para junio de 2019 en París.
«No es posible hacer ningún pago a Pdvsa mientras se encuentre bajo la dirección del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro», indicó Petropar. «Lo resuelto por el tribunal arbitral abre la puerta a una negociación entre los Estados paraguayo y venezolano para el pago de la deuda en un escenario en que la democracia sea reinstaurada en la República Bolivariana de Venezuela».
Ante el reconocimiento por parte del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez a Guaidó como presidente interino de Venezuela, el entonces recién designado procurador especial de la república, el abogado José Ignacio Hernández, también había solicitado, el 13 de marzo de ese mismo año, la suspensión del arbitraje. Consideraba que no se justificaba mantener los costos del arbitraje cuando la única diferencia que había era sobre la tasa de interés aplicable.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó, y el presidente de Paraguay Mario Abdo Benítez luego de una reunión en Asunción en marzo de 2019
Luego, con el nombramiento de una junta administradora ad hoc de Pdvsa por parte de la Asamblea Nacional, el 10 de abril de 2019, empezaron a llevarse a cabo conversaciones oficiales entre los representantes de la estatal venezolana designados por el gobierno interino de Guaidó, Hernández y Petropar, para buscar una solución del conflicto.
Según información suministrada por exfuncionarios del interinato, Pdvsa ad hoc proponía reconocer el monto íntegro de la deuda, pactar un cronograma de pagos y designar una comisión técnica para resolver la única disputa existente: los intereses, sin necesidad de designar a terceros mediadores ni comprometer el pago de honorarios por gestiones de mediación o recuperación.
Lo que ocurrió no se acerca a esa propuesta.
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Según información suministrada por exfuncionarios del interinato, Pdvsa ad hoc proponía reconocer el monto íntegro de la deuda, pactar un cronograma de pagos y designar una comisión técnica para resolver la única disputa existente: los intereses, sin necesidad de designar a terceros mediadores ni comprometer el pago de honorarios por gestiones de mediación o recuperación.
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