Aunque Nicolás Maduro insista en llamar plan al conjunto de decisiones económicas que ha adoptado, los economistas y expertos en políticas públicas expresan un consenso: acciones parciales, desarticuladas y contradictorias que carecen de consistencia para su éxito.
Pero no es en la interpretación específicamente económica donde nos interesa detenernos, sino más bien en su rebote social, que ya se está sintiendo en la vida cotidiana de la mayoría y en el análisis de sus motivaciones y efectos políticos.
No se puede ignorar que las medidas fueron presididas por una, de alto contenido progresista, como fue el aumento inusitado del salario, en línea totalmente contraría a los convencionales programas de ajuste que concentran la austeridad en reducir salarios. Sorprendió una decisión, efectivamente dirigida a proteger a quienes viven de su trabajo y que inusitadamente, por primera vez, ponía a los salarios a subir por el ascensor.
También por primera vez, el régimen parecía girar hacia una adecuación con su vacía retórica de justicia social y daba una señal, de valorización del trabajo, como una de las bases de recuperación del país. .”
Pero las buenas intenciones no son suficientes, si carecen de medidas estructurales para frenar la hiperinflación y si una flexibilización del modelo económico no se corresponde con la flexibilización del sistema político y una reconstrucción de condiciones democráticas en materia de procesos electorales y en términos de acatar los mandatos de la Constitución Nacional, cuya vigencia esta suspendida de facto por el Ejecutivo Nacional.
Respecto a su intencionalidad política habría que precisar: 1. Al adoptar las medidas, Maduro reafirma su posición preminente en la macolla de intereses que conforman el poder en Venezuela. 2. La flexibilización económica es un falso paso atrás, porque en vez de iniciar algún viraje en el modelo, se propone reforzarlo por otras vías.3. Se intenta consolidar la hegemonía y el control del régimen sobre la sociedad destruyendo las bases materiales que sostienen a la clase media y empobreciendo a la mayoría de los trabajadores, condenados a un salario techo que en dólares es el más bajo de América Latina y que está perdiendo aceleradamente su capacidad de compra. 4. En esas condiciones, el envoltorio progresista del aumento salarial es rasgado por una segunda intencionalidad autoritaria: liquidar lo que aun queda de sindicalización y asociación independiente al régimen. 5. La aparente flexibilización en las reglas económicas aparejan una ofensiva contra los centros de transmisión y producción de conocimientos que afectan gravemente a las Universidades, instituciones culturales y a la libertad de información y formación.
Un hecho, a la vez esperanzador y preocupante, es que la reacciones más visibles y concretas a la intención conservadora de las élites en el poder; afanadas en ganar tiempo, encontrar fuentes de financiamiento indiferentes al respeto de normas institucionales y eludir un verdadero cambio de modelo, provienen del movimiento social. Allí donde se siente el terrible golpe contra la cultura democrática que significa anular la contratación colectiva para acordar todo lo relativo a la remuneración, no sólo como medio de reproducción de la existencia sino como estímulo al desarrollo humano.
Los partidos siguen dominados por un silencio que ojalá obedezca a reflexión. Sin su concurso unitario y a la altura de las modificaciones producidas en las tecnologías autoritarias, el cambio será más lento e incompleto.
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