En este artículo vamos a analizar los anuncios del presidente Nicolás Maduro para derrotar la hiperinflación y recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios. Lo haremos examinando la coherencia de las medidas aprobadas con los objetivos que se persiguen, y destacaremos lo que faltó en los anuncios gubernamentales.
El presidente prometió disciplina fiscal, cero déficit y no más emisión de dinero inorgánico para financiar unas empresas públicas que no generan recursos ni para pagar sus nóminas. Sin embargo, las medidas anunciadas agravan el déficit fiscal al reducir los ingresos y aumentar los gastos, lo que pone en entredicho su propuesta para frenar el alza de los precios. Una estrategia antiinflacionaria viable y creíble incluye al menos las siguientes acciones:
Reactivar la producción
Como el producto más caro es el que no se consigue, hay que comenzar por una política de reactivación agrícola e industrial que ayude a generar una creciente oferta de los productos que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la vida cotidiana y de la producción.
Esta política de reactivación productiva debe contemplar la eliminación de los rígidos controles de cambio y de precios que estrangulan la producción, garantizar la seguridad jurídica y el respeto a los derechos de propiedad, también el financiamiento al capital de trabajo, incentivos fiscales a las nuevas inversiones, suministro de insumos básicos al sector transformador e, incluso, un programa de incentivos para la repatriación de profesionales, técnicos y gerentes que se fueron a trabajar a otros países. Pero nada de eso se dijo.
Disciplina fiscal
Para sofocar la hiperinflación es clave una reforma fiscal bien pensada, con las medidas adecuadas, aplicadas en la secuencia lógica. En una economía que se ha contraído 50% en los últimos cinco años, y donde la hiperinflación ha devorado el poder de compra, resulta contraproducente cargar sobre el sector privado, ya sean personas o empresas, las maniobras para cerrar la brecha fiscal.
Aumentar el IVA, aplicar nuevos impuestos a las transacciones financieras o acelerar la frecuencia con la que se recaudará el ISLR son medidas inocuas porque se aplican sobre una población empobrecida y sobre una base imponible cada vez más exhausta y pequeña. Esta recaudación no van a compensar los que el fisco dejó de percibir al exonerar de pago del ISLR a Pdvsa, sus filiales y las empresas mixtas y, por el contrario, contraerá aún más la demanda agregada y la producción.
Lo correcto sería comenzar por eliminar las exenciones y exoneraciones innecesarias, reducir el gasto público superfluo -entre ellos el gasto militar-, eliminar los ruinosos subsidios como el de la gasolina, y sustituir los ineficientes subsidios indirectos a los bienes y servicios por subsidios directos a las familias pobres para que estas puedan pagar el ajuste que luego se haría de las tarifas de electricidad, agua, gas, etc. De esta forma, las empresas públicas que prestan estos servicios podrían generar ingresos que al menos les permita pagar la nómina y cubrir los costos de mantenimiento. De lo contrario, vamos al colapso total de los servicios públicos y dentro de poco no habrá más apagones sino prendones.
Erradicar financiamiento monetario
El financiamiento monetario del déficit de Pdvsa, Corpoelec, Hidros, Metro y demás empresas públicas, significa inyectar a la circulación doméstica un torrente de dinero que no tiene su correspondiente respaldo en un aumento de la producción y, por lo tanto, atiza cada vez más la hiperinflación.
En una economía contraída que cada vez produce menos, poner a circular mucha plata que sale a comprar bienes escasos se traduce en un alza de los precios. Así, cualquier ciudadano de a pie sabe que el nuevo cono monetario de bolívares soberanos rápidamente irá perdiendo su poder adquisitivo y no generará ninguna confianza como reserva de valor. La gente tratará de deshacerse cuando antes de unos billetes que la semana que viene comprarán mucho menos, y este aumento en la velocidad de circulación del dinero ejerce una presión en los precios tan brutal como la que ejerce la emisión monetaria.
Vincular el aumento salarial al aumento de la productividad
Nicolás Maduro fijó el salario mínimo en 1.800 bolívares soberanos. En bolívares viejos esto significa un aumento de 5,2 millones a 180.000 millones de bolívares. ¿Con qué recursos va a pagar un gobierno deficitario el aumento salarial y el bono de reconversión monetaria a tres millones de empleados públicos? Seguramente los pagará con nuevas emisiones de petros y soberanos. Pero surge otra pregunta: ¿Con qué fondos los van a pagar las empresas privadas?
Leer mas: https://www.panorama.com.ve/opinion/Analisis-de-las-medidas-economicas-de-Nicolas-Maduro-por-Victor-Alvarez-20180822-0102.html
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