Si un año atrás Human Rights Watch alertaba sobre la amenaza que representaba a nivel global el auge del populismo autoritario, que ponía en peligro las garantías de derechos básicos y favorecía los abusos por parte de líderes autócratas en todo el mundo, incluida América Latina, en su nueva evaluación anual la organización de derechos humanos vuelve a poner el foco sobre ese mismo riesgo, insiste en la necesidad de resistir su avance, pero celebra el hecho de que el fenómeno parece hoy "menos inevitable".
El Informe Anual 2018 de Human Rights Watch, un trabajo de 148 páginas que hoy se presenta en esta capital, resalta en primer término la importancia de la "resistencia popular" al desafío autoritario, impulsada en muchos casos "por líderes políticos que tienen la valentía de defender los derechos humanos". Esto "ha posibilitado que el futuro de las aspiraciones populistas sea más incierto", afirma en la evaluación Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización, que dedica al régimen "despiadado y autocrático" de Nicolás Maduro en Venezuela un capítulo destacado entre las consideraciones iniciales.
También otros países latinoamericanos reciben observaciones críticas en el relevamiento de HRW, entre ellos Bolivia, Cuba y México. En el caso de la Argentina, el informe señala "problemas de derechos humanos de larga data", como abusos policiales, condiciones deficientes de detención, violencia endémica contra las mujeres, restricciones al aborto y, entre otras cosas, la "preocupante" impunidad en el caso del atentado contra la AMIA, en 1994, al tiempo que destaca avances en el juzgamiento de abusos cometidos durante la última dictadura. Además, llama la atención sobre la detención de la dirigente social jujeña Milagro Sala y la muerte del artesano Santiago Maldonado en Chubut.
Fuera del contexto regional, el trabajo releva con particular inquietud "las atrocidades en masa" que proliferaron "con absoluta impunidad" en países como Yemen, Siria, Birmania y Sudán del Sur.
El caso de Venezuela es, entre los países de América latina, el que más atención recibe por la gravedad de la situación. El presidente Nicolás Maduro, sostiene HRW, "siguió destruyendo la democracia y la economía venezolanas con la excusa de estar protegiendo a los indefensos frente a quienes él califica de imperialistas". Sin embargo, "a medida que su gobierno se volvió más despiadado y autocrático, su gestión corrupta e incompetente de la economía se convirtió en una realidad inocultable".
Como resultado de esto, observa el informe, "multitudes salieron a las calles en señal de protesta", al tiempo que "algunos funcionarios desertaron del gobierno" y "una cantidad sin precedentes de países latinoamericanos vencieron su renuencia histórica a criticar la represión en países vecinos".
Según observa HRW, Maduro "consiguió mantenerse en el poder en gran medida mediante la violenta represión que estuvo dispuesto a desplegar". Sostiene que el mandatario arremetió "de manera brutal contra opositores" aprovechándose de un Tribunal Supremo de Justicia "servil" y de una Asamblea Nacional Constituyente que él creó "para quitarle y asumir las facultades legislativas de la Asamblea Nacional".
La represión y las detenciones dieron lugar a graves casos de torturas perpetrados por integrantes de las fuerzas de seguridad venezolanas, que según el informe llevaron a cabo golpizas violentas y sometieron a manifestantes a descargas eléctricas, asfixia y abusos sexuales. Entre abril y noviembre unas 5400 personas fueron detenidas por el régimen autoritario de Maduro, muchos de los cuales enfrentan ahora causas penales con mínimas garantías.
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