Otrora uno de los principales fiscales de Venezuela abocados a casos de corrupción, Lupera se fue de su casa en Caracas hace cinco meses con 400 dólares en los bolsillos y apenas una muda de ropa.
Terminó en la vecina Colombia, donde es uno de una media docena de fiscales exiliados y antiguos colaboradores de la destituida fiscal general Luisa Ortega que están trabajando con las autoridades de Estados Unidos y de otras naciones para tratar de reunir evidencia de irregularidades de parte de altos funcionarios venezolanos a los que acusan de destruir el país.
Por ahora no han logrado encausar a nadie, lo que algunos ven como un indicio de que Maduro ha logrado destruir el sistema judicial de Venezuela y de que Ortega, en su afán por labrarse un futuro político, prometió más de lo que puede cumplir.
Para Lupera y varios colegas la cruzada que libran es algo muy personal.
El fiscal, que supo estar a cargo de los casos políticamente más explosivos, descubrió que agentes del servicio de inteligencia le habían suspendido el pasaporte y habían ordenado su arresto cuando se disponía a viajar a Brasil en julio para reunir evidencia relacionada con el caso de corrupción de la constructora Odebrecht. Pudo salir del país usando unas identificaciones que permiten a los venezolanos viajar a Colombia y de allí tomó un vuelo a Brasil.
Dos semanas después observó con horror cómo uno de los principales blancos de sus investigaciones, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello, lo acusaba por televisión de participar en una extorsión de 6.000.000 de dólares.
“Se me calentaron los oídos y se pusieron rojos”, comentó Lupera. “Sentí una impotencia total. Como si mi vida entera hubiese sido destruida”.
Ortega, quien admiraba al finado Hugo Chávez, rompió con el gobierno este año por considerar que se encaminaba a una dictadura después de que Maduro le quitó atribuciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y creó una asamblea constitucional paralela con el poder real.
La funcionaria no ocultó su malestar y fue destituida en agosto. Las autoridades, por otro lado, acusaron a su esposo, el legislador socialista Germán Ferrer, de orquestar con la ayuda de Lupera una campaña de extorsión que ella supervisó, algo que la fiscal niega. Las autoridades venezolanas dicen que las actividades en contra de la corrupción que emprendió Ortega fueron un intento por desviar la atención de las investigaciones en torno a sus acciones y las de su esposo en Venezuela.
Lejos de ser silenciada, Ortega redobló sus críticas al gobierno de Maduro en frecuentes viajes a América Latina y Europa.
Apenas llegaron a Bogotá, Lupera y otros que tratan de derrocar a Maduro se reunieron con investigadores y fiscales estadounidenses que procuran inculpar a los líderes venezolanos, y también con enviados del Departamento del Tesoro estadounidense que manejan el programa de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela.
Los estadounidenses no están seguros de cuánta evidencia lograron reunir los fiscales venezolanos. Y albergan dudas acerca de hasta qué punto Ortega está dispuesta a cooperar, diciendo que puede estar más interesada en ser la primera presidenta de Venezuela que en revelar el alcance de una corrupción de la que ella seguramente estaba al tanto en su condición de cabeza del sistema judicial por una década, mientras estaba involucrada en casos sospechosos contra miembros prominentes de la oposición.
Esa sensación hizo que el Departamento de Estado le negase a Ortega permiso para viajar a Estados Unidos, según dos funcionarios estadounidenses que pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados a hablar de casos de visas. No ayudó el que en un discurso del 2015 ante la Asamblea Nacional Ortega criticase a lo que describió como los “poderosos del norte” por sus “planes colonialistas” sobre esta nación petrolera.
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