En días pasados, el portal web Insight Crime especializado en delincuencia organizada titulaba: “¿El gran ganador de las elecciones en Venezuela?: El crimen organizado”.
Sorpresiva y sospechosamente, aunque el Gobierno de Nicolás Maduro genera un 80% de rechazo en la población, se proclamó ganador en 18 de las 23 gobernaciones en disputa en las elecciones del pasado 15 de octubre. Al margen de la controversia nacional e internacional por un proceso electoral nada claro o transparente, el Gobierno se apresuró en desconocer a la gobernadora electa del importante estado Zulia, en donde el mismo tribunal electoral dio la victoria a la oposición. También convocó para el próximo diciembre a elecciones locales y se menciona que posiblemente se realicen elecciones presidenciales en marzo de 2018.
El Gobierno realiza una ofensiva para asegurarse el control político total del país, por las buenas o por las malas. En los otros cuatro estados en los que reconoció el triunfo de candidatos de oposición, inmediatamente intervino a los respectivos cuerpos policiales regionales, que dependen del gobernador, para colocar en su dirección a funcionarios del gobierno central, tutelados por el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y en los gobiernos regionales “recuperados” por el oficialismo anunciaron la “devolución” de los cuerpos policiales a los gobiernos locales.
El control político que se impone en Venezuela –en donde han prosperado diferentes modalidades de delincuencia organizada y altos funcionarios, el Vicepresidente, el Ministro del Interior, el Director de la Policía Política SEBIN, entre otros, tienen juicios abiertos en tribunales en los Estados Unidos o están en listas OFAC de sancionados– lo ha hecho ser el segundo peor país del mundo en tasa de homicidios, lo que abre una serie de delicadas interrogantes.
Desde el año 2005, cuando no se renovaron los tratados existentes con los Estados Unidos y se expulsó a la DEA, Venezuela está aislada de la cooperación internacional en materia de narcotráfico. El país se ha convertido en puesto de embarque, bien sea marítimo o aéreo, del 51% de la cocaína que llega a los Estados Unidos o a Europa. Nuestro país sufre una grave crisis social y económica, una inflación descomunal, desabastecimiento que roza los límites de la hambruna y una parálisis empresarial casi general. Sin embargo, en el Este de Caracas se construyen más de veinte grandes y lujosas torres de oficinas, que cuando estén terminadas, nadie alquilará o comprará. Estos edificios, construidos sin el tradicional financiamiento bancario, a todas luces parecen operaciones de blanqueo de grandes capitales y de ser esto cierto, evidencian las enormes cantidades de millones de dólares que la delincuencia organizada o sus testaferros manejan.
Sin barreras ni limitaciones, la delincuencia organizada en Venezuela seguirá generando más y más dinero que requerirá necesariamente de mecanismo de legitimación o de reinversión. Construir edificios y no recuperar la inversión a corto plazo tiene limitaciones para los capos del narcotráfico. Algunos preferirán algún mecanismo menos largo y complicado. Seguramente buscarán fórmulas que permitan la recuperación y multiplicación del dinero, seguirán con la compra de tierras, bienes, empresas, medios de comunicación, penetrar la banca privada y, ¿por qué no?, también invertir masivamente en países cercanos como Panamá, Colombia, las islas del Caribe, Centroamérica o en ciudades de los Estados Unidos, donde pueden crear serias distorsiones en la economía local. La enorme disponibilidad de dinero sucio generado en Venezuela puede intentar penetrar los estamentos financieros y políticos de otros países, financiar campañas electorales, sobornar a jueces, fiscales y oficiales policiales.
Igualmente, puede infiltrar aún más el estamento político venezolano, apoderarse de forma vertical y horizontal de las instituciones del Estado y, seguramente, roerá las pocas industrias y empresas privadas que sobreviven en Venezuela. Podrá financiar grandes hoteles y resorts destinados a un turismo de lujo en guetos vedados a los locales, casinos y centros de juego privados, convirtiendo a Venezuela en un nuevo “prostíbulo” del Caribe, tal como lo fue Cuba antes de la revolución. La pérdida del factor “ideológico” entre quienes nos gobiernan y el simple y sencillo “afán de lucro” que guía sus actos para lograr el control absoluto del país permite esbozar cualquier tipo de hipótesis.
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