La advertencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela que hizo que el vicepresidente del Congreso, Freddy Guevara, se refugiara en la Embajada de Chile en Caracas, es la medida de presión más reciente que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro realiza contra los líderes opositores. Una práctica frecuente, que ha aumentado con el paso de los años.
El viernes, el mayor órgano judicial del país, controlado por el oficialismo, ordenó procesar a Guevara en la justicia ordinaria por delitos vinculados a protestas contra Maduro, que dejaron más de 120 muertos entre abril y julio. Los cargos que se le endilgan conllevan penas de cárcel de hasta 10 años.
Esa decisión llevó al líder del partido Voluntad Popular a entrar el sábado en la noche en la legación diplomática chilena y a ser aceptado por el embajador Pedro Ramírez y por el canciller Heraldo Muñoz.
En una sesión extraordinaria, la Asamblea Constituyente -que estableció el régimen de Maduro para desplazar al Poder Legislativo- aprobó anoche retirar la inmunidad parlamentaria a Guevara, para enjuiciarlo en medio del repudio de la oposición, que considera que la acción viola la Carta Magna.
Según esta, compete a la Asamblea Nacional (el Legislativo controlado por la oposición) determinar si se retira la inmunidad a un legislador. Sin embargo, el TSJ remitió el caso a la Constituyente, que tiene facultades prácticamente ilimitadas.
El gobierno venezolano había recalcado ayer que es "notoria" la responsabilidad del diputado opositor en la violencia ocurrida durante las protestas, respaldando los procedimientos para despojarlo de la inmunidad y someterlo a juicio.
Con esta decisión, el chavismo sacó del juego a Guevara y dejó a la oposición sin uno de sus líderes con más proyección.
Panorama oscuro
De acuerdo con el calendario electoral venezolano, en 2018 corresponden comicios presidenciales en una fecha aún por definir. En el escenario actual, la fragmentada coalición opositora de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene pocos líderes que podrían competir con Maduro.
En las dos últimas elecciones presidenciales, de abril de 2013 y de octubre de 2012, el abanderado de la MUD fue Henrique Capriles (Primero Justicia), pero el ex gobernador del estado de Miranda fue inhabilitado el año pasado para ocupar cargos públicos. Además, su delfín en Miranda, Carlos Ocariz, perdió en las regionales del 15 de octubre pasado, con lo que la oposición cedió uno de los principales trampolines políticos del país.
El otro gran líder opositor es Leopoldo López, un abogado de 46 años, fundador de Voluntad Popular, que dirigió la alcaldía caraqueña de Chacao entre 2000 y 2008. En febrero de 2014, López fue encarcelado por supuestamente incentivar las protestas contra Maduro, que terminaron con 43 muertos. El dirigente fue condenado a casi 14 años de cárcel, y desde agosto pasado se encuentra bajo arresto domiciliario.
El de la ex diputada María Corina Machado, inhabilitada desde 2014, es otro caso de líder con proyección que quedó en el camino. Su agrupación, Vente Venezuela, pertenece al ala más radical de la oposición.
Otro de los líderes con arrastre es el ex alcalde de Chacao Ramón Muchacho (Primero Justicia), hasta que el TSJ lo condenó el 8 de agosto a 15 meses de cárcel por no impedir las protestas contra el gobierno de Maduro en su municipio. Ese día, el abogado pasó a la clandestinidad y apareció luego en Miami, donde vive hoy.
Algunos pocos líderes de peso con posibilidades de competir son el titular del Legislativo, Julio Borges (Primero Justicia), o el ex presidente de la AN Henry Ramos Allup, pero su figura quedó en la controversia luego de que el partido que lidera, Acción Democrática, juramentara ante la Constituyente a los cuatro gobernadores que obtuvo en las regionales de octubre, lo que dividió a la oposición.
El oficialismo también ha neutralizado la disidencia en sus filas. La más reciente y notoria fue la fiscal Luisa Ortega Díaz, una chavista dura, hasta que este año se opuso a la Constituyente. Ortega fue destituida el 15 de agosto y luego huyó del país junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer.
El antecedente directo de chavista perseguido es el general (r) Raúl Baduel, compañero de armas del fallecido Hugo Chávez. En 2007, Baduel se opuso al referéndum constitucional que otorgaba mayores poderes a la Presidencia. Desde abril de 2009 ha intercalado prisión efectiva con arresto domiciliario, debido a delitos de corrupción.
"La oposición está atravesando su peor crisis en muchos años. Por un lado, el gobierno sigue poniéndoles condiciones inaceptables a los miembros de la oposición que tienen puestos electos (juramentarse ante una Asamblea Constituyente sin legitimidad; controladores chavistas a los gobernadores electos; inhabilitaciones; amenaza constante de arrestos). Por otro lado, el resultado electoral del 15 de octubre ha traído una división en la oposición entre quienes piensan que la lección principal es participar más y los que piensan que lo mejor es no participar más", dice Javier Corrales, académico del Amherst College de Massachusetts.
El coautor del libro "Un dragón el Trópico" agrega que "lo importante es recordar que no solo la oposición sino también el chavismo están en crisis. El gobierno sabe bien que cada vez tiene que utilizar prácticas más sucias para mantener el poder. Y el jueves, con el anuncio de Maduro sobre la necesidad de reestructurar la deuda (lo cual es casi imposible), el gobierno, finalmente, reconoce que está acorralado económicamente".
Diputados opositores denunciaron ayer que la policía militarizada les negó el acceso a la sede del Parlamento, por órdenes de la Asamblea Constituyente.
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