Desde el megafraude de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente del pasado 30 de julio, junto a la posterior instalación de la denominada por el Gobierno de Nicolás Maduro como “Constituyente Popular”, la comunidad democrática internacional ha venido aislando, cercando, de una forma contundente, sin antecedentes, a ese régimen castromadurista.
En un principio, esa “huida hacia adelante” gubernamental provocó el rechazo de 40 gobiernos, incluida la neutral Suiza. Posteriormente, en la medida que bajo el amparo de la ANC el régimen se ha ensañado con violencia en contra de la dirigencia política y la sociedad civil opositora, se fueron pronunciando más países y organizaciones internacionales en forma más clara y dura; calificándola de fraudulenta, ilegal, inconstitucional y como un nuevo mecanismo gubernamental de autogolpe o golpe de Estado. Muchos ya han confirmado su desconocimiento. Hasta el Vaticano ha solicitado su suspensión.
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Y si cabía alguna duda en el mundo democrático, ya están disipadas todas: el régimen ya es considerado una dictadura militar pura y con todas las de la ley, cuyo único y verdadero propósito es perpetuarse en el poder, y reprimir y sojuzgar a más del 70 % de los venezolanos que lo repudian.
Sólo Cuba y los miembros del ALBA, algunos del Caribe, y otros dictadores como el de Rusia —que le adelantó a Maduro más de USD $1.000 millones a través de la petrolera estatal Rosnef— , se han atrevido a salir en defensa del régimen.
El cerco internacional proviene de varios frentes a la vez. La Unión Europea, además de condenar la ANC, contempla sanciones individuales a Maduro y otros chavistas. Desde la ONU se denuncian “torturas” y “uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva” en Venezuela. Ya es evidente que la dictadura viola todos los convenios internacionales de los cuales forma parte. Se ve que la comunidad multilateral está empezando a coordinar acciones conjuntas para apoyar la defensa de los derechos de los venezolanos.
En el hemisferio americano, aparte de los pronunciamientos y medidas unilaterales que se han dado y en las que destacan las de EE. UU y Colombia, el MERCOSUR finalmente aplicó a Maduro su Carta Democrática, mientras que 17 cancilleres se agruparon en condena a “la dictadura” y en busca de nuevas negociaciones creíbles y serias entre el gobierno y la oposición venezolana.
Ahora bien, ¿puede este cerco, que sin duda se irá incrementando (el gobierno de Donald Trump está considerando sanciones mayores a las individuales tomadas hasta ahora, como la de una especie de bloqueo petrolero, y varios países están trabajando en una concertación multilateral más efectiva, tipo el Grupo Contadora en Centroamérica) cambiar el rumbo totalitario neocomunista del castromadurismo y producir una transición democrática? Es bien conocido que las meras presiones internacionales colectivas y las sanciones unilaterales mayores (rompimiento de relaciones diplomáticas y comerciales, bloqueos, etc) son insuficientes a objeto de modificar el curso de las dictaduras. Aun cuando —es de reconocer— ellas ayudan en mucho a crear las condiciones internas para disuadir a una cúpula dictatorial que ya se encuentre dispuesta a sentarse a una mesa de diálogo y comprometerse a un cambio democrático. Además, esas medidas toman tiempo para producir resultados efectivos. Allí está el caso del castrismo cubano que ha sobrevivido por casi 60 años toreando presiones y bloqueos, aunque las condiciones actuales del caso venezolano es distinto y más favorables a las fuerzas democráticas.
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