Un helicóptero que dispara en el centro de la capital, un palacio legislativo asediado, el presidente de la Asamblea Nacional agredido por un coronel, otras dos polémicas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y un jefe de Estado que defiende un eventual uso de las armas.
Las frenéticas horas que se vivieron la tarde del martes en Venezuela reflejan la situación de tensión y de "terremoto nacional" en que está sumido un país que acumula tres meses de protestas, casi 80 muertos y un futuro impredecible y peligroso.
Mientras el helicóptero que robó el policía Óscar Pérez disparaba contra las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y huía sin que todavía haya sido detenido, pasaron otras cosas relevantes.
Un helicóptero del CICPC dispara contra el ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Venezuela en lo que el gobierno denuncia como "escalada golpista"
Quién es Óscar Pérez, el piloto del helicóptero del CICPC, policía y actor al que el gobierno de Venezuela acusa de estar "alzado en armas" en una "escalada golpista"
El propio Borges fue empujado por un coronel en la Asamblea Nacional, según se pudo ver en un video publicado en los medios locales y las redes sociales.
Oscar Pérez publicó un video en su cuenta de Instagram en la que se sublevaba contra el gobierno.
El poder legislativo es el único en manos de la oposición tras su triunfo en las elecciones de diciembre de 2015, últimos comicios realizados en el país.
Desde entonces, el TSJ, siempre coincidente con el Ejecutivo, ha desconocido a la Asamblea, a la que considera en desacato.
El máximo tribunal encendió la mecha de las protestas hace casi tres meses con dos sentencias que le quitaban poderes a la Asamblea.
Y el martes por la noche, con el país centrado en el ataque del helicóptero, que no dejó heridos, hubo otras dos sentencias del TSJ: una concede a la Defensoría del Pueblo capacidad de acusar e investigar, quitándole el monopolio a la Fiscalía; y otra anula la designación de la vicefiscal, eventual sustituta de la actual fiscal general en caso de una destitución.
Son dos pasos que van en la dirección de minar el poder del Ministerio Público que dirige la fiscal general Luisa Ortega, el azote más crítico del oficialismo desde dentro del Estado.
Varios actores del oficialismo la han calificado de "traidora" e "indigna" y de fomentar la impunidad de los "actos terroristas de la derecha".
El diputado oficialista Pedro Carreño reclamó al TSJ que evalúe el estado psicológico de la fiscal y presentó una petición para que se estudie una posible destitución.
Leer mas: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40435852
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