Somos protagonistas de la primera rebelión popular venezolana del siglo XXI

Tras más de un mes de manifestaciones ininterrumpidas, realizadas de manera masiva en todo el territorio nacional, Provea califica el actual ciclo de protestas como la primera rebelión popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI, por la exigencia de libertades democráticas y la vigencia de los derechos humanos.

Provea realiza desde el año 1989 un Informe Anual sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela, por lo que posee elementos cuantitativos y cualitativos para realizar dicha afirmación, desde una perspectiva de exigencia de derechos. La misma se sustenta por la suma de los siguientes elementos:

1) Extensión cronológica: El ciclo de movilizaciones, que se inició el 01 de abril de 2017 en Caracas -un día después del reconocimiento de “ruptura del hilo constitucional” por parte de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz-, se ha mantenido ininterrumpido hasta el 10 de mayo (fecha de redacción del presente texto), es decir, durante cuarenta días continuos.

2) Extensión geográfica: Las protestas han ocurrido en los 24 estados del país, tanto en las ciudades principales como en pueblos y comunidades pequeñas.

3) Cantidad de protestas realizadas: Hasta el 07 de mayo se habrían realizado 946 manifestaciones en todo el país, según datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, un promedio de casi 26 protestas diarias.

4) Desterritorialización de la protesta: A diferencia de movilizaciones anteriores contra el proyecto bolivariano, el descontento se ha expresado en todas las capas de la sociedad y en comunidades que anteriormente eran identificadas como “bastiones” del oficialismo, disolviendo la polarización del territorio urbano que caracterizó la política venezolana durante mucho tiempo. Esta situación está siendo propiciada por el aumento de la pobreza y la exclusión; la grave escasez de alimentos y medicinas que deteriora la calidad de vida de la ciudadanía –sobre todo de los más pobres- y atenta contra los derechos a la salud y la alimentación, comprometiendo la vida de millones de venezolanos; la frustración ante cientos de promesas que supuestamente garantizarían un mejor vivir; la ausencia de respuestas por parte de las autoridades ante las demandas ciudadanas; el aumento de la violencia y los abusos policiales en las comunidades pobres del país mediante operativos como el OLP, entre otros.

5) Contexto no democrático en el que ocurren: Las protestas representan la resistencia ciudadana contra la dictadura instaurada en el país a partir de cuatro decisiones: a) Sustituir el orden constitucional por un Decreto de Estado de Excepción; b) Suspensión indefinida del derecho a la participación popular mediante el voto; c) Derogación de las competencias de la Asamblea Nacional y violación de la inmunidad parlamentaria; d) Políticas económicas que han generado el aumento de la pobreza y exclusión sin posibilidad de garantizar derechos sociales. Estas medidas han extinguido el Estado de Derecho en Venezuela, impidiendo la garantía para los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales de la población.

6) Diferentes actores de la represión que no logran inhibir la protesta ciudadana: El “Plan Zamora”, aplicado a partir del pasado 19 de abril y sustentado en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, ha institucionalizado la participación conjunta de la Fuerza Armada, Policía Nacional Bolivariana, SEBIN y organizaciones paramilitares en labores de represión a manifestaciones, bajo una lógica bélica que se ampara en la doctrina de la seguridad nacional y el reforzamiento de la tesis del enemigo interno, para justificar el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. A esta situación se suma la instrumentalización del Sistema de Justicia para penalizar y privar de libertad a cientos de manifestantes, a pesar que en muchos de los casos registrados, el  Ministerio Público ha desistido presentar acusaciones contra los mismos debido a la ausencia de elementos probatorios para comprobar la comisión de delitos. En un nuevo y alarmante patrón represivo, en el contexto de la aplicación del “Plan Zamora”, se suma el sometimiento generalizado de civiles detenidos en manifestaciones a la Justicia Militar. Esta práctica, violatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 261 de la Constitución Nacional, desconoce el derecho a ser juzgado por el juez natural, vulnera el derecho a la defensa de cientos de detenidos y pone a la dictadura de Nicolás Maduro al lado de otras dictaduras de América Latina que han empleado esta vergonzosa práctica para intentar acallar la disidencia y el descontento popular, generando con ello graves violaciones a los derechos humanos.

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