En uso de las atribuciones establecidas en las leyes y demás instrumentos normativos que las rigen, ante la grave situación política, económica, social e institucional en general, por la que atraviesa Venezuela, han creído conveniente expresar, en conjunto, al país y al estado Zulia lo siguiente:
1 – Como lo hemos venido expresando en pronunciamientos anteriores, en el país se ha acentuado, especialmente a raíz del resultado electoral de diciembre de 2015,para la renovación de los integrantes del Poder Legislativo Nacional, un proceso de grave alteración del orden democrático y constitucional, a través de numerosas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de otras instancias jurisdiccionales, que atentan contra los elementos esenciales del sistema democrático y del estado de derecho.
2 – Con gran preocupación hemos venido observando el creciente menoscabo de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales fundamentales, así como el deterioro evidente de la separación e independencia de los Poderes Públicos; el irrespeto a la libertad de expresión y de prensa; los obstáculos crecientes al acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho y a la celebración de elecciones periódicas, libres y justas basadas en el sufragio universal, unido todo ello, a las trabas innecesarias a la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas.
3 – Así mismo, es motivo de gran preocupación, que mientras se ha venido deteriorando el orden institucional, el país ha visto agravar su situación económico-social. Es evidente la profunda crisis humanitaria del pueblo venezolano a lo que hay que añadir un grave problema de seguridad pública. Igualmente, es sumamente grave el estancamiento de la economía simultáneamente con una inflación inédita en nuestra historia económica. En consecuencia, los índices de pobreza según las investigaciones más recientes, han alcanzado cifras sin precedentes repercutiendo negativamente en el desarrollo integral y el crecimiento económico con equidad, aunado a la grave situación de la salud pública.
4 – Las recientes sentencias del TSJ 155, 156, 157 y 158, solo son la culminación de un proceso continuado de más cincuenta sentencias y otras decisiones judiciales, tomadas al margen de la Constitución y de la ley, que contribuyen aún más a la inseguridad jurídica y a la inestabilidad económica, mutilando las expectativas favorables que pudieran aprovecharse en los contextos económicos, social y políticos.
Tal desconocimiento del orden constitucional y democrático desde el año 2016 han sido motivo de preocupación para las organizaciones multilaterales a las que pertenecemos, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Mercado Común del Sur (Mercosur),preocupación que actualmente es aún mayor, dada la creciente violación de los acuerdos internacionales suscritos con ambas organizaciones, en momentos en que la comunidad internacional ,basándose en los acuerdos suscritos por Venezuela, hace esfuerzos para promover la normalización de la institucionalidad democrática. Las más recientes sentencias del TSJ han llegado a tal grado de desconocimiento del orden constitucional y legal, que hasta la Fiscal General de la República, lo ha puesto de manifiesto, y en general, las diversas organizaciones de la sociedad civil, han manifestado la urgente necesidad de frenar este despropósito pidiendo sanciones penales a los responsables, pues esto pone de manifiesto una “dictadura judicial”, sin separación de poderes, que nos está arrebatando el carácter de república democrática , adquirido desde 1811.
5 – Por todo ello, como lo hicimos en pronunciamientos anteriores, hacemos las siguientes proposiciones:
a – Hacemos un llamado a las diversas ramas y niveles del Poder Público, a la Fuerza Armada Nacional, a las diversas Iglesias, a las Universidades y Academias, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos en general, a buscar con celeridad, antes de que sea tarde, salidas pacíficas, democráticas y constitucionales a la grave crisis institucional que atravesamos, a fin de hacer realidad lo establecido en los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional.
b – Reconocer a la Asamblea Nacional como institución que representa la máxima expresión de la voluntad popular a la cual se deben respetar todas sus atribuciones constitucionales.
c – Hacer cambios de fondo en el proceso de dialogo emprendido en 2016, con nulos resultados hasta el presente, abriendo espacio a la participación de nuevos actores nacionales e internacionales, con el fin de que sea realmente una herramienta para dirimir los conflictos que nos agobian con sinceridad y sin dilación alguna.
Leer mas: http://revistasic.gumilla.org/2017/academias-del-zulia-se-expresan-ante-crisis-venezolana/
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