Víctor Álvarez, economista, ganador del Premio Nacional de Ciencia en 2013, y exministro de Industrias Básicas y Minería (2005-2006), sostiene que “si algo ha quedado claro es que no sirven para nada los recurrentes cambios de ministros si antes no se define un programa de ajuste expansivo con bienestar social, con las medidas cambiarias, fiscales, monetarias y de precios que son de consenso, y que deben ser aplicadas en el orden y a la velocidad adecuada”.
A su juicio, “con un buen programa de estabilización económica Venezuela puede gestionar financiamiento en los organismos multilaterales a un costo menor al que pagan los bonos de Pdvsa y la República”.
“Tarde o temprano, este u otro Gobierno tendrá que ir al sistema financiero internacional. Lo mejor es que no digan ‘de esa agua no beberé’”, apunta el economista.
“ME PREOCUPA LA OBSESIÓN CONTROLADORA DEL GOBIERNO”
¿Cuál es su apreciación sobre la fusión de los ministerios de Finanzas e Industria y sobre las nuevas designaciones?
La organización del Gobierno en ministerios para el diseño de políticas públicas es clave para el logro de una mayor eficiencia. Fusionar el manejo de las finanzas públicas -que implica lidiar con la recaudación de ISR, IVA, arancel de aduanas, impuestos a licores y cigarrillos, manejo de la deuda pública, pago a proveedores y contratistas, transferencias a gobernaciones y alcaldías, banca pública, etcétera-, con asuntos igualmente complejos como es el diseño de políticas agrícolas, industriales y tecnológicas, es recargar a un solo ministro con un alud de asuntos que no podrá atender con el rigor que se requiere, y esto puede poner en peligro la reactivación de la economía.
A cada rato se cambian ministros que improvisan medidas aisladas e ineficientes, con peores resultados que un ajuste neoliberal contractivo, pues no terminan de corregir las causas estructurales de los desequilibrios y así todo tiende a estar peor. Si algo ha quedado claro es que no sirven para nada los recurrentes cambios de ministros si antes no se define un programa de ajuste expansivo con bienestar social, con las medidas cambiarias, fiscales, monetarias y de precios que son de consenso, y que deben ser aplicadas en el orden y a la velocidad adecuada.
¿Qué es lo que más le preocupa de la situación económica actual?
Me preocupa la mentalidad rentista de un Gobierno que cree que con aumentar los precios del petróleo todo se resolverá. Con precios en 88 dólares por barril ($/b) en 2014, 98 $/b en 2013 y 102 $/b en 2012, el Gobierno no ahorró lo necesario para encarar los tiempos de escasez. Me preocupa la obsesión controladora del Gobierno, los rígidos controles de precios no impidieron que Venezuela sufra la inflación más alta del mundo, el control de cambios tampoco evitó la fuga de capitales, la caída de las reservas internacionales ni la pulverización del bolívar.
“LA FUSIÓN DE LOS MINISTERIOS DE FINANZAS E INDUSTRIA PUEDE PONER EN PELIGRO LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA”
Me preocupa la satanización de la empresa privada, las expropiaciones aceleraron la caída de la producción y agravaron la escasez, qué sentido tiene crear un Ministerio de Promoción de Inversiones si el Gobierno no garantiza los derechos de propiedad ni permite recuperar costos, mucho menos obtener una ganancia o remitir dividendos. Una política económica punitiva, plagada de multas y sanciones aleja al inversionista.
Los prolongados controles de cambio y de precios, la parafernalia de trámites y permisos, los abusos en las inspecciones, las multas discrecionales, el cierre arbitrario de empresas y el encarcelamiento de sus dueños y gerentes, espantan la inversión, estimulan la fuga de capitales, castigan la producción y generan desempleo, escasez y empobrecimiento generalizado de la población.
¿Qué medidas deberían tomarse en este momento?
Hay que corregir las distorsiones macroeconómicas, comenzando por unificar el régimen de cambios a un nivel que exprese la productividad de la agricultura e industria. Se impone sincerar los precios para que reflejen los costos y permitan obtener una ganancia, la cual no será regulada por decreto sino a través de una política de promoción de inversiones que estimule la competencia en cantidad, calidad y precios y así beneficie al consumidor.
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