El Arco Minero es uno de los temas que se ha mantenido sobre el tapete de la opinión pública en el último año. El repudio al proyecto de explotación minera más ambicioso del país ha sido un punto de acuerdo entre la oposición y un grupo de chavistas descontentos con la gestión del presidente Nicolás Maduro. Así lo señala el doctor Alexander Luzardo, exsenador y autor de las normas ambientales de la Carta Magna venezolana.
A su juicio, la explotación minera de esta zona del país no afectaría solo 12 %, como se ha venido diciendo desde hace meses, sino que el impacto recaería sobre cerca del 40 % del territorio nacional y condenaría a las generaciones futuras porque contaminaría la “fábrica de agua” y electricidad del país.
Es por esa razón que junto a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Luzardo, doctor en Derecho Político Ambiental, ha desarrollado el proyecto de ley de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y del potencial hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana, que se espera sea discutido en el parlamento en los próximos días.
¿De qué manera el hecho de mantener la discusión sobre el Arco Minero en el centro de la opinión pública puede evitar que comience a explotarse?
Sin duda el tema del decreto del Arco Minero, emitido por el presidente de la República el 24 de febrero de 2016, fue el tema que mayor tiempo en la opinión pública, además del debate y el conflicto propiamente político. Varias comisiones del Parlamento trabajaron sobre él: la comisión de Petróleo, la comisión de Ambiente, la comisión de Pueblos Indígenas y una comisión especial mixta, que incluye diputados de las otras comisiones y que preside el diputado Américo De Grazia. Todas las discusiones que se han producido este año generaron un informe y un acuerdo. Tuve la oportunidad de asistir y colaborar con esta comisión en la elaboración de un proyecto de ley orgánica de creación y protección de la megareserva nacional de agua dulce, biodiversidad y potencial hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía. El texto abarca agua, biodioversidad, energía y también el hábitat y la tierra de los pueblos indígenas.
¿El proyecto lo que hace es elevar esa protección a la categoría de una ley orgánica?
Exacto. Le da rango legal, con base en lo establecido en la Constitución. Desarrolla lo establecido en el artículo 127, 128, 129, que es el bloque ambiental constitucional. El Arco Minero es un área de especial importancia ecológica, porque es una megareserva nacional y mundial de agua, no es solo local. El mal llamado Arco Minero contaminaría y afectaría todo el ciclo hidrológico, los bosques y la biodiversidad.
¿Pero la contaminación de las aguas de esa zona ya no ocurre con la actividad minera que allí se desarrolla sobre todo ilegalmente?
Siempre lo dije, desde el año 90, no solamente la minería ilegal, sino la legal y la legalizada. Me refiero a la minería estatal o a la minería trasnacional o a cualquier tipo de minería. En un ecosistema frágil, la minería no es compatible. Este es un ecosistema frágil cuyo uso está determinado. También el artículo 327 de la Constitución, que estima claramente que la política de desarrollo debe proteger los parques nacionales, el hábitat indígena y demás áreas bajo régimen de protección. De ello depende la vida de Venezuela y de la próximas generaciones, pero no solo eso sino que también de estas áreas depende la especie humana, el equilibrio ecológico, constituido por las diferentes especies que conforman el espacio geográfico. Además el Proyecto de Ley retoma los últimos parques nacionales creados en el año 1991 y 1992, porque el país se estancó en materia ambiental después de ese momento, pero ahora dándole rango legal en base a lo que ya la Constitución ordena para desarrollar una normativa que responda a los convenios internacionales.
¿De qué manera puede este Proyecto de Ley, de llegar a ser una Ley Orgánica, detener la explotación del Arco Minero? Ya se han hecho convenios y se han firmado acuerdos económicos con una empresa china y una canadiense. Además el Ejecutivo planea recibir un ingreso importante por esa vía, que en este momento serviría para palear la crisis
Esta es una historia que cada cierto tiempo se repite, que es revivir el mito de El Dorado. Si uno ve en la prensa de los 90 y de los 80, había siempre prédicas de que Venezuela tenía las reservas más grandes del mundo en oro. Incluso algunos ministros son adivinos, porque ya están diciendo sin la certificación que vamos a ocupar el primero o el segundo lugar del mundo en producción de oro. Es simplemente alimentar ese mito, de siempre tener lo más grande. Eso forma parte como de una idiosincrasia política. Eso es una estafa pública porque Venezuela nunca ha sido un gran productor de oro. Apenas es un 0,4 % de nuestros ingresos. Es una estafa a la consciencia pública porque se va a destruir no solo el agua ni el 12 % del territorio nacional, sino que se afectaría casi el 40 % del país porque esa minería se extendería a todo el estado Bolívar, a Amazonas, a gran parte del Delta. El Arco Minero es la destrucción de la República.
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