El colapso que vive Venezuela rebasa el análisis cambiario, los operativos del Sundde, las estructuras de costos y los problemas de PDVSA. En el país ha fracasado algo más que un modelo de desarrollo. La crisis venezolana toca todos los órdenes y es un tema de estado.
Lo más protuberante de la circunstancia actual es que la arquitectura de gobierno del país, el mapa del poder nacional, se vino abajo por completo. Los modales impuestos por Chávez y Maduro, los gestos culturales revolucionarios, han producido un enorme desorden, que han horadado los modales individuales y el horizonte moral del ciudadano. La corrupción de estos años convirtió en un estiércol casi todos los arreglos económicos cotidianos promovidos por el Estado. Se compran compulsivamente armas que pasan a manos del hampa. Casi no hay hueso sano en la estructura administrativa del gobierno bolivariano. Aquel es el universo de la ausencia de criterios; de las estructuras paralelas y los intereses creados.
El colapso del gobierno en Venezuela toca también a las Gobernaciones y las Alcaldías. La descentralización y federalización de la gestión del estado, que está consagrada en la Constitución Nacional, también ha sido vulnerada por completo. Como el gobierno no considera la alternabilidad política un valor compartido, no respeta resultados, no sabe atenerse y opera de forma desesperada por desbaratarle la gestión a un dirigente opositor que se pueda convertir en un problema de poder. Ha fracasado la centralización, la unión cívico militar, la burocratización, la corporativización. Hoy, bajo el mando de Maduro, el estado venezolano no le puede garantizar nada a sus ciudadanos. Ni siquiera la existencia oportuna de medicinas para niños y adultos.
Si en 1999 estuvo justificada una Asamblea Nacional Constituyente, en este momento, en términos técnicos, independientemente de su pertinencia o viabilidad inmediata, pues muchísimo más. La República venezolana está camino a disolverse. Los venezolanos necesitan restaurar la incumbencia de la población en lo tocante a los manejos y los destinos del Estado. El Poder Constituyente originario está en este momento usurpado por el Tribunal Supremo de Justicia, poder público en este momento terriblemente desprestigiado entre la población, como también lo están las Fuerzas Armadas.
Un acuerdo político de amplio espectro en torno a aspectos mínimos de gobernabilidad sería perfectamente posible en un escenario de transición, si la población consiguiera desahogar su frustración votando. Estamos maduros para un mandato popular claro en la dirección opuesta a la actual. Un escenario de consulta limpiaría y estabilizaría el panorama político.
Lo que demandan las circunstancias, lo que le espera a 2017, es una sostenida pelea por obtener cronogramas electorales, totales o parciales. Para comenzar, por supuesto, las elecciones de Gobernadores, sin descastar alguna solución política impensada que aparezca en el trayecto. No habrá posibilidad alguna de salir de este marasmo hasta que no quede restaurada la soberanía popular.
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