En medio de las polémicas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pone la lupa en Venezuela, Irán y Siria

Bashar al Assad, Nicolás Maduro y Hassan Rohani, presidentes de Siria, Venezuela e Irán

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, nacido en 2006. Su misión es promover los derechos humanos en el mundo. Para ello, su principal herramienta es el mecanismo de examen periódico universal. Cada uno de los 192 países miembros de la ONU debe recibir a una comisión de expertos para que realice una revisión sobre las condiciones de vida de la población.

En la inauguración de la 33ª Sesión del CDH, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, condenó en duros términos a los gobiernos que obstaculizan esas revisiones, impidiendo que se sepa el verdadero cuadro de situación en sus territorios. "Hay un modelo que está emergiendo y es el rechazo de un número creciente de Estados miembros a dar acceso a los enviados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país en general o a determinadas regiones", señaló.

Algunos de los países que están en ese grupo son Turquía, Corea del Norte, Irán, Siria, China y Venezuela. Al Hussein criticó especialmente a este último, que desde hace dos años se niega a darle la visa al representante regional del Alto Comisionado: "Ese rechazo total es especialmente deplorable a la luz de la profunda crisis que atraviesa el país gobernado por Nicolás Maduro".

Además denunció "la represión de la oposición y de los grupos de la sociedad civil, los arrestos arbitrarios, el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, la erosión de la independencia de las instituciones y el Estado de derecho, el dramático declive de los derechos económicos y sociales, con una hambruna cada vez más generalizada y un deteriorado sistema de salud pública".

Lo paradójico es que Venezuela es uno de los 47 países que actualmente tienen representación en el CDH. De modo que boicotea el funcionamiento de un organismo del que es miembro activo.

Increíblemente, Mariana Oliveros, directora del Despacho de Defensa Pública de Venezuela, presentó el pasado 22 de septiembre ante la CDH los "avances y logros en materia de acceso a la justicia, derecho a la defensa y resguardo de los Derechos Humanos del pueblo venezolano". La funcionaria chavista se jactó de que entre 2015 y el primer semestre de 2016 su dependencia asumió la representación legal de 22.709 personas sin recursos, acusadas de cometer distintos delitos penales. No aclaró si entre los defendidos se encuentra alguno de los presos políticos que hay en el país.

Un organismo con una composición polémica

La membresía al CDH dura tres años, con la posibilidad de una reelección consecutiva. Las naciones interesadas en participar presentan su candidatura, y para ingresar deben ser votadas por mayoría en la Asamblea General de la ONU. Hay 13 plazas reservadas para África, 13 para Asia y el Pacífico, 8 para América Latina y el Caribe, 7 para Europa occidental y otros, y 6 para Europa oriental.

Teóricamente, no se admite el ingreso de cualquiera que lo solicita, sino que los aspirantes deben mostrar ciertas credenciales de cumplimiento y promoción de los derechos humanos. Esto no es lo que ocurre, y Venezuela no es el único ejemplo. Hay casos tan o más insólitos, como China, Arabia Saudita, Rusia o Cuba, que son miembros a pesar de que sus respectivos gobiernos violan de forma sistemática y documentada derechos fundamentales de sus ciudadanos.

Las consecuencia de esta brutal contradicción es evidente: en gran parte de sus resoluciones, el CDH no se mueve según criterios objetivos, sino por pura conveniencia política. Esto se vio muy claramente el 19 de septiembre, cuando la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria presentó su último informe.

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