Según Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, el pran que manda en la llamada también cárcel de San Juan de los Morros, situada en la capital del estado Guárico, habría ordenado el secuestro de un grupo de funcionarios -42, para ser precisos- que prestaban servicio en esa prisión, para luego exigir el traslado de más presos a la misma, pues los ingresos que le genera la "causa" habían disminuido. Al parecer, y como le pasa a todos los venezolanos, la inflación está afectando también el nivel de vida de este pran.
Para los que lo ignoran, la "causa" es el pago que debe hacer cada preso para sobrevivir, con ciertas garantías, dentro de las prisiones venezolanas.
Es decir, que en esta irregular situación el Gobierno se hace cómplice del delito de extorsión.
Los hechos ocurrieron el 1 de agosto y el secuestro masivo se resolvió luego de que el Gobierno trasladara a más de 2000 presos a ese recinto. Extrañamente, las negociaciones no las llevó adelante la ministra Varela, sino el viceministro de Asuntos para la Paz, José Vicente Rangel Ávalos, el "genio" que creó las zonas de paz, donde no entra la policía y el hampa manda con total impunidad, aunque esto último pasa en casi todas las calles de Venezuela.
Quien tuvo que tomar la decisión de dejar por fuera de esta negociación a la ministra Varela fue el presidente Maduro, pues es su único superior jerárquico.
No sabemos cuáles pudieron ser las razones para tal decisión. En todo caso, las aseveraciones recientes de la ministra según la cual los pranes no existían, quedan a partir de ahora desmentidas.
Otro hecho que demuestra su existencia es lo que ocurre en la cárcel de Tocorón.
Según denuncia el diario El Nacional, en dicha prisión se puede hacer un mercado completo aprovisionándose de todos los productos que escasean en los mercados del país. Para poder surtir a su clientela, algunos presos están coordinados con piratas de carretera quienes roban a los camiones en la Autopista Regional del Centro y llevan la mercancía a ese penal, explica la nota del diario, cuya reportera trató de obtener la versión del ministerio pero no recibió respuesta. Negocio redondo para algunos.
Vamos a estar claros: la impunidad y el desparpajo con los que actúan los autodenominados pranes no serían posibles sin la complicidad de altos funcionarios gubernamentales. Hace años se puso a correr la hipótesis de que al Gobierno le interesaba dejar actuar a los delincuentes para forzar la emigración de muchos venezolanos. Pareciera que dicha hipótesis no era tan descabellada.
Los expertos en materia de inseguridad aseguran que una parte importante de los delitos que se cometen en el país son generados desde las prisiones. Es vox populi que en algunas regiones, como Aragua, personas a las que les roban sus autos los recuperan previo pago de una buena cantidad de dinero negociado en la cárcel de Tocorón.
Todos sabemos que la inseguridad es uno de los más graves problemas que padece el país y el principal responsable es el gobierno nacional.
Han anunciado 22 planes de seguridad en estos 17 años, lo que da el promedio de más de uno anual y cada día estamos peor. Evidentemente no tienen la voluntad política para enfrentar el problema de la violencia criminal, o no saben cómo hacerlo.
Según la Constitución, en Venezuela existen cinco poderes. Creemos que no es cierto. Existen seis, aunque en realidad hay tres. La Asamblea Nacional, es uno de ellos, sin dudas. Pero los otros dos son el Ejecutivo y el pranato, y el segundo parece estarle ganando la guerra al primero y no hay sala del TSJ que salga en su "defensa".
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