Las políticas de control representan un negoción que ha prohijado intereses poderosísimos que no van a despedirse, de buenas a primeras, de semejante festín
La gente está acostumbrada a que los economistas analicen los impactos de los desequilibrios macroeconómicos sobre la inflación y los balances externos del país. En el caso de la Venezuela actual, un gasto público desbordado ha generado un déficit cercano al 20% del PIB en los últimos años que, junto a la "maquinita" del BCV, ha arrojado a la circulación una masa enorme de dinero sin respaldo.Ésta presiona sobre una oferta restringida de bienes y servicios, y un mercado de divisas limitado, para empujar sus precios al alza. Este desequilibrio entre oferta y demanda se agrava por la destrucción del aparato productivo doméstico en razón de las políticas de control de precios, regulaciones, penalizaciones y expropiaciones que ha instrumentado el régimen bolivariano, y ahora también por la disminución de las capacidades de importación a consecuencia de la caída en los precios internacionales del petróleo.
Lo que no suele airearse con igual frecuencia son las distorsiones que estos desequilibrios causan a nivel microeconómico, es decir, entre los agentes económicos individuales: usted y yo como consumidor, trabajador y/o empresario. Es obvio que la inflación hincha la estructura de costos de la producción y comercialización de bienes y servicios, y que el incremento en el precio del dólar surte el mismo efecto en todo lo que se importe o tenga un componente importado. Para que una empresa no quiebre, debe subir los precios de lo que vende para recuperar este incremento en sus costos. Y, a menos que las remuneraciones aumenten en igual proporción, los trabajadores y empleados se empobrecerán. Pero si estos incrementos salariales no se basan en mejoras en la productividad, lo que ocurrirá es un impulso mayor a la inflación, dejando atrás, fatalmente, a las remuneraciones. Se presenta un severo y cruel desequilibrio microeconómicoentre el costo creciente de los bienes y servicios que requiere una familia para vivir dignamente y los magros ingresos que ésta percibe.
¿Cómo ha respondido el gobierno "revolucionario" ante esta tragedia? Agravándola con el desabastecimiento. En vez de atacar las causas de la inflación –los desequilibrios macroeconómicos– le coloca una camisa de fuerza a los agentes individuales para que no puedan responder ante el problema. Como su política de acoso al sector privado merma la productividad, los salarios reales no aumentan sino que disminuyen, salvo para quienes ocupan altos cargos en el Estado. Para compensar por este deterioro, el Ejecutivo les impone a productores y comerciantes precios que no guardan relación con sus costos, para hacer que los bienes y servicios que venden sean "accesibles" al pueblo. Asimismo, los obliga a una serie de regulaciones y controles sobre el manejo de inventarios, "guías" de transporte y las relaciones laborales, que encarecen aun más sus actividades. El consecuente cierre de negocios, caída de la inversión y merma en la oferta interna de estos bienes y servicios pretende sustituirse, entonces, por su importación pública, sin pagar impuestos y aprovechándose de un dólar baratísimo pero escaso, sólo a disposición del oficialismo, para resguardar el consumo de la población. Pero el despilfarro de los petrodólares y la caída en los precios del crudo impiden suplir por esta vía las insuficiencias de oferta. De manera que, al lado de la reducción del empleo productivo y las presiones para mantener bajos los salarios para compensar los costos impuestos y poder competir con importaciones abaratadas, se une el desabastecimiento.
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