Carlos Armando Figueredo, profesor de la UCV y experto en derecho penal internacional, cree que hay un posibilidad cierta de que Colombia acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para acusar a todos los responsables de las deportaciones de sus connacionales desde Venezuela.
“El Estado colombiano está pensando en introducir la denuncia, no es sencillo hacerlo porque hay que preparar el expediente y acudir al Fiscal General, quien es el que decide si va a solicitar a la Corte que se abra el proceso, pero los colombianos son serios y muy adelantados en el plano jurisdiccional”, advierte.
El estatuto de Roma es el que rige a la Corte Penal Internacional y en él, según explica el experto, están tipificados todos los delitos de lesa humanidad que a su juicio “está clarísimo se están cometiendo en la frontera” entre los que enumera: tortura, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos y la deportación o traslado forzoso de la población.
“Todo lo cometido con los colombianos son delitos también aquí en Venezuela y hay uno muy importante que es el de la tortura; el año pasado se aprobó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y justo ahora se está incurriendo en estos tratos contra los colombianos en Táchira”.
Responsabilidades
El profesor universitario apunta que las responsabilidades en este caso recaerían de manera individualizada en todos y cada uno de los involucrados en las deportaciones. “Las personas que sean autores, cómplices, coautores o encubridores pueden ser llevados y enjuiciados en la Corte Penal de La Haya, desde el funcionario más alto hasta el más bajo”.
“Las fuerzas vinculadas en el caso de las deportaciones serían el presidente de la República, Nicolás Maduro, ministros, gobernador, oficiales, todos los que han intervenido en contra de los ciudadanos venezolanos violándoles sus derechos”, agrega Figueredo.
Recuerda además que son delitos que no prescriben jamás. “Cualquier Estado que sea parte del Estatuto de Roma puede acudir y solicitar la intervención del Fiscal General de la Corte. En este caso, puede hacerlo Colombia, que es un Estado parte, también podrían hacerlo personas desde Venezuela”, señala.
El requisito que hay para que se admita un caso es que no sea conocido en la jurisdicción interna con un caso parecido. “Si las personas ya están siendo juzgadas en el país habría que esperar que se agoten los recursos internos, es decir, si están acusados aquí no pueden ser juzgados allá, con la excepción, de que si en el juicio que se lleva en el país no es conducente, es inoperante o en la práctica no existe se puede llevar el caso”.
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