Destruyendo la ciudad - MARCO NEGRÓN

Aprovechar eficazmente el extraordinario potencial de esa metrópoli binacional es un reto que tienen planteado los dos países, pero en particular sus gobiernos, desde hace muchos años. En el pasado se hizo poco en esa dirección, pero lamentablemente las recientes acciones del gobierno venezolano en la zona van exactamente en la dirección contraria y están produciendo daños que tomará mucho tiempo revertir

Entre las cosas no mencionadas en la crisis causada por la injustificable decisión de cerrar la frontera tachirense, está algo tan importante como que el sistema urbano desarrollado entre la región metropolitana de San Crístóbal del lado venezolano y la de Cúcuta del colombiano cuenta hoy con unos 2 millones de habitantes. Repartidos casi paritariamente entre ambos lados, conforman la metrópoli binacional más importante y activa de América del Sur, un organismo urbano integrado como, para citar un ejemplo, el Área Metropolitana de Caracas, donde la población se desplaza cotidianamente entre municipios y entidades federales diferentes con total normalidad.

Fuerte de su condición binacional, su escala le otorga un potencial transformador excepcional que, sin embargo, se ha visto mediatizado por la resistencia a reconocer su carácter de organismo urbano integrado, en lo que ha influido, evidentemente, esa misma binacionalidad. Como dice el popular poema de Aníbal Nazoa, entre los dos pueblos «hay un punto y una raya»: si la binacionalidad es su virtud más destacada, también es su talón de Aquiles, pero desconcierta que ese parroquialismo asustadizo, temeroso no sólo del forastero sino también de cualquier «otro», auténtica semilla del fascismo, haya emergido con tan inusitada fuerza bajo un régimen que se autodenomina bolivariano y socialista a la vez.

Clásicamente estas ciudades binacionales han sido, es cierto, complejas y difíciles de manejar, influyendo en ello muchos factores además de su pertenencia a naciones diferentes. Entre ellos destaca la presencia de marcados desequilibrios económicos y sociales que propician actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de personas, pero es importante entender que, como demuestran la experiencia de la Unión Europea o de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, los mismos no se originan en la cuestión nacional sino en las disparidades de desarrollo.

El carácter de organismo urbano integrado de esa aglomeración eleva exponencialmente los daños causados por la insensata decisión del gobierno venezolano de declarar el estado de excepción en los municipios de la frontera y cerrar esta de manera indefinida. Una medida violatoria de elementales derechos humanos que se incrementará con sus efectos colaterales: los impactos negativos sobre la economía y la grave crisis de confianza que generará de un lado y del otro. La xenofobia, no hay duda, se retroalimenta y se devuelve como un bumerán: el discurso groseramente xenófobo de los gobernantes venezolanos ciertamente ofende a los colombianos, pero inevitablemente cobrará también víctimas venezolanas, en su mayoría inocentes. La desconfianza nunca ha sido el abono más recomendable para el florecimiento de las ciudades.

Aprovechar eficazmente el extraordinario potencial de esa metrópoli binacional es un reto que tienen planteado los dos países, pero en particular sus gobiernos, desde hace muchos años. En el pasado se hizo poco en esa dirección, pero lamentablemente las recientes acciones del gobierno venezolano en la zona van exactamente en la dirección contraria y están produciendo daños que tomará mucho tiempo revertir.

Una Venezuela nueva, verdaderamente democrática, basada en el trabajo, la creatividad y la cooperación, tendrá que reconocer el valor estratégico de esa singular metrópoli, que podría convertirse en emblema de la integración latinoamericana. Quizá eso contribuya a compensar los abusos incalificables que hoy, en nombre de nuestro país, cometen autoridades cuyo comportamiento las ha despojado de todo vestigio de legitimidad.