No puedo permitirme callar en el asunto de Ayotzinapa. Después de lo sucedido, nada debe volver a ser como antes. La humanidad no puede seguir alimentando el silencio que contribuye a soslayar y olvidar estas tragedias. Ese invisible muro de silencio que con tanta frecuencia se va construyendo después de la denuncia inicial de un hecho abominable.
Ese silencio que funciona, lamentablemente, como reemplazo de la verdad.
Al escapar del silencio, lo de Ayotzinapa se le escapó también al propio Estado mexicano. Este hecho local se ha transformado en un asunto de interés universal, desde que se evidenció la increíble complicidad entre servidores públicos y delincuentes. Hoy, por el efecto de las redes sociales, el mundo entero conoce lo ocurrido en Ayotzinapa. En todo el orbe se habla de lo ocurrido con los 43 estudiantes, y el mundo exige justicia.
Pero quizás no hemos comprendido aún la verdadera dimensión del hecho. Las desapariciones de personas en América Latina no son eventos raros. Baste mencionar Ciudad Juárez en México y se evocan los cientos de mujeres cuyo paradero aún se desconoce. A lo largo de muchas décadas, nuestro afligido continente, desde Centro hasta Suramérica, ha sufrido la desaparición de miles de personas secuestradas y jamás encontradas, ya fuera por motivos políticos o por actos delictivos. Pero las recientes desapariciones en Ayotzinapa, aunque semejantes en su condición de víctimas a las producidas en Latinoamérica, agregan una característica especial a la tragedia.
La historia de abusos de los derechos humanos en la mayor parte de América Latina fue resultado de la acción de dictaduras militares. En el caso de Ayotzinapa, de confirmarse la tesis hasta ahora manejada en los medios, los 43 ciudadanos fueron secuestrados y hechos desaparecer bajo un Estado de derecho. Esta diferencia es importantísima y nos obliga al análisis de esta amarga lección desde la perspectiva de un contexto más amplio.
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