La elevada politización del proceso, que podría utilizarse como un arma electoral, sería para esa fuente la razón para esperar hasta el invierno, pero activistas que abogan por la reforma inmigratoria rechazaron el aplazamiento que aseguran tiene un trasfondo político.
America's Voice, una de las organizaciones que abogan por el decreto, señaló en un comunicado que se encuentran "profundamente decepcionados con el Presidente y los Demócratas del Senado" y añaden que "cometieron el error al creerse sus promesas".
Cristina Jiménez de United We Dream, que agrupa a un sector de los "Soñadores" unos 580.000 jóvenes beneficiados por el programa de DACA o deportación diferida del Gobierno, reaccionó así: "La última promesa incumplida del presidente es otra bofetada a la cara de la comunidad latina e inmigrante". Y añadió: "Al esperar nueve semanas más se entiende que el Presidente se ha comprometido a deportar a más de 70.000 personas, más de 1.100 cada día, y continúa consolidando su legado como el Deportador-en-Jefe".
Según funcionarios del Gobierno la prioridad en deportaciones está ahora en quienes ingresaron por la frontera en la reciente oleada de migrantes y no en quienes tienen pendiente el proceso de deportación.

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