Fiscales federales y de la ciudad de Nueva York han abierto investigaciones preliminares a una compañía venezolana que fue uno de los principales constructores de plantas eléctricas durante el mandato del presidente Hugo Chávez, así como a una empresa estadounidense que jugó un papel clave en su éxito, dijeron fuentes al tanto.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la oficina del fiscal del distrito de Manhattan investigan a Derwick Associates, una empresa venezolana que recibió contratos por cientos de millones de dólares en poco más de un año para construir plantas eléctricas en Venezuela, poco después de que la red del país empezó a fallar en 2009, dijeron fuentes al tanto.
ProEnergy Services, una empresa de ingeniería, abastecimiento y construcción en Sedalia, estado de Missouri, que vendió decenas de turbinas a Derwick y ayudó a construir las plantas, también está bajo investigación, dijeron estas personas.
Las pesquisas están en sus fases iniciales, dijeron las personas, y es posible que ambas se cierren sin que se presenten cargos penales.
"Ni Derwick ni sus ejecutivos han sido contactados por ninguna agencia de EE.UU.", dijo Alejandro Betancourt, presidente de Derwick, en un comunicado provisto por su abogado, Adam Kaufmann. "Por eso dudamos que Derwick sea el blanco de una investigación abierta. En caso de que seamos contactados por una agencia del orden, cooperaremos totalmente. Somos una empresa transparente y no tenemos nada que ocultar".
Un representante de ProEnergy se abstuvo de hacer comentarios sobre cualquier investigación y dijo que la compañía "estaba comprometida a hacer negocios que respetan todas las leyes aplicables y a cooperar totalmente con investigaciones regulatorias y legales".
Los fiscales de Manhattan investigan a Derwick y ProEnergy por posibles violaciones de la ley bancaria de Nueva York, dijeron fuentes al tanto.
Por su parte, los fiscales de la sección de fraude penal del Departamento de Justicia están revisando las acciones de Derwick y ProEnergy por posibles violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que prohíbe ofrecer a autoridades extranjeras pagos impropios a cambio de ventajas empresariales, dijeron personas familiarizadas con el caso.
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