Desde fines de los años 90 hasta la fecha muchos gobernantes en América Latina han ido elaborando un modelo político cuyo objetivo final es permanecer ilimitadamente en el poder. Si bien utilizan la palabra “democracia” como bandera y el voto popular para llegar al gobierno, una vez elegidos, reforman sus Constituciones y destruyen sus sistemas judiciales para controlarlos. El control de estos gobiernos sobre el sistema judicial es quizás la pieza clave que necesitan para perpetuarse en el poder. Controlando la justicia pueden silenciar a la prensa, ocultar la corrupción y perseguir a la oposición. Quizás uno de los casos más representativos es el Ecuatoriano.
El 21 de Septiembre pasado, durante una cadena nacional, el presidente de Ecuador Rafael Correa rompió en vivo ejemplares de los diarios El Comercio, La Hora y Hoy, y les advirtió que de acuerdo a la nueva ley de comunicaciones, ellos están obligados a “publicar noticias de interés público”. Durante el mismo programa, continuó atacando y descalificando a cada uno de los columnistas que en esa semana habían publicado críticas en su contra, obligándolos a rectificarse. De no rectificarse, Correa hará lo que ya ha hecho reiteradamente en el pasado: amenazar a los medios con quitar pauta oficial, o abrir investigaciones contra los propios auspiciantes de estos medios hasta que el periódico se rectifique o el periodista que escribió la columna sea despedido. Y si esto no funciona, Correa perseguirá judicialmente a estos medios, imponiéndoles sanciones millonarias.
Durante el mes de Junio, diferentes medios publicaron noticias sobre una presunta mega operación de lavado de dinero entre Venezuela y Ecuador a través del sistema monetario conocido como “SUCRE” (Sistema Único de Compensación Regional). Producto de dichas publicaciones, la fiscalía ecuatoriana abrió una investigación sobre 4 empresas involucradas en el lavado. Sin embargo, la investigación sobre una de ellas llamada “Fondo Global” nunca prosperó, presuntamente por los lazos de sus propietarios con funcionarios de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Al día de hoy no hay indicios que la justicia proceda a fondo con estos casos. Las operaciones de lavado de dinero y exportaciones ficticias entre ambos países continúan.
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