Al hacer la afirmación el Dr. Rafael Simón Jiménez, quien dirige la organización "La Constitución es el camino", indica que el gobierno pretende de esa forma que no sean tomadas en cuenta las violaciones a los Derechos Humanos de los venezolanos.
Sencillamente, el gobierno quiere librarse de cualquier escrutinio internacional-sentencia.
La decisión de abandonar la Corte fue tomada por Hugo Chávez, explica, porque el Estado había incurrido en serias violaciones y la Corte lo había obligado a cumplir las sanciones aplicadas.
Nicolás Maduro, fiel a la forma de pensar de su predecesor, no hizo nada para evitar que continuara la denuncia al mencionado organismo y ya vemos lo que está pasando.
Medidas con preferencia
-¿Se violenta la Constitución?
-Evidentemente. La Constitución venezolana de 1999, aprobada por la mayoría que tuvo el presidente de la República en la Asamblea Nacional, estableció que la decisión de los organismos internacionales, como la mencionada instancia, tenía carácter de aplicación directa y preferente en la jurisdicción interna; es decir, que todas las decisiones de la Corte tenían que ser acatadas obligatoriamente.
De igual forma al tener preferencia en el orden interno no se necesitaba de ningún requisito para su ejecución en la República.
-¿Por qué el gobierno de Chávez decidió descaradamente violentar la Constitución al separarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
-La decisión la toma cuando se comienzan a producir algunas decisiones, que evidentemente, no satisfacen al gobierno.
Sanciones contra Venezuela
-¿Cuántas decisiones se han producido contra Venezuela?
-Catorce sentencias, ninguna de las cuales ha sido cumplida. En esas decisiones se obliga al Estado venezolano a determinadas prestaciones o conductas, pero el Estado se ha negado reiteradamente a cumplir.
-¿Cuál es el caso de mayor relevancia?
-La reincorporación de los magistrados destituidos de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo:
Perkin Rocha, Juan Carlos Apitz y María Elena Ruggiero. A partir de allí el Estado venezolano se negó a cumplir todas las decisiones que se han producido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede está en San José de Costa Rica
Escrito por Pacífico Sánchez Ilustración: Archivo / Él Impulso
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