Cincuenta denuncias en contra de Gian Carlo Di Martino se consignaron en cuatro órganos de investigación. Siete años cumplen sin respuesta los expedientes en contra del exalcalde por las irregularidades con empresas de recolección.
Son 50 denuncias por corrupción acobijadas por telarañas en la sede de la Fiscalía de la República. Hay dos expedientes, entre ellos, que resumen las destituciones anticipadas de las empresas contratadas para la recolección y traslado de desechos sólidos, las irregularidades en el proceso, y las ventas ilícitas registradas en el Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imáu) durante los últimos meses de gestión del exalcalde Gian Carlos Di Martino.
Las negociaciones fraudulentas que hundieron a Maracaibo en el caos sanitario en 2008, y pese a los esfuerzos, aún repercuten en el servicio como una sombra que nunca lo abandona, pasaron a la historia con impunidad. Concejales y diputados del municipio consignaron en cuatro órganos de investigación las denuncias en contra de las decisiones del exmandatario con elementos probatorios que nunca alcanzaron una fase más avanzada que la de “en proceso de investigación”.
Juan Pablo Guanipa y Ada Raffalli, concejales de Maracaibo, el miércoles 29 de octubre de 2008 introdujeron en la Fiscalía General de la República las pruebas sobre la presunta corrupción en las que incurrió Di Martino con la adjudicación de licitaciones a operadoras para la recolección de desechos sólidos.
El primer caso, por rescindir los contratos de las operadoras Sabenpe, Sibansa y Revisalud, y producir un daño patrimonial al municipio de más de 48 millones de bolívares que debió asumir por indemnizaciones, un 10 por ciento del presupuesto. El segundo, precisó Raffalli, incluía la acusación por la contratación de otra empresa denominada Serinsolca destinada a ofrecer asesoría a Revisalud para que resultara favorecida en la licitación y oferta pública del Imáu el 17 de junio de 2005.
Serinsolca, recordó, recibía cuatro mil 500 bolívares de la compañía panameña por cada tonelada de basura que ingresaba al relleno sanitario. Al considerar que el contrato de Revisalud duró un año y el municipio producía diario dos mil 500 toneladas de desechos sólidos, se concluyó que la Alcaldía de Maracaibo le canceló a la empresa asesora cuatro mil millones de bolívares. Se presumía, además, que existía una relación familiar y/o personal de Di Martino con los accionistas mayoritarios de la empresa: Marlenis Margarita Oliva de Machado y Ángel Daniel Fernández.
Acusaciones guardadas
La denuncia completa reposó en la Contraloría Municipal desde agosto de 2006; dos años más tarde, llegó a la Contraloría General de la República el 8 de abril; y se remitió a la Fiscalía del Ministerio Público bajo la responsabilidad del fiscal Manuel Núñez. El Consejo Legislativo del Zulia consignó el 7 mayo los argumentos a la Fiscalía Superior del Estado y no fue hasta finales de mes que se designó al fiscal 26.º para la evaluación.
La segunda consignación, introducida en la Fiscalía Nacional en marzo de 2009, incluyó la venta ilícita de parte de la Alcaldía de 89 camiones de basura como chatarra a Gustavo Bracho, unidades canceladas con dos cheques sin fondos que la municipalidad nunca reclamó.
Ambas denuncias, destacó Raffalli, suponen una violación de la Ley de Licitaciones y la de Contraloría -contempladas como faltas en la Ley contra la Corrupción- y sancionadas según el Código Penal con dos y seis años de prisión.
La segunda consignación, introducida en la Fiscalía Nacional en marzo de 2009, incluyó la venta ilícita de parte de la Alcaldía de 89 camiones de basura como chatarra a Gustavo Bracho, unidades canceladas con dos cheques sin fondos que la municipalidad nunca reclamó.
Ambas denuncias, destacó Raffalli, suponen una violación de la Ley de Licitaciones y la de Contraloría -contempladas como faltas en la Ley contra la Corrupción- y sancionadas según el Código Penal con dos y seis años de prisión.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario