Luego de acuerdos y negociaciones salariales con autoridades ministeriales, el mes pasado los empleados y obreros cesaron sus protestas. En estos momentos son los estudiantes y profesores quienes se mantienen al frente de exigencias para el sector universitario.
Para entender este conflicto es importante caracterizarlo en dos niveles: a) el reivindicativo y salarial, referido al pago de deudas, presupuesto y contratación colectiva, y b) el político, referido a la autonomía universitaria y a la no intervención estatal. Cada nivel requiere obviamente estrategias de exigencias propias en relación al fondo del problema. Una caracterización con poca claridad pudo, y puede, cerrar las salidas al conflicto.
El Gobierno ha podido resolver esta crisis desde hace mucho tiempo: un porcentaje mínimo de la renta petrolera es suficiente para asumir todas las demandas presupuestarias y de salario. Entonces el punto álgido, para el Gobierno, no es el reivindicativo o salarial, es el político.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que una posible estrategia mal llevada por parte de los universitarios también podría ser un factor clave en el ahondamiento del conflicto. No hay duda en la legitimidad y lucha de los profesores y estudiantes. Solo habría que preguntarse si han planteado acciones de exigibilidad enfocadas con cada nivel. No es lo mismo exigir aumento de sueldo que exigir autonomía, aunque ambos aspectos tengan elementos en común. Y el Gobierno, que en este caso representa al estado y es al mismo tiempo patrón, lo sabe.
En la medida en que no se promuevan espacios para el dialogo y negociación el conflicto puede seguir radicalizándose. Hasta el momento los manifestantes se han mantenido en términos pacíficos. Lo máximo que han hecho es exponer sus propias vidas con huelgas de hambre o cosiéndose la boca. Y mientras el Gobierno no dé una respuesta efectiva los universitarios seguirán en las calles manifestando, haciendo concentraciones y cerrando vías.
Con los universitarios en la calle el Estado venezolano tiene la obligación constitucional de respetar el derecho a la manifestación pacífica y resguardar la vida de manifestantes y terceros. Y tiene igualmente la obligación de respetar el derecho a la protesta y ala huelga. El gobierno debe establecer los mecanismos de seguridad pública para que terceros no atenten contra manifestantes, o no permitir que intervengan en la dispersión y represión de manifestaciones grupos parapoliciales, tal como ocurrió en días pasados cuando civiles armados atacaron a estudian
Fuente: "El Gobierno y las protestas" MARCO A. PONCE - MIKEL LAS HERAS (15/07/2013)
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