BATALLAS GANADAS

Manuel Rachadell, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), reclama que el documento discutido en el ministerio "nace teñido de ilegitimidad, pues no fue discutida ni aprobada por la representación legítima de las partes: los patronos, las autoridades universitarias en las Universidades autónomas y por los profesores, representados por la Fapuv".

Sin embargo, después de las alarmas que dieron los profesionales de las aulas, se logró eliminar cláusulas que obligaban a establecer la ética socialista como parte del Plan Nacional Simón Bolívar 2013-2014.

También se modificó otro aspecto "escandaloso" que contenía la normativa como el voto igualitario (1x1), donde no se respetaba las normas de las universidades a elaborar su propia forma de elegir el gobierno y cogobierno. El trabajo voluntario, la intromisión de los consejos comunales para aprobar los ascensos, así como la "solidaridad social de los trabajadores con los pueblos" también fueron vetadas.

Sobre la cláusula del voto paritario, se eliminó la propuesta inicial que permitía el derecho al voto a todos los trabajadores universitarios en igualdad de condiciones para la elección de las distintas autoridades. Se obligaba a reconocer y garantizar la representación de los trabajadores universitarios en los organismos de cogobierno y dirección de las instituciones de educación universitaria.

En las mesas de negociación entre el ministerio y representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Profesores de Educación Superior (Fenasinpres) terminaron por eliminar la cláusula 22 del proyecto de la Convención Colectiva presentada, sobre el régimen especial de previsión social y atención en salud, hospitalización, cirugía y maternidad que abarcaba una póliza de 100 mil bolívares. Finalmente quedó definido ­en la Cláusula 44­ un seguro de vida por accidentes personales y gastos funerarios exclusivamente para los trabajadores activos, contratados jubilados y pensionados por un monto máximo de 50 mil bolívar; desmejorando la idea inicial que planteaba una cobertura total del monto generado por cualquier incidente. Además del Pago del Instituto de Previsión Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme).

La discusión permitió eliminar también los programas para el desarrollo político-social de los trabajadores universitarios. El empleador se comprometía a aportar los recursos económicos, espacios físicos y permisos, que permitan la realización de actividades conexas orientadas a fortalecer la formación, capacitación, adiestra- miento y desarrollo de los trabajadores universitarios a través de jornadas, congresos, talleres o foros con base a las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 y las directrices que enmarcan las misiones que implementa el ejecutivo nacional.

Rachadell advierte que pese a los desacuerdos en algunas de las nuevas cláusulas, los profesores pueden percibir los incrementos nominales al sueldo y beneficios adicionales, sin renunciar al derecho de pedir que se restituyan las normas de homologación: "ello no significa aceptación ni acatamiento de cláusulas inconstitucionales e ilegales contenidas en la Convención Colectiva", pues considera que las universidades autónomas están "obligadas" a inaplicar los aspectos que consideren violatorios a la Carta Magna.

Fuente: "La batalla de las universidades"  ANA MARÍA LÓPEZ (15/07/2013) http://www.talcualdigital.com/index.html