Parlamentarios demandan que se cancelen los 50 mil millones de bolívares que se le deben a las regiones
Gobernador del Zulia insiste en que no cuenta con los recursos para cancelar aumento salarial
Hace once años el Ejecutivo debió promulgar una Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal, que permitiera a las regiones administrar directamente los recursos que ingresan por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Esta norma fue vetada y engavetada por el presidente Hugo Chávez en 2004 y la bancada oficialista de la Asamblea Nacional (AN) se opone a discutirla.
Williams Dávila, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la AN, y Verónica Barboza, presidenta de la Comisión de Finanzas del Consejo Legislativo del estado Miranda, exigieron este jueves que se discuta la Ley y recordaron que esta solicitud fue presentada hace un año por los Consejos Legislativos de Zulia y Miranda.
Según los registros de Dávila, en lo que va de año 30% del presupuesto está en créditos adicionales y, "por el camino que vamos superaremos la cifra del año pasado cuando el monto de asignaciones adicionales fue mayor que el del presupuesto".
REPARTEN MAL LA COCHINA Dávila impugna la política financiera discrecional del presidente Chávez que, dependiendo de las fluctuaciones del precio del barril de petróleo, autoriza o solicita recursos extraordinarios para que el Parlamento los apruebe a su antojo.
"La Ley de Hacienda Pública Estadal es necesaria para que los mismos estados tengan la capacidad económica de darle respuesta inmediata a las solicitudes que exigen en las regiones. Actualmente para resolver todos los inconvenientes que se presentan lo hacen vía créditos adicionales, pero estos nunca van en sintonía con la urgencia de los problemas", explicó el parlamentario adeco.
El diputado señaló que gracias a las políticas económicas que se mantienen en el país actualmente la deuda del Ejecutivo con las regiones, en materia de situado constitucional, está llegando a los 50 mil millones de bolívares.
Verónica Barboza insistió en que la Ley de Hacienda lograría una distribución más real de los recursos. Asegura que solo en 2008 por situado constitucional, Miranda obtuvo 3.270 millones de bolívares, pero en 2012 "ni siquiera han podido alcanzar esa cifra".
Sostuvo que el ensañamiento del Gobierno con las regiones solo afecta a los ciudadanos, porque los gobernadores tienen las manos atadas para aplicar gestiones que beneficien a los estados.
"Queremos denunciar que el Gobierno ha hablado tanto del Poder Popular, que no es más que un engaño popular, porque los Consejos Comunales tienen que venir desde el interior del país solicitar los recursos", manifestó Barboza.
SIN PLATA NO HAY ACCIONES Williams Dávila se solidarizó con las declaraciones del gobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, quien aseguró que no cuenta con los recursos para pagar el aumento de sueldo de los trabajadores.
El primer mandatario zuliano informó que recibió más de 400 solicitudes de adelanto de prestaciones sociales de los trabajadores cuando se decía que los Fondos Públicos serían manejados por el gobierno central. "Creo que escucharon lo que veníamos manifestando, ahora es optativo que los fondos los maneje el Gobierno y no obligarán a los empleados que dependan de algún ente descentralizado a que sea el Ejecutivo quien pague las prestaciones sociales", indicó el mandatario regional.
Pérez destacó que han cancelado las prestaciones de los egresados de la gobernación hasta 2010. "Vamos al día con los trabajadores, pero sin dinero cómo respondemos al cumplimiento del contrato colectivo", se preguntó. JESENIA FREITEZ GUEDEZ / Tal Cual
