La AN, siguiendo las órdenes del "amo del poder", ha engavetado la ley y nadie se atreve ni a mencionarla
Los gobernadores de oposición y el alcalde del área metropolitana de Caracas, decidieron en San Cristóbal, "promover, con el Pueblo venezolano, un proyecto de ley orgánica de Hacienda Pública Estadal, el cual será presentado ante la AN, por vía de la iniciativa popular". Esta ley no es ningún invento de la oposición para oponerse al régimen: es un mandato de la Constitución, consagrado en el numeral 6 de la disposición transitoria cuarta. Allí se contempla, que en el primer año de gestión de la AN, deberá sancionarse y promulgarse, "Una ley que desarrolle la hacienda pública estadal estableciendo, con apego a los principios y normas de esta Constitución, los tributos que la compongan, los mecanismos de su aplicación y las disposiciones que la regulen". En la primera etapa de este régimen (2000-2006), cuando todavía no se había quitado la careta, la Asamblea Nacional admitió, aunque con retraso, en marzo de 2001 dos proyectos de leyes sobre esta materia. La ley finalmente se sancionó tres años después, en marzo de 2004. Inmediatamente el Presidente ordenó se levantara la sanción al instrumento legal, haciendo objeciones, la mayoría fácilmente subsanables. A partir de ese momento, la AN, siguiendo las órdenes del "amo del poder", ha engavetado la ley y nadie se atreve ni a mencionarla. El mandato constitucional poco les importa. En vano se ha intentado ante la Sala Constitucional el recurso de omisión legislativa (art 336, ordinal 7), que en cualquier estado de derecho serio, hubiera procedido, ordenándole al poder legislativo un plazo y los lineamientos mínimos para garantizar el cumplimiento de la ley fundamental. Pero, ¿Qué ha sucedido después de 2006? Que el régimen, al margen de la Constitución, está empeñado en imponernos un estado comunal, en medio de la más descarada centralización fiscal. Cada vez los estados y municipios dependen más de las arbitrariedades del "amo del poder". En ese marco, y en vísperas de grandes cambios a partir del 2012, a los gobernadores no les ha quedado otro camino que "promover con el pueblo venezolano", lo que el régimen ha negado hasta ahora: la posibilidad de tener unas haciendas públicas en cada estado, con nuevos ingresos tributarios, complementarios al Situado Constitucional y al Fondo de Compensación Interterritorial, manejado arbitraria y políticamente. Solo así los estados podrán hacer realidad la autonomía que la Constitución les consagra. Continuaremos. La Verdad.com
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